Eneas Biglione entrevista a María Corina Machado

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Venezuela: Entrevista a Maria Corina Machado – por Eneas Biglione

María Corina Machado es una de las fundadoras de la organización civil Súmate en Venezuela. En esta entrevista le preguntamos acerca del trabajo de su organizacion y de los desafíos que hoy en día enfrenta su país.
EB – ¿Qué les diría a todos aquellos que piensan que con la caída del precio del barril de petróleo la revolución bolivariana se termina o queda limitada?
MCM – El estado venezolano sufrirá una reducción de entre 1/3 y ½ de sus ingresos por exportaciones petroleras, según el análisis de expertos en esta materia. La caída en el volumen de producción y el aumento del consumo interno, han producido una reducción del excedente exportable de 2,7 (Mbd) en Enero de 1999 a 1,63 (Mbd) en agosto de 2009; lo cual combinado con la disminución de los precios, explican la importante merma en el ingreso fiscal.
El Socialismo del Siglo XXI, es un modelo profundamente populista, rentista y progresivamente autoritario, que ha basado su legitimidad en recurrentes elecciones (18 en los últimos 10 años); en un entorno controlado por tres estrategias: diseño a la medida del proceso electoral, desequilibrio gigantesco en la propaganda oficial y creciente intimidación política de toda la población.
Las políticas redistributivas de estos 10 años han consistido en transferencias directas y en programas sociales creativos pero profundamente ineficaces, con altos índices de corrupción y fallas gerenciales. Todo ello financiado con ingreso petrolero de origen externo creciente. Por ello, no sorprende comprobar cómo, en una década de ingresos fiscales sin precedentes, algunos índices de desarrollo humano e indicadores económicos y sociales de los venezolanos han sufrido un deterioro alarmante.
Mientras creció el ingreso junto con los precios del petróleo, entre 2002 y 2007, fue posible distribuir y que todos los sectores de la sociedad, si bien con corrupción creciente, se beneficiaran, generando una falsa ilusión de armonía. La caída del precio del petróleo, tiene como consecuencia la necesidad de reducir los gastos, la creciente irritación de los sectores que se beneficiaron de su aumento, y el incremento de la tensión social. La disminución de las transferencias a los sectores más pobres y el deterioro de la calidad de vida, producen un efecto directo en la conciencia y el rechazo a los niveles de corrupción existentes en el país.
Lo que no tiene precedentes, es la magnitud que estas prácticas de corrupción han adquirido. Según el informe de Transparencia Internacional de 2008 Venezuela ocupa el puesto 158 de 180 países en su índice anual.
La pérdida de la armonía que generó el bálsamo del petróleo, ha conllevado a que el Gobierno recurra a mayor represión de distinto tipo para acallar las voces de la disidencia y la denuncia Como era previsible, entonces, la persecución política y la represión -selectiva en los primeros años de este gobierno- se ha ampliado significativamente en los últimos meses, en particular para impedir protestas de carácter laboral, social y político. (Según la organización Espacio Público en los primeros cuatro meses del año 2009 se registraron 759 protestas en comparación con 1600 en todo el año 2008).
La represión selectiva y la intimidación sutil (aunque muy efectiva) del pasado, es ahora un comportamiento violento y autoritario, que cierra medios de comunicación a la fuerza y despoja a ciudadanos de sus propiedades. La fachada democrática se desvanece, incluso para quienes –dentro y fuera del país- desesperadamente quieren seguirla viendo.
Simultáneamente, las denuncias sobre la presencia creciente de carteles de la droga y tráfico ilegal de otros productos se han incrementado. En Julio de 2009 el Government Accountability Office (GAO) produjo un informe para el Congreso de los Estados Unidos en el cual estima que el aumento del tráfico de cocaína de Colombia a Venezuela se incrementó de 60 a 260 toneladas métricas entre el año 2004 y el 2007. El reporte expresa que a nivel oficial en los Estados Unidos se cree que “un alto nivel de corrupción dentro del gobierno venezolano, los militares y otros organismos de seguridad contribuye a este ambiente permisivo”. Adicionalmente, en el mes de septiembre pasado el Fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, hizo pública una información según la cual las investigaciones sobre los nexos entre el gobierno de Irán y el gobierno de Venezuela, le llevan a concluir que en la actualidad se están utilizando bancos venezolano para evadir sanciones a Irán así como la posibilidad de que en territorio venezolano se estén fabricando armas ilícitas.
El resultado de esta escalada de violencia del gobierno del Presidente Chávez dependerá fundamentalmente de la capacidad del liderazgo democrático de los distintos sectores del país -partidos, organizaciones estudiantiles, civiles, laborales y empresariales- de entender la estrategia de legitimación que este Modelo ha perfeccionado, de generar alianzas reales entre ellos y de promover mecanismos con efectividad política para activar a una masa crítica de venezolanos que defienda los derechos y las instituciones democráticas.
EB – ¿Qué opina del actual rol de los organismos internacionales en la protección de la democracia, los derechos y las libertades de los países de América Latina?
MCM – Los países de América Latina pertenecientes a la OEA suscribieron el 11 de Septiembre de 2001 la Carta Interamericana Democrática, la cual establece criterios claros en cuanto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos de estos países, a las instituciones democráticas a través de las cuales los mismos se ejercen y al comportamiento que los Gobiernos de estos países deben tener para garantizar lo anterior.
En los últimos años hemos presenciado cómo en varios países de AL se han violado de manera sistemática estos principios y garantías. Mi país, Venezuela, es el caso más evidente: violaciones recurrentes a la Constitución, al estado de derecho y al debido proceso judicial, control de todos los poderes públicos por parte del Poder Ejecutivo, transgresiones a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y de protesta, implacable discriminación y persecución política, y elecciones plagadas de abusos, intimidación y ventajismo.
Sin embargo, salvo casos particulares de opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los juicios severos a estas prácticas oficiales en sus reportes anuales, la OEA ha ignorado el deterioro de la democracia en Venezuela y en otros países del hemisferio. Simón Alberto Consalvi, en su artículo de El País de España del 17 de octubre, refiriéndose al caso de Honduras, nos recordaba “¿Por qué no reaccionó entonces (antes) la OEA? Porque había perdido la fe en la Carta, y el mismo secretario general José Miguel Insulza, requerido en cierta ocasión, respondió con total desdén y, como excusa, que “más de siete países la violaban”.
La OEA parece pues haber perdido la fe en la Carta, y los venezolanos en la OEA. De aquí en adelante les corresponde a los gobiernos democráticos del continente decidir si recuperan una instancia política única, con un mandato inequívoco para la defensa de la democracia en el hemisferio; y a los venezolanos nos toca entender que, mientras tanto, seguimos solos en la construcción de nuestra democracia.
EB – ¿Cual es el problema de utilizar padrones biométricos y sistemas como Smartmatic para contabilizar los votos? Hay países aliados del chavismo, tales como Bolivia que ya lo están intentando imponer. ¿Qué les recomendaría a los ciudadanos de países como éste?
MCM – La automatización de los procesos electorales es una discusión compleja que ha estado presente durante décadas en muchos países. La esencia de los procesos electorales es la confianza de los electores en la transparencia del proceso y, por lo tanto, en la confiabilidad de los resultados.
De tal manera que los cambios en el diseño y la tecnología de los procesos electorales orientados a lograr mayor eficiencia, son positivos SIEMPRE Y CUANDO no reduzcan la confianza de los electores en los mismos. El problema con ciertas tecnologías avanzadas es que generan gran incertidumbre en sectores amplios de la población que desconocen su funcionamiento y alcance.
Herramientas tecnológicas pueden emplearse para acelerar y hacer más rigurosos diversas etapas del proceso electoral como: la conformación y depuración del registro de electores, la postulación de candidatos, la inscripción de testigos electorales, la validación de la identidad del elector al llegar al centro de votación, el voto en sí mismo, el escrutinio y totalización, la transmisión de resultados de cada centro de votación y la publicación de informes finales agregados.
Pero, si no se instrumentan controles adecuados, la utilización de estas plataformas electrónicas pueden generar, miedo, desconfianza y sin duda, alterar los resultados de una elección.
El sistema electoral venezolano es hoy en día de los más automatizados del mundo en cuanto al acto de votación y transmisión de resultados; y es el único que ha incorporado la utilización de “máquinas captahuellas” como paso previo al acto de votación. Estas máquinas pretenden impedir que un individuo pueda votar más de una vez a través del registro de su huella dactilar y su consecuente comparación con una base de datos previa. Técnicos expertos en estas tecnologías han demostrado que este sistema NO es efectivo para determinar si una persona intenta votar múltiples veces, y además, las normativas electorales venezolanas establecen que aun en el caso de que se detectara una irregularidad, ningún elector puede ser impedido de votar. ¿Cuál es entonces la utilidad de estos sistemas?
De acuerdo a la encuesta realizada por Alfredo Keller en el primer semestre de 2009 a la totalidad de los electores venezolanos, el 39% expresó que el voto en Venezuela no es secreto. La mezcla perversa de máquinas de votación y máquinas captahuellas –inútiles para asegurar el principio de un elector, un voto- resulta muy útil para crear desconfianza en el secreto del voto. Por lo tanto, en Súmate estamos absolutamente en desacuerdo con la utilización de máquinas captahuellas en los centros de votación.
Para evitar la pérdida de confianza en las máquinas de votación y escrutinio automatizadas, las mismas tienen que ir acompañadas por un sistema paralelo y exhaustivo de conteo físico de las papeletas emitidas. En Venezuela, desconociendo lo establecido en las leyes electorales vigentes se ha permitido tan solo “contar las papeletas” de una muestra de las mesas, como una auditoria cuyo porcentaje ha oscilado entre el 1% y el 54% del total de las mesas. Súmate ha insistido siempre en la absoluta necesidad de abrir TODAS y cada una de las cajas donde se depositan los votos.
Finalmente, conviene analizar el caso de los padrones biométricos. Esta tecnología permite incorporar nuevas variables en la base de datos del registro electoral, tales como: las huellas dactilares, la firma electrónica y la fotografía del elector. La discusión sobre el empleo de padrones biométricos está ocurriendo en países africanos como Nigeria, Ghana y Filipinas, mientras que Bolivia incluyó el concepto en el proyecto de ley electoral que se aprobó el 14 de abril de 2009.
Si se realizan los controles adecuados este procedimiento permitiría generar un padrón electoral mucho más confiable. Sin embargo, el proceso de inscripción de electores en este nuevo padrón (actualmente en proceso en Bolivia) debe ser ampliamente supervisado para asegurar que sólo se incorporan al mismo, ciudadanos con derecho a hacerlo. En Venezuela, Súmate ha insistido en la necesidad de construir un nuevo padrón electoral, en vista de las numerosas evidencias de los errores en el actual, pero el Consejo Nacional Electoral se ha negado a hacerlo.
Como reflexión final, es importante considerar lo ocurrido en marzo de 2009, cuando el Tribunal Federal Constitucional alemán decidió que es inconstitucional el uso de máquinas de votación. Este fallo no invalida los resultados de las elecciones de 2005 en adelante, ya que no ha podido demostrarse que haya ocurrido manipulación de los votos. El fundamento 156 establece: “Ya que el escrutinio es objeto de un proceso de elaboración de datos realizado exclusivamente en el interior de los aparatos electorales, ni los órganos electorales ni los ciudadanos que asisten a la determinación del resultado electoral pueden comprender si los votos válidos emitidos han sido adjudicados correctamente a las ofertas electorales y si los votos obtenidos por las ofertas electorales individuales han sido indagados correctamente”. En tales circunstancias —según la providencia— “un recuento público, por el que los ciudadanos pudieran comprender confiablemente y por sí mismos, y sin conocimientos especiales previos quedaba así excluido”.
Difícilmente podría alegarse que las motivaciones del Tribunal Federal Constitucional de Alemania fueron producto de restricciones económicas o tecnológicas, de este país; las razones son claras y contundentes a la luz de los procesos que se están desarrollando en Venezuela y otros países de América Latina.
EB – Hoy en día, con la CNE politizada y un sistema electoral de dudosa transparencia ¿le parece que existe una salida electoral a la administración de Hugo Chávez Frías?
MCM – Quienes queremos vivir en democracia en Venezuela estamos convencidos de que nuestra tarea primordial es el fortalecimiento de las instituciones y la cultura democrática del país; y por lo tanto siempre hemos apostado por un mecanismo electoral para la definición de las diferencias fundamentales de nuestra sociedad. El gobierno del Presidente Chávez ha utilizado y abusado de la vía electoral como mecanismo de legitimación interna y externa de sus acciones, incluso de aquellas que claramente violan la Constitución Venezolana y los derechos humanos. Para asegurar el éxito de esta estrategia y gracias al control que obtuvo de los otros órganos del Poder Público – Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Poder Ciudadano y Consejo Nacional Electoral-progresivamente fue imponiendo un minucioso control de los procesos electorales.
Estas acciones representan una barrera elevada de obstáculos donde cada uno de ellos tiene un impacto directo en los resultados electorales. Desde el Registro Electoral (que se ha incrementado 52% en los últimos 10 años sin auditoría externa alguna), la migración de electores a otros centros de votación sin ser notificados, la selección no aleatoria de miembros de mesa, el empleo de tinta no indeleble (que permite el voto múltiple), la negativa a contar las boletas de votación, la ausencia de auditorías adecuadas a máquinas y cuadernos electorales, la no publicación de resultados completos, hasta los abusos en la campaña electoral. No existe una acción que, por sí misma, explique la totalidad del impacto en los resultados: son una secuencia de irregularidades y abusos cuya sumatoria –cual rebanadas- conforma una situación de evidente injusticia y manipulación de resultados sin precedentes en Venezuela.
Esta realidad la viven todos los venezolanos cada vez que se presenta un proceso electoral. Quizás el momento en que más claro entendí esta situación, fue en una tarde a finales de 2007 bajo un árbol de Cují en un pueblo rural, muy humilde llamado Bobare, en el estado Lara. A punto de empezar una reunión con unos 70 campesinos de la zona, una señora se levanta y me increpa: “María Corina, si vienes a decirnos que vayamos a votar porque todo está bien, te digo que eso será en Caracas, porque aquí, pasa de todo”, y procedió a enumerarme los abusos en el proceso electoral en su caserío.
Esta es una evidencia de la claridad que tiene el pueblo de Venezuela sobre lo que ha devenido el sistema electoral venezolano. Por lo tanto, la estrategia electoral debe ser una de lucha consciente. Reconocer la magnitud, diversidad y perversidad de las acciones y mecanismos que se han puesto en práctica para inhibir a los electores de ir a votar, atemorizar a los ciudadanos sobre el secreto del voto, manipular resultados en centros de votación sin presencia adecuada de testigos de mesa y favorecer el voto múltiple.
Estas acciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral tienen un impacto directo en los resultados de las elecciones; pero sólo podrán ser compensadas con una organización y movilización inmensa de todos los electores del país. Hay que defender hasta el último voto en el centro de votación más lejano, empoderar a cada elector y hacer un seguimiento permanente a todas las fases previas del proceso.
El Presidente Chávez no ha dado muestras de que cree en procesos electorales limpios y libres. Parece que hoy en día realmente les teme. Nuestra tarea es luchar porque estos tengan lugar en Venezuela.
EB – ¿Cómo le parece que terminará la crisis de libertad de expresión que ha desatado la actual administración?
MCM – Los ataques a la libertad de expresión en Venezuela han consistido en diversas acciones que incluyen persecución a periodistas, intimidación a los medios independientes para provocar autocensura, control de medios de comunicación (a través de adquisición de canales de TV, radio y medios impresos), creación y expansión de medios oficiales (5 televisoras nacionales, 1 televisora internacional , 35 televisoras comunitarias, 231 radios comunitarias, 73 periódicos y más de 150 páginas web), transmisión indiscriminada de mensajes oficiales y propaganda (incluyendo 1924 cadenas oficiales en los últimos 10 años), legislación restrictiva (Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV), y cierres de medios: siendo los más emblemáticos el canal de televisión RCTV en mayo de 2007 y 32 estaciones de radio en Julio de 2009.
En los últimos meses el gobierno nacional ha planteado al menos tres nuevas leyes que afectan significativamente la libertad de expresión: La normativa para regular la televisión por cable, la reforma a la Ley de Periodismo y la Ley de Delitos Mediáticos. Esta última consideraba delitos mediáticos las acciones u omisiones “que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social” y contemplaba pena de prisión de dos a cuatro años a “Toda persona que manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública”.
Las reacciones en defensa a la libertad de expresión han sido muy significativas, especialmente por parte del movimiento estudiantil venezolano. Los venezolanos tenemos un arraigado aprecio por el derecho a disentir púbicamente, a la denuncia y a la protesta. La intensificación de la agresión del Gobierno a estos derechos está produciendo no sólo una mayor consciencia sobre el carácter no democrático del mismo, sino la cohesión de distintos grupos y sectores para defenderlos.
EB – Muchas gracias por su tiempo
* Eneas Biglione es el director ejecutivo del Hispanic American Center for Economic Research (HACER) en Washigton DC