Corte Suprema Costarricense barre suelo con Poder Judicial castro-chavista

En el blog de Allan Brewer Carias: http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/Brewer.%20SOBRE%20EL%20CUESTIONAMIENTO%20DEL%20PODER%20JUDICIAL%20  puede leerse el recuento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, negando la extradición de un venezolano acusado de estafa porque la justicia venezolana está prostituida. Esta evaluación sin precedentes del  Tribunal Supremo de Justicia de un país democrático sobre el poder judicial de otro país, en el cual existe una narco-dictadura, representa otra censura internacional en contra del régimen castro-chavista.

Entre otros juicios sobre el poder judicial venezolano, puede leerse:

“el Estado venezolano presenta serias debilidades jurídico-políticas para asegurarle al amparado un enjuiciamiento que cumpla con las garantías básicas de un debido proceso, conforme a las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.”

Dice Brewer Carías que esa afirmación está basada en el “hecho que Venezuela haya denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos,” considerando que ello “constituye una amenaza grave al respeto efectivo de los derechos fundamentales,” agregando respecto de dicha absurda decisión del Estado venezolano de denunciar la Convención Americana, que: “Un país que adopta una política que reduce los instrumentos que tutelan derechos fundamentales, tanto en su dimensión individual como social, no brinda las garantías y la confianza que requiere un proceso de extradición”.

Continua diciendo la Corte Costarricense: “Enviar a un ciudadano a un país que ha denunciado una Convención que tutela de derechos fundamentales, no brinda  la confianza suficiente para admitir que el ciudadano que se entrega a otra jurisdicción, será tratado conforme a las garantías básicas que merece cualquier ciudadano, no importa su nacionalidad”.

El magistrado autor de la ponencia agrega: “ Estimo que esta denuncia del Pacto de San José abre una serie de interrogantes que no me brindan una razonable convicción en el sentido que este ciudadano sometido a este proceso de extradición, se le dará el reconocimiento efectivo de todas sus garantías judiciales en un sentido amplio.”

El fallo añade: “diversos informes señalan una debilidad notable de la independencia de la judicatura, situación que nuevamente no asegura el respeto de los derechos fundamentales de una persona sometida a un procedimiento de extradición, en las condiciones del caso que se examina.”  Brewer Carías comenta: “Sobre este aspecto, el magistrado destacó, en refuerzo de sus apreciaciones, lo afirmado en el Informe antes mencionado del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (E/c.12/Ven./CO3) del 19 de junio de 2015 destacando la preocupación del Comité de Derechos Humanos: “por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces, así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia.”

El magistrado Costarricense  Cruz Castro en las mismas consideraciones adicionales a la sentencia estimó que: “jueces provisionales, no aseguran, de ninguna forma, la independencia de la judicatura, lo que incide directamente en la vigencia de las garantías del debido proceso para el amparado cuando se remita a Venezuela. Esta independencia de los jueces es una garantía fundamental para asegurar la vigencia de un estado constitucional y los derechos fundamentales de la persona sometida a enjuiciamiento. Si no hay independencia de los jueces, las garantías básicas de los ciudadanos, se debilitan y el poder represivo se convierte en un instrumento descontrolado.… En particular, en los meses de enero a agosto de ese mismo año [2014] se designaron, nombraron alrededor de mil ciento once jueces, de los cuales sólo veintidós son titulares.”

El magistrado Cruz Castro complementó su apreciación sobre la debilidad del sistema judicial venezolano citando las “cifras suministradas por representantes del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 17 de marzo del 2015,” conforme a las cuales: “el sesenta y seis por ciento de la totalidad de los jueces del Poder Judicial son de carácter provisorio. Los jueces provisionales no tienen ninguna estabilidad laboral, siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala Político Administrativa como de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acorde con el Decreto de reorganización del Poder Judicial, que sostiene que los jueces provisorios son de libre nombramiento y remoción….”(ver página 3 y 4 del informe)….

Dice Brewer Carías en relación a esta aseveración del magistrado tica:  “los jueces provisorios, que son la gran mayoría en el país, son removidos discrecionalmente por la mencionada Comisión del Tribunal Supremo de Justicia, de manera que la pretendida creación de la Jurisdicción Disciplinaria en 2011, no fue más que un engaño y otra mentira más del régimen”.

Hay mucho más sobre esta gravísima evaluación del prostituido sistema judicial venezolano. Desde este blog no hemos tenido ninguna vacilación al definir el Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano como un coro de castrados morales., integrado por magistrados indecorosos y desvergonzados.