EXTRA: Almagro pide inmediata suspensión del régimen venezolano del sistema interamericano

               

             
                              
                                       ALMAGRO DA UN PASO TRASCENDENTAL

CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, LUIS ALMAGRO, EN LA CUAL SE PIDE LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO

En una detallada carta de 75 páginas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide la suspensión inmediata de Venezuela del Sistema Interamericano. Este excepcional documento es aplastante y demuestra claramente la inmensa magnitud de la tragedia venezolana. En sus conclusiones Almagro dice:

“los valores de la Organización y de nuestros países no permiten compartir la mesa del Consejo Permanente ni de otros órganos de la OEA con un gobierno que rompe el orden democrático, que viola con impunidad los derechos de sus nacionales, que mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, que tortura, que roba, que corrompe, que trafica drogas y que mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir. Al proponer la suspensión del Gobierno de Venezuela de las actividades de la Organización lo hago con la convicción de que lo será por un breve lapso. Venezuela siempre será parte de la OEA y su presencia es fundamental para todos los países y para la Secretaría General. Para ello sólo será necesario que su próximo Gobierno vuelva a compartir los valores en común que son condición imprescindible para pertenecer a la Organización. Al proponer al Consejo Permanente que considere la decisión de la suspensión lo hago poniendo por delante los principios y el valor superior de las víctimas, encarnadas en el pueblo venezolano. Se trata de uno de esos momentos en que los países y las personas debemos poner por delante nuestros valores por sobre los intereses nacionales o personales. Aprobar la suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”.

Este es un paso trascendental.

A continuación unos extractos de la carta que hemos considerado de especial importancia. El texto completo sería demasiado largo para publicarlo aquí.

        EXTRACTOS DE LA CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA LUIS ALMAGRO

“Los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo venezolano conforme a lo que establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”

En la redacción de este informe hay tres certezas: - la objetividad de los hechos recogidos en estas páginas; - la importancia de los principios interamericanos, y - la convicción de que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el sistema de gobierno en Venezuela.

el diálogo ha fracasado. No podemos permitir que la premisa del diálogo siga siendo utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela. Diferentes sectores políticos venezolanos, especialmente aquellos más afines al Gobierno, incluidos algunos sectores opositores, así como parte de la comunidad internacional han intentado presentar un mecanismo de diálogo como la solución a la crisis humanitaria, social, económica, financiera y política al pueblo venezolano. Ese mecanismo de dialogo fue decisivamente funcional a la estrategia del Gobierno de sostenerse en el poder a partir de reiteradas y continuadas violaciones a la Constitución. Esas violaciones a la Constitución tuvieron efectos devastadores sobre los derechos del pueblo y de los representantes electos por la gente. El pueblo de Venezuela se enfrenta a un Gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido.

El estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales. Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido instrumentados y ejecutados en paralelo a un proceso de mediación que vio por esta razón socavada su credibilidad .

Es hora de que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con resultados concretos, que el llamado al retorno a la democracia en Venezuela no tenga ambigüedades y no quede sepultado en intereses coyunturales. En los meses transcurridos desde nuestro último debate, el Sistema Interamericano y la comunidad internacional han recurrido a todos los instrumentos disponibles para contribuir al restablecimiento del orden constitucional y las instituciones democráticas de Venezuela.

El artículo 1 establece que "Los pueblos de América tiene derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". El Capítulo IV de la Carta esboza las opciones de recurso. Los artículos 17, 18 y 19 atribuyen al Consejo Permanente el primer paso respecto de esa responsabilidad de ejecución. En el artículo 20 se esbozan las diversas medidas para un posible recurso, y se faculta al Consejo Permanente para "disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática". Cuando "las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas", “el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”. El artículo 21 estipula el procedimiento para una posible suspensión cuando "las gestiones diplomáticas han sido infructuosas". El artículo 22 esboza el proceso de votación para el levantamiento de la suspensión, una vez superada la situación que motivó la suspensión. La Carta Democrática ha sido invocada por los Estados Miembros en siete ocasiones y el artículo 21 activado una vez, en el caso de un golpe de estado. La solidaridad regional no puede existir a costa de los abusos contra los derechos humanos y la destrucción de las instituciones democráticas. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. En cada uno de esos casos, todos los Estados Miembros cooperaron para apoyar al Estado afectado sosteniendo que la Carta Democrática da mayor firmeza al principio de solidaridad regional.

DIÁLOGO

 La democracia requiere diálogo, pero es preciso reiterar que para obtener resultados satisfactorios, el diálogo debe ir acompañado de acciones. Estos esfuerzos diplomáticos se hicieron desde mayo de 2016 a febrero de 2017 y las propuestas de mediación surgieron en muchas partes. En la sesión del Consejo Permanente del 5 de mayo, se ofrecieron los buenos oficios del CP de la OEA, los cuales fueron rechazados [por el régimen] en términos groseros y descalificadores.

La participación de la Santa Sede se ha convertido en una excusa para que los Estados Miembros de la OEA se retiren, esperando un progreso que no se va a materializar nunca. Es hora de que se reconozca el fracaso del diálogo como proceso para restaurar la democracia y la prosperidad de la población. El diálogo fue en realidad una herramienta para consolidar las peores variables autoritarias del régimen en la dimensión nacional y para no asumir compromisos de denuncia y presión internacional en el ámbito externo.

REVOCATORIO

Un estudio de 153 países y 213 elecciones, publicado por la Universidad de Harvard en septiembre del año 2016, encontró que la percepción de integridad electoral en Venezuela es “baja o muy baja”. Asimismo, en el reporte Freedom in the World 2017 de la organización sin fines de lucro Freedom House, Venezuela obtiene una calificación de seis en lo que se refiere a los derechos políticos, lo cual significa que el país es considerado como ‘no libre’ en esta categoría, que incluye el análisis de procesos electorales. Freedom House aduce que el Presidente Maduro, a través de la cooptación del Poder Judicial, bloqueó el referendo revocatorio “y en la práctica cortó en seco la única vía conducente a un cambio ordenado de líderes”. Otras organizaciones internacionales sin fines de lucro apoyan la hipótesis de la manipulación e intervención del Gobierno para prevenir la realización del referendo revocatorio. Por ejemplo, el International Crisis Group (ICG) argumenta, "Al utilizar su control del Poder Judicial y de la Autoridad Electoral (CNE) para bloquear un referendo revocatorio presidencial en 2016, el Gobierno se ha asegurado de que no hay medios constitucionales para sacarlo del poder antes de las elecciones presidenciales programadas para diciembre de 2018".

PRESOS POLÍTICOS

 Un preso político es una persona que ha sido encarcelada por sus creencias o acciones políticas, porque se ha opuesto o ha criticado al Gobierno. Los principios democráticos simplemente no permiten el arresto ni la detención de una persona por sus ideas. La criminalización de las protestas, el hostigamiento y el encarcelamiento de los opositores son prácticas típicas de un Estado opresor y las personas detenidas por el Gobierno venezolano por estas razones son presos de conciencia. El Gobierno venezolano ha demostrado un comportamiento sistemático de abuso contra quienes se atreven a expresar una opinión contraria a la del Gobierno. Los opositores políticos y los críticos del Gobierno continúan enfrentándose a penas de cárcel y el número total de presos políticos, en cualquier momento dado, ha ido en aumento ya que el Gobierno arresta, detiene y pone en libertad a sus opositores como le place. Los arrestos arbitrarios, la detención de personas sin que tengan acceso a su familia o a asesoramiento jurídico, las detenciones secretas, las condiciones carcelarias inadecuadas, los juicios injustos y la tortura son violaciones extremas del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que garantiza que "todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"

El preso político más emblemático sigue siendo Leopoldo López Mendoza, fundador y director general del partido político Voluntad Popular, quien está preso en el Centro de Procesados Militares en Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda, desde el 18 de febrero del 2014, luego de ser injustamente acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. El Ministerio Público basó su acusación en el discurso político de López y sus supuestos mensajes subliminales. Fue condenado a 13 años, 9 meses y 12 horas de prisión. El 16 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia ratificó dicha sentencia como firme, denegando de esta manera cualquier posibilidad de apelación. La celda en la que se encuentra Leopoldo López, mide 2,60 m por 2,70 m. En este espacio permanece desde que fue sentenciado. No tiene contacto con otros presos, no le permiten caminar por los pasillos o el patio, y solo cuando no está “castigado” lo sacan una hora al día. Los guardias tienen prohibido hablar con él y sólo se limitan a pasarle la comida por la rendija de la puerta de su celda. Leopoldo López no escucha a nadie durante el día, sino solo los sonidos propios de una cárcel. Le han quitado los libros y solo puede leer un libro semanal y  la Biblia

El pasado 9 de enero, Nicolás Maduro creó una estructura de represión a la que ha denominado “Comando Antigolpe”, integrada por el Vicepresidente Tareck el Aissami, la ex Ministra de la Defensa Carmen Meléndez, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el General Néstor Reverol, el diputado Diosdado Cabello, el General Gustavo González López, Iván Rafael Hernández y Vega González, todos señalados en la denuncia interpuesta en la Corte, como cabezas de mando e incluso señalados directamente como autores intelectuales de torturas de víctimas que reposan en el citado organismo. Esta nueva estructura es ahora la encargada de vigilar la “seguridad ciudadana y la paz social”, y en tan solo 72 horas de su conformación, detuvo a cinco dirigentes políticos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, incluyendo al Diputado de la Asamblea Nacional Gilber Caro.  

DETERIORO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

El deterioro del sistema democrático en Venezuela es la causa directa de la crisis económica y humanitaria. Toda ruptura del orden constitucional, del imperio de la ley y del orden democrático debilita el sistema de gobierno y crea condiciones de crisis y vulnerabilidad. La crisis política ha llevado a una disfuncionalidad estructural. Venezuela debería ser uno de los países más ricos del Hemisferio. En cambio, la inflación sigue aumentando y alcanza niveles inauditos; el PIB va en caída libre; los niveles de pobreza sin precedentes son cada vez más extensos; los niveles de malnutrición se extienden a escala nacional; vuelven a surgir enfermedades anteriormente como la difteria, y el país sufre de uno de los índices más altos de crímenes violentos en el mundo.

PDVSA

Venezuela cuenta con uno de los recursos geológicos más abundantes del planeta. PDVSA representa más del 90 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela y el 12 por ciento de su PIB, por lo que comprender la situación de la petrolera nacional es fundamental para comprender lo que ocurre en Venezuela. Las reservas probadas de crudo del país se encuentran entre las más considerables del planeta, incluso atendiendo a cálculos conservadores. Durante la última década, el país desperdició una extraordinaria oportunidad para aumentar la inversión y la producción. En vista de los elevados precios del petróleo que imperaban en ese período, las enormes reservas de petróleo del país podrían haber sido monetizadas mediante el rápido aumento de la producción con un amplio margen de rentabilidad. En cambio, la producción disminuyó constantemente debido a la falta de inversión en los nuevos proyectos petrolíferos no convencionales y a la incapacidad para compensar la disminución de los antiguos campos convencionales. Es una historia trágica de un gran potencial acompañado de una pésima actuación. Entre 2010 y 2015, la producción de petróleo experimentó una disminución diaria de 253.000 barriles, lo que representa un ocho por ciento. En particular, la producción cayó un 24,3 y un 15,8 por ciento en las regiones oriental y occidental tradicionales (crudo liviano y de grado medio) y sólo aumentó un 12,0 por ciento en la Faja Petrolífera del Orinoco (crudo pesado y extra pesado). La producción en los campos operados exclusivamente por PDVSA disminuyó un 27,5 por ciento, mientras que en los campos operados por empresas conjuntas se registró un aumento del 42,3 por ciento. El servicio de la deuda de PDVSA casi se decuplicó y alcanzó los 10.200 millones de dólares en el período de 2010 a 2015, mientras que la deuda financiera total aumentó un 75 por ciento, cifrándose en unos 45.000 millones de dólares. Se observó que PDVSA experimenta continuamente grandes dificultades para aumentar las inversiones de capital con el fin de detener la disminución de la producción, y no hablemos ya de cumplir los objetivos de producción. A ello deben agregarse también los numerosos desafíos operacionales que enfrenta PDVSA, entre los que destacan la escasez de insumos; la ineficiencia de las perforaciones; las inadecuadas instalaciones de gas y energía; la insuficiencia de infraestructuras de elaboración secundaria (refinerías, unidades de mejora, etc.); riesgos en materia de seguridad, medio ambiente y criminalidad, así como la gestión corporativa de la entidad, y la política industrial.

LA CRISIS HUMANITARIA

 El 22 de Julio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que lamentaba “la apremiante situación de agudo desabastecimiento y escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos en Venezuela. Esta situación ha conducido a un deterioro muy significativo de las condiciones de vida en el país y a un incremento de la violencia, lo que resulta en daños para la salud, la integridad personal y la vida de las personas, en detrimento de los derechos protegidos por los instrumentos interamericanos y universales de derechos humanos”. Desde la publicación del primer informe del Secretario General y del Comunicado de la CIDH, la situación que vive Venezuela en cuanto a la salud y la alimentación ha empeorado significativamente y solo puede describirse como alarmante y en necesidad de una urgente acción por parte de las autoridades y otros actores nacionales e internacionales. En enero de 2017, el precio de la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 621.106,98 bolívares, un aumento del 14 por ciento respecto del mes anterior y 481,8 por ciento más respecto del mes de enero de 2016. Se requieren 15,3 salarios mínimos (40.638,15 bolívares) para poder adquirir la canasta.71 Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a precio regulado, harina de maíz, café, mayonesa, jabón de baño, detergente, lavaplatos, compotas, Nenerina, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, toallitas, servilletas, leche condensada, leche líquida de un litro, suavizante, desodorante, afeitadora desechable, crema dental, champú, jabón, e insecticidas presentan problemas de escasez

SALUD

En una entrevista para Venevisión el 7 de diciembre de 2016, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró que la red pública de hospitales tiene problemas estructurales y financieros muy graves, debido a la escasez de insumos, medicinas y recursos económicos. “Toda la red pública está en bancarrota, lo que se traduce en una crisis sanitaria y asistencial”, indicó Natera. El presidente de la Federación señaló que los centros asistenciales tienen solo tres por ciento de los insumos médicos; debido a eso, los pacientes y familiares deben comprar la mayoría de los materiales para ser atendidos en un hospital. “Los pacientes deben llevar gasas, sueros e incluso comida […]. Hay una privatización disfrazada del sistema de salud en Venezuela”, agregó.76 En otra conferencia de prensa celebrada el 4 de enero de 2017, el presidente de la Federación aseguró que la escasez de insumos médicos quirúrgicos en los hospitales venezolanos ronda el 98 por ciento. El Doctor Natera aclaró que “el holocausto de la salud es instalado por el Gobierno. Se nos mueren los pacientes de mengua en los hospitales por falta de insumo

SEGURIDAD

la situación de inseguridad que vivió el país siguió deteriorándose. La Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2016 revela que 94 por ciento de los encuestados piensan que la violencia ha aumentado; 21 por ciento de los entrevistados dicen haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses; 60 por ciento de ellos temen ser atacados o robados en su vivienda; 66 por ciento, en las calles durante el día y 80 por ciento, en los medios de transporte.

Venezuela cerró el año pasado con más de 28.000 muertes por violencia en el país, padeciendo de una tasa de homicidios de 91 por 100,000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia.85 Ya en el año 2014, la ciudad de Caracas se había convertido en la ciudad más violenta del planeta, según el índice de las 50 ciudades más violentas del mundo publicado por la ONG mexicana, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP). En 2015, la tasa de homicidios en la capital alcanzó 120 por 100,000 según InSight Crime.

DROGAS

El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Vicepresidente de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, como un "traficante de narcóticos especialmente designado con arreglo a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico Internacional, por tener un importante papel en el narcotráfico internacional". De acuerdo con un comunicado de prensa de ese Departamento, "El principal testaferro de El Aissami, el nacional venezolano Samark José López Bello, también fue designado por proveer asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico y actuar por, o en nombre de El Aissami". El Departamento del Tesoro designó o identificó como propiedad bloqueada 13 compañías que eran propiedad o estaban controladas por López Bello u otras partes designadas, las que constituyen una red internacional que abarca las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela. La congelación de activos impide al Vicepresidente tener acceso a una fortuna estimada en 3.000 millones de dólares. Según el Departamento del Tesoro, el vicepresidente "facilitó el transporte de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de tráfico de drogas a través de puertos venezolanos". En sus cargos anteriores, supervisó o fue propietario de parte de cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidos cargamentos cuyos destinos finales eran México y Estados Unidos. También facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que operan en Venezuela. Específicamente, El Aissami recibió pagos por la facilitación de cargamentos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de cargamentos de drogas destinados a Los Zetas, un violento cartel de drogas mexicano, además de brindar protección al narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermagoras González Polanco". El Aissami es simplemente el último funcionario de alto rango del Gobierno venezolano acusado de narcotráfico. El 1 de agosto de 2016, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra dos ex altos funcionarios de la agencia antidrogas de Venezuela. Uno de esos funcionarios, Néstor Reverol, había sido director general del órgano de lucha contra los narcóticos y había sido el comandante de la Guardia Nacional de Venezuela.95 Un día después de que se hiciera pública la acusación, Reverol fue ascendido por el presidente Maduro, que lo nombró nuevo ministro del Interior del país

En noviembre de 2015, dos sobrinos de la primera dama venezolana, Efraín Campos y Francisco Flores, fueron arrestados en Haití por agentes de la Drug Enforcement Administration por conspirar para pasar de contrabando hasta 1.700 libras de cocaína en los Estados Unidos. Un año más tarde fueron declarados culpables por un jurado en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. Cada uno de ellos se enfrenta a 10 años de prisión

PODER JUDICIAL

En su Informe Mundial 2017, Human Rights Watch explica que “el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del Gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del Gobierno.”104 La invalidación de acciones de la AN por el TSJ a través de resoluciones, que atenta contra la efectiva separación e independencia de poderes, se menciona también en el informe anual de Amnistía Internacional. En el informe 2016/2017 de esa organización internacional no gubernamental de derechos humanos se señala que “el Tribunal Supremo de Justicia limitó drásticamente mediante resoluciones las facultades de la Asamblea Nacional, en la que la Oposición cuenta con mayoría, lo que entorpecía la capacidad de diputados y diputadas para representar a los pueblos indígenas.”

Venezuela también ocupó el último lugar en el Rule of Law Index 2016, publicado por la organización internacional World Justice Project. Con una calificación de 0,28, el país ocupó el puesto 113 en la clasificación mundial de 113 países. Para determinar la calificación por país, el WJP evalúa 44 indicadores organizados en las siguientes ocho áreas: limitantes a los poderes del Gobierno; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; implementación regulatoria; justicia civil, y justicia criminal

SALA CONSTITUCIONAL

En el período de análisis se registraron al menos 18 ocasiones en los que la Sala Constitucional del TSJ emitió decisiones en contra de la AN y parlamentarios representantes de la Oposición, y/o de los derechos de la ciudadanía. Dichas decisiones han sido a favor del Gobierno.

SALA ELECTORAL

 En el período de análisis se registraron al menos dos ocasiones en las que la Sala Electoral del TSJ emitió decisiones en contra del Poder Legislativo y a favor del Gobierno. Las siguientes sentencias son evidencia de la invalidación de la AN a través del uso de sentencias judiciales. En este caso, sobre la incorporación a la AN de los diputados del estado Amazonas y la Región Indígena Sur.

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

 Se identifican al menos dos casos en que tribunales de primera instancia han emitido decisiones en contra de los derechos de líderes de la Oposición y de la ciudadanía en general. 1. El 20 de octubre de 2016, por decisión del tribunal de control de la ciudad de Valencia, Carabobo, se prohibió la salida del territorio venezolano a los líderes de la Oposición Henrique Capriles Radonski, Jesús Torrealba, Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Francisco Sucre Heredia, Luis Ernesto Aparicio Méndez, y Arnoldo Gabaldón Berti. Ello sería violatorio del artículo 50 de la Constitución, relativo al derecho al libre tránsito nacional e internacional, así como de la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Carta Magna. 2. El mismo 20 de octubre, tribunales penales de los estados de Aragua, Carabobo, Bolívar, y Apure emitieron sentencias que dejaban sin efecto la recolección de firmas para el Revocatorio de Mandato por presunto “fraude” perpetrado por la MUD, y utilizando así la vía judicial para suspender derechos políticos a la ciudadanía venezolana. Esa acción fue defendida por el diputado Diosdado Cabello (PSUV), así como por los gobernadores oficialistas Tareck El Aissami (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo), Francisco Rangel Gómez (Bolívar), y Ramón Carrizalez (Apure).

PODER ELECTORAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL)

 Durante el período de análisis se observó que en cuatro ocasiones el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral) tomó decisiones en contra de ciertos partidos políticos, los electores de Amazonas y Región Indígena Sur, y los derechos políticos de la ciudadanía en general.

PODER EJECUTIVO

 Al menos dos hechos directos del Poder Ejecutivo en contra de la AN y parlamentarios de Oposición. 1. El 15 de enero de 2017 el Presidente Maduro presentó el Mensaje Anual del Gobierno ante el TSJ, y no ante la AN. Esta acción de invalidación y desconocimiento del Poder Legislativo, que vulnera la facultad de control de la Presidencia de la AN, trasladando funciones al TSJ, es contraria a lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice: “Artículo 237. Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.”168 2. Al anular su pasaporte por supuesta “denuncia de hurto”,169 el 27 de enero de 2017 y el 7 de febrero las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) vulneraron los derechos de los parlamentarios de la MUD Luis Florido y William Dávila, respectivamente. La acción entraría en violación de facto de la inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), así como del derecho al libre tránsito nacional e internacional (artículo 50 de la Constitución) y del derecho civil de acceso a documento de identidad

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Gobierno venezolano también amplió su decisión para incluir el bloqueo de la señal Internet del sitio web de CNN en Español, ampliando su control del espacio digital. Ello se derivó de la sentencia del 8 de junio del Tribunal Supremo que prohibió a los sitios web de noticias La Patilla y Caraota Digital la difusión de videos de linchamientos a través de su página web o las redes sociales. La decisión fue redactada de manera que pudiera ser aplicable a otros medios en el país y estos derechos están siendo coartados tanto dentro como fuera de la Internet. En septiembre de 2016, se ordenó a tres periódicos venezolanos, El Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia, que dejasen de publicar informes en relación con las denuncias de corrupción contra el hermano del ex presidente Hugo Chávez, el gobernador Adán Chávez. En enero, altos funcionarios del Gobierno y CONATEL criticaron la difusión de la serie de televisión "El Comandante", producción extranjera inspirada en la vida del ex presidente Hugo Chávez. CONATEL y el miembro de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dirigieron una campaña en los medios sociales destinada a promover la protección de la memoria del difunto presidente

El 11 de febrero de 2017, los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira y los miembros de la organización anticorrupción Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Tua, fueron detenidos por agentes del SEBIN mientras tomaban fotografías y filmaban videos del puente Nigale en la ciudad de Maracaibo, como parte de una investigación sobre el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht

MAGISTRADOS DEL TSJ

De acuerdo a la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, del total de magistrados titulares, 16 no cumplen con la totalidad de requisitos.  Por ejemplo, uno de los requisitos constitucionales para ser magistrado del TSJ es ser un ciudadano de reconocida honorabilidad. Según la organización venezolana, sobre nueve de los magistrados “se cierne una duda razonable sobre su honor y reputación”. Uno de ellos fue procesado penalmente por homicidio en dos ocasiones, y también fue sancionado disciplinariamente. Otros cuatro jueces fueron suspendidos o destituidos de su cargo en algún momento de su trayectoria profesional, y los cuatro restantes fueron señalados por actuaciones poco éticas en el desempeño de sus funciones dentro del Poder Judicial. La lista publicada de dichos nueve magistrados incluye al recién nombrado Presidente del TSJ, Maikel Moreno Pérez, ya que “en dos ocasiones fue vinculado a casos de homicidio.”

CORRUPCIÓN

Venezuela es uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza petrolera está siendo expoliada sin piedad sistemáticamente por el Gobierno y las fuerzas armadas mientras el pueblo pasa hambre. En octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que en ese momento estimaba que el daño al patrimonio de la Nación ascendía a 70.000 millones de dólares, presentó un atisbo de la escala de la corrupción en el país. El vicepresidente de la Comisión, Ismael García, advirtió que las investigaciones en materia de corrupción habrán de continuar porque existen otras cifras sobre desfalco a la Nación mucho más elevadas, que podrían llegar a los 300.000 millones de dólares, sustraídos empleando diversas tramas de corrupción.

Para comprender el alcance de la corrupción gubernamental generalizada y sistemática en el sector de la importación de alimentos presentaremos dos ejemplos representativos. La investigación de Associated Press ya mencionada describió cómo un empresario sudamericano dijo que “pagó millones en sobornos a funcionarios venezolanos a medida que empeoraba la crisis del hambre, incluidos ocho millones de dólares a personas que trabajan para el actual ministro para la alimentación, el General Rodolfo Marco Torres. Documentos bancarios del país del empresario muestran que era un gran proveedor, y que entre 2012 y 2015 había recibido contratos por valor de 131 millones de dólares de los ministros venezolanos para la alimentación. Explicó que vendedores como él pueden sobornar a los militares porque el monto de lo que facturan al Estado incluye grandes márgenes de beneficio. Por ejemplo, se apañó un contrato de maíz amarillo por valor de 52 millones de dólares a un precio superior al doble del precio de mercado en ese momento, lo que quiere decir que solo por ese contrato hubo un sobrepago de más de 20 millones de dólares. Los presupuestos internos del ministerio obtenidos por AP demuestran que los sobrepagos continúan. Por ejemplo, en julio el Gobierno presupuestó 118 millones de dólares para la compra de maíz amarillo a un precio de 357 dólares la tonelada, lo que equivale a un sobrepago de más de 50 millones de dólares en relación con los precios imperantes ese mes".

El segundo ejemplo en el mismo sector fue organizado supuestamente por el empresario venezolano Samark José López Bello, quien presuntamente ganó millones con la importación a precios inflados artificialmente de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa gubernamental de distribución casa por casa de los productos alimenticios regulados de primera necesidad. La prensa informó que una empresa controlada por López "supuestamente compró 4.509.157 cajas de alimentos en México por un valor unitario de 8 dólares, mientras que el Gobierno venezolano pagó a la compañía más del triple, a razón de 35 dólares por caja". Esto quiere decir que para una inversión de poco más de 36 millones de dólares, la empresa de López recibió del Estado un pago de casi 158 millones de dólares.

RECOMENDACIONES:

• Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio -- la última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino

Hasta tanto ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera de los países a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del Gobierno involucradas en casos de corrupción o narcotráfico. Cuando el Vicepresidente de cualquier país es objeto de medidas como las implementadas por el Departamento del Tesoro, cuando se le congelan fondos por más de 3.000 millones de dólares – monto que equivale a la mitad del valor de las importaciones de alimentos de Venezuela hace cinco años para que se comprenda adecuadamente la dimensión de la tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor que paga el pueblo venezolano – quedan plasmadas las variables de desestabilización política, económica y social que vive el país por tener autoridades como esas.

• La liberación inmediata de todos los presos políticos.

 • El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela. • El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Estas medidas deben incluir: a. El restablecimiento de los poderes y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional; b. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional Electoral; y c. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los magistrados del TSJ

Bien por Luis Almagro. Veremos si la región responde.

Ver también mi carta a la OEA y a los Presidentes de la región, en: http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2017/03/carta-la-oea-y-presidentes-de-la-region.html