El reo fue sentenciado el 30 de Diciembre de 2012

Que se levante el reo para oír su sentencia, declaró el juez, mirándolo fijamente.

El reo apenas pudo levantarse, ayudado por los guardias.

Y el  juez comenzó su sentencia:

“Pocas veces me ha tocado pasar sentencia a una actuación que incluya tantos graves crímenes, llevados a cabo durante un período de tiempo tan extenso. La naturaleza difusa de algunos de esos crímenes y la posición de poder político que el reo ocupó durante casi 15 años hizo imposible que se hiciera oportuna justicia. Gracias a su prodigalidad con el dinero de la Nación, ya de por sí uno de sus peores crímenes, el reo  pudo colocar todas las instituciones del Estado  bajo su control, inhibiendo la acción profiláctica que las policías, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano pudieran y debieran haber llevado a cabo.

En 1992 el reo llevó a cabo un golpe armado en contra del gobierno democráticamente elegido. A pesar de fracasar debido a su incompetencia y cobardía, el golpe lo revistió de una aureola romántica, reforzada por la  conducta celestina del gobierno de la época y de los llamados líderes democráticos, casi todos quienes pidieron al gobierno su perdón y la salida del reo de la prisión. Por ello, nunca llegó a oír cargos, los cuales hubieran sido suficientes para mantenerlo en prisión por un largo período de tiempo. De haber ocurrido esto, ciertamente otra hubiera sido la historia de nuestro país. Esa lasitud de la justicia y la admiración perversa que el pueblo venezolano ha sentido tradicionalmente por el hombre fuerte llevó al reo a la presidencia del país, algo que el reo hubiera deseado obtener por las vías más expeditas de las armas. Por ello, ese triunfo dentro del sistema democrático fue seguido por una serie de medidas arbitrarias, solo posibles en un entorno de cobardía ciudadana, las cuales desmontaron en el breve período de un año todas las instituciones democráticas del país.

Este primer gran crimen tuvo muchos cómplices por comisión y omisión, muchos de quienes hoy se muestran como decididos adversarios del sistema que el reo logró implantar. La escasa visión y complacencia de estos venezolanos los coloca en el plano de co-responsables del desastre y, aunque no son enjuiciables por nuestras instituciones, si lo serán por el juicio de las generaciones que han de venir.

 A los escasos meses de su presidencia, en carta al Tribunal Supremo de Justicia, la cual ha sido presentada como prueba en este juicio, el reo ya se atribuía la “conducción exclusiva de los asuntos del Estado”,  pretensión criminal que nunca fue objeto de decidido rechazo por los funcionarios de la época.  Ese mismo año se llevó a cabo el despido de los jueces de la Nación y su reemplazo por dóciles  jueces provisionales, situación absurda que afecta aún hoy la credibilidad del Sistema Judicial. De igual manera se disolvió el Congreso, representación del Poder Legislativo democráticamente elegido en comicios paralelos a los comicios presidenciales de 1998.

Una vez controlados los principales poderes públicos el reo dirigió su atención a la principal industria del país, la petrolera. Por su propia admisión nombró a un incompetente a la presidencia de la empresa, a fin de promover la protesta de los gerentes de la industria y tener la excusa que hizo posible el despido de 20.000 empleados de la empresa que representaban su activo más valioso. Al controlar la empresa políticamente, el reo la convirtió en una empresa “social”, con esencial abandono de su actividad medular de producir y vender eficientemente petróleo y sus productos, para involucrarse en tareas agrícolas y de distribución de alimentos que les eran ajenas, actividades que han dado origen a altos niveles de corrupción. Hoy en día, según opinión de calificados expertos, la empresa petrolera es irrecuperable, está trágicamente endeudada y sus índices de producción están muy por debajo de lo que el reo encontró al llegar a la presidencia. La empresa ha caído hoy en manos de los financistas de China, quienes exigen el pago de su financiamiento en petróleo a futuro, en base a transacciones de dudosa legalidad.

Como lo ha atestiguado el ex-ministro de Finanzas y de Planificación Jorge Giordani durante este juicio, las dos terceras partes del inmenso ingreso nacional durante los 15 años de la presidencia del reo, unos $800.000 millones de dólares, han sido utilizados en lo que el ex-Ministro llama la “distribución de la renta petrolera” entre la población de escasos recursos, un acto definido por el ex-Ministro como “el gran logro de la presidencia” del reo.  Este tribunal encuentra que tal acto ha sido todo lo opuesto. Después de una política de subsidios y dádivas que ha llegado a consumir las dos terceras partes del ingreso nacional, la población venezolana no se encuentra hoy mejor que en 1998. Al contrario, los pobres son aún pobres y más dependientes que nunca del Estado paternalista, mientras que la clase media, trágicamente olvidada, está a punto de desaparecer.  Este tribunal puede aceptar que, al principio, el reo haya estado animado de buenos propósitos pero considera que era imposible no darse cuenta de que esta política estaba conduciendo al despilfarro y a la corrupción. La incapacidad del reo de rectificar su rumbo suicida ha convencido al tribunal de que la verdadera motivación de la gran repartición no era la lucha contra la pobreza sino la consolidación de su poder político. Y este ha sido un crimen que el tribunal encuentra abundantemente documentado y de extrema gravedad.

El traspaso de una gran riqueza venezolana a países ideológicamente aliados del régimen del reo representa otro crimen gigantesco en contra del país. A los países del ALBA y de PetroCaribe, especialmente a Cuba, el reo hizo transferir, según estimados de calificados analistas venezolanos que han sido presentados a este tribunal, una suma del orden de los $60.000 millones, dinero que ya nunca regresará al país.

El Control de Cambios impuesto por el reo para controlar el movimiento de divisas del sector económico privado, sector al cual prácticamente destruyó, ha generado un nivel de corrupción como nunca antes se había visto en Venezuela. Los testimonios del ex-Ministro Giordani y de la ex-presidente del Banco Central, E. Betancourt, indican que no menos de $25.000 millones fueron entregados por funcionarios corruptos del régimen a cómplices del sector privado, con quienes los funcionarios repartían las escandalosas ganancias.  El control de cambios, según admisión de testigos  como A. Istúriz, nunca fue una medida financiera necesaria sino una medida política, diseñada para la consolidación del reo en el poder. Esto fue admitido jocosamente por el testigo Istúriz, cuando dijo ante este tribunal: “Si la suspendemos nos tumban”.

El nivel de corrupción generado en Venezuela por las políticas del reo ha sido el mayor de nuestra historia. Así como las dos terceras partes del ingreso nacional se han dilapidado y han sido parcialmente objeto de corrupción, así la otra tercera parte, unos $400.000 millones, ha ido en gran medida a los bolsillos de los llamados boliburgueses, a los funcionarios públicos, contratistas y banqueros amigos, un grupo de unas 800 a 1000 personas del entorno íntimo del reo, incluyendo compañeros del golpe de 1992, cómplices de ocasión  y nuevos aliados de la llamada aristocracia venezolana, con apellidos que pretenden ser ilustres pero que se revuelcan en el mismo pantano de los militares que han violado su juramento y del grupo de parásitos políticos que viven en la opulencia mientras predican el socialismo. 

Este Tribunal pide excusas a los aquí presentes por el tono severo de sus palabras pero es imposible no sentirse indignados ante el cúmulo de crímenes que el reo ha permitido y/o promovido en su paso por la presidencia del país.

Terminamos nuestra exposición preliminar a la sentencia con lo que ha sido el crimen de corrupción personal y familiar del reo, quizás de menor gravedad en el aspecto cuantitativo que los crímenes de Estado,  pero no por ello menos censurables y merecedores de pena.

El reo ha manejado la hacienda pública como si fuera propia. A pesar de decir que donaba su salario a los pobres, lo cierto es que sus gastos personales excedieron en mucho lo permisible para un gobernante democrático de gustos y costumbres sencillas. El reo reunió una colección de relojes de gran valor cuyo valor sobrepasa, en un estimado conservador, $500.000. Su vestimenta fue siempre encargada a los mejores sastres de Venezuela y de Europa, a cargo del erario público. Sus viajes fueron compartidos por  docenas y hasta centenares de miembros de su entorno, llegando a los mejores hoteles del mundo, en los cuales se reservaban a su nombre pisos enteros. Los aviones del Estado han sido utilizados para transportar a sus amigos y aliados de manera arbitraria. El reo ha permitido que sus familiares hayan disfrutado de posiciones y privilegios que serían claramente censurables en una democracia transparente. Para consolidar su poder político ha utilizado el dinero petrolero como si fuera propio, hasta el punto de hacer donaciones millonarias de manera improvisada, como cuando le donó $30 millones al presidente de Bolivia, por televisión, en el impulso del momento. Ha ordenado gastos no contemplados en el presupuesto, violando la ley, como cuando ordenó la compra del avión Airbus por $65 millones, lo cual obligó a los funcionarios subordinados a violar la Ley de Presupuesto para llevar a cabo tal adquisición. Durante su campaña política recibió donaciones de un Banco español, por lo cual el presidente del Banco fue llevado a prisión en su país, no así el reo en Venezuela.

Durante su dolorosa enfermedad los inmensos gastos relacionados fueron absorbidos por el Estado, incluyendo el traslado de funcionarios públicos a Cuba y la celebración de gabinetes del gobierno venezolano en La Habana. Ello representa un caso clásico de peculado de uso.

En vista de lo aquí expuesto de manera sucinta, ya que los detalles reposan en los archivos de este tribunal, condeno al reo a la pena máxima contemplada en las leyes venezolanas.

Serán los ciudadanos venezolanos quienes lo condenen, más allá de las limitaciones de nuestras leyes,  a la censura histórica.

Sentencia que se hace firme a partir del día de hoy,

30 de Diciembre de 2012.   

El Juez de la Causa