EL INFORME ALMAGRO Y LA RESPUESTA DEL RÉGIMEN VENEZOLANO

 En la OEA se estudia actualmente el Informe del Secretario general de la OEA, Sr. Luis Almagro, sobre Venezuela. Para beneficio de los lectores resumimos aquí: (1), el Informe Almagro, presentado ante el Consejo Permanente en sesión especial y (2), la respuesta del régimen venezolano, en carta del embajador de Nicolás Maduro ante la OEA, Sr. Bernardo Álvarez Herrera.  

En primer lugar anexamos un resumen del resumen que el Secretario General de la OEA presentara ante el Consejo Permanente de la organización sobre la situación de Venezuela. Al leerlo, si presumimos que los datos presentados por Almagro son ciertos, es imposible no darse cuenta de que Venezuela está inmersa en una profunda crisis social, política y económica, bajo el mando de un régimen militarizado, corrupto e ineficiente, violador de derechos humanos y del estado de derecho.

          Resumen del Informe Almagro

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice "una apreciación colectiva de la situación" en Venezuela y adopte "las decisiones que estime conveniente". Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana. Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela. En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia: El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos". En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia: "la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa".

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela. El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura. El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio. Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política. El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%. El PIB disminuirá un 8% más en 2016. La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo. Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo. El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes. Eso es menos de 50 centavos de dólar por día. La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013. Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar. La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Estos problemas no los causan fuerzas externas. La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder. Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región. Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas. La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año. Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo. En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación. Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas. A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización: De productores de café, De ingenios azucareros, De productores de arroz y pasta, De Agro Isleña, la principal compañía distribuidora de semillas, De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,  De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros De por lo menos 5 productores de harina de maíz, De dos fabricantes de aceites y De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela. Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o "negro" de productos regulados. Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas. El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan. Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia. Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños. La falta de agua y electricidad se ha tornado común. Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana. La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua. El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas. Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos. Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas. Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento. La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano. En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales. Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados. El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para "atender la crisis humanitaria en salud". Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable. Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país. Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes. Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos. Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas. En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán. Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico. La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias. Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno. Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción. Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares. Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano. Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias. En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno. Disposiciones poco precisas relacionadas con la "incitación al odio", la "intolerancia" o la "incitación a la violencia" crean un ambiente de autocensura. Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva. La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama "traidores de la patria". Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación… se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política. En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva. En enero de 2015,  [se] autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas. Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos. Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos. Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela. Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas. Otras 94 están en la cárcel.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas. Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple. Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto. El Tribunal Supremo ha determinado, además: Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno. Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente. Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad. Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno . Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman "las protestas violentas". Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo. Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo. Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial. Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide. La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la "democracia participativa y protagonista". Este proceso está previsto en la Constitución. En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio "transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria". Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces "se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes".

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado; Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático. El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio. Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo. Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana. Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución. Que se libere de inmediato a todos los presos políticos. Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria. Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país. Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno. Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Carta del Sr. Bernardo Álvarez Herrera al Sr. Luis Almagro

De una lectura comparada de ambos documentos se puede notar que el Informe Almagro contiene datos estadísticos sobre el país y sobre los diferentes aspectos de su crisis, mientras que la carta de Álvarez Herrera es de naturaleza genérica. El embajador rechaza las opiniones, acusa al Secretario general de “tratar de engañar a la opinión pública”,  de actuar “de manera ilegítima y fraudulenta”, y de “ actuar al margen del Estado de Derecho regional”. Es una carta muy dura pero sin documentación alguna que le permita rebatir el Informe de Almagro. Al no poder hacerlo, con documentación de igual peso a la presentada por Almagro, Álvarez Herrera se limita a insultar y hasta a admitir que lo presentado por Almagro es un buen retrato de la situación venezolana.