La pandilla de Chávez, Maduro y Lula debe ser juzgada por la Corte Criminal Internacional

¿Qué es la Corte criminal Internacional?

Organización que pretende terminar con la impunidad y aplicar justicia a los criminales, violadores de los derechos humanos, de todo el mundo. Es el último recurso contra los criminales no juzgados en sus países. Está gobernado por el tratado Internacional llamado el Estatuto de Roma y representa una especie de Corte Suprema del planeta en materia de violación de derechos humanos.

​​Hemos dicho varias veces que los líderes políticos latinoamericanos de izquierda que integraron la pandilla de Hugo Chávez: Lula da Silva, Nicolás Maduro, Dilma Roussef, Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, José Mujica, José Miguel Zelaya, Fernando Lugo y, posiblemente, Rafael Correa deberán ser llevados a la Corte Criminal Internacional a responder por sus crímenes en contra de sus países y de toda la región. Esta pandilla conspiró por años para mantenerse en el poder indefinidamente, utilizando a su antojo el dinero de sus naciones para consolidarse como dueños de la región y para financiar sus ataques a los Estados Unidos y otras democracias del hemisferio.

La existencia de esa macabra alianza no ha sido debidamente reconocida por los organismos internacionales o por los países democráticos. Se han visto estos bandidos como actuando de manera aislada, cuando la verdad es que actuaron de manera mancomunada para saquear a sus países y tratar de convertirse en monarcas de corte fascista. Existe suficiente documentación que evidencia la estrecha interrelación entre ellos: Lula con Chávez, Chávez con Kirchner, Maduro con Zelaya, Mujica con Chávez, Ortega con Chávez. Ladrones, artífices de la GRAN CORRUPCIÓN latinoamericana, hermanados por el deseo de gobernar eternamente.

Esta pandilla debe ser juzgada por una entidad internacional, ya que trasciende las fronteras de sus respectivos países. Aunque Lula, Dilma Roussef, Kirchner, Cristina y otros ya están siendo juzgados con mayor o menor eficiencia en los tribunales de cada país, hay otros que no han sido tocados todavía, incluyendo los cabecillas venezolanos Chávez y Maduro, quienes dilapidaron el ingreso petrolero venezolano, a fin de darlo a la pandilla de malhechores que hemos nombrado.

La entidad internacional ideal para juzgar a estos bandidos es la Corte Criminal Internacional y el mecanismo existe. Se trata del principio de complementaridad, según el cual la Corte Internacional puede aceptar jurisdicción si es que algún país afectado no puede o no quiere hacerlo, o si en ellos impera una impunidad tal que la justicia es inoperante. Este es el caso de la Venezuela del delincuente Nicolás Maduro y de algunos otros países como Nicaragua, Bolivia y Cuba, donde es prácticamente imposible tocar a los ladrones que se han adueñado del poder.

En Venezuela esto es urgente y deseable porque, aun cuando Maduro saliera mañana de Miraflores, va a ser lento y difícil obtener retribución en el país, ya que ha existido demasiado abuso de poder y demasiada corrupción. Se puede reforzar la acción doméstica que debe venir tan pronto salga el narco-régimen, llevando a la Corte Criminal Internacional los casos de mayor relieve. Yo estimo en unos 30 los casos que pueden llevarse a esta corte. La lista ya está preparada y los prontuarios están esencialmente listos.  

La Corte tiene la ventaja de que no reconoce inmunidad burocrática. Hasta el jefe del estado es enjuiciable. La jurisdicción de la Corte existe para los casos de lavado de dinero y se extiende a los países donde ese lavado ha sido llevado a cabo.    

Que crímenes incluyen el área de jurisdicción de la Corte?

Genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresiones a los derechos humanos.  La Gran Corrupción es también un crimen de lesa humanidad.  Los expertos están de acuerdo en que los cleptócratas de alto nivel burocrático son reos de crímenes universales. La razón es simple: el dinero que ellos han despilfarrado o robado ha podido ser empleado en escuelas, universidades, hospitales, carreteras, dotación de agua y electricidad para sus pueblos.

Una reciente propuesta de grupos internacionales coloca a la Gran Corrupción como un crimen en contra los derechos humanos, como debe ser. Ver: http://www.universal-rights.org/programmes/contemporary-and-emerging-human-rights-issues/corruption-human-rights-designing-effective-un-interventions/

Bajo las reglas del Artículo 7 del Estatuto de Roma la Corte Criminal Internacional  es el organismo adecuado para tramitar estos crímenes de Gran Corrupción., ver también: http://www.fcpablog.com/blog/2017/5/25/angela-barkhouse-kleptocrats-should-face-the-international-c.html. Según este artículo los criterios para admitir la jurisdicción de la Corte Internacional criminal incluyen derramamiento de sangre, inestabilidad entre la población civil y el riesgo de la paz y la seguridad internacionales. Lo que está sucediendo en Venezuela encaja en todos estos criterios.