La muerte de Néstor Kirchner.

               
Artículo de Luis Majul de hoy en La Nación, de Buenos Aires, escrito antes de conocerse la muerte del ex-presidente argentino.  

Un año antes de las elecciones para elegir el próximo presidente, Néstor Kirchner se enfrenta con el problema más grave de su larga vida política. Una complicación desconocida que no había tenido desde 1987, cuando inició su carrera como intendente de Río Gallegos. El ex presidente se choca con la posibilidad cierta de perder los comicios y de ser investigado, condenado y detenido, acusado de delitos que van desde el enriquecimiento indebido hasta el haber ejercido la jefatura de una asociación ilícita. Se trata de un asunto que no fue todavía analizado con seriedad por su círculo íntimo porque nunca, hasta ahora, se había visto en la necesidad cierta de enfrentar el problema.

Kirchner pasó de intendente de Río Gallegos a gobernador de Santa Cruz en 1991. Fue reelegido en tres oportunidades, hasta 2003, año en que resultó elegido presidente de la Nación con el 22% de los votos, ante la deserción de Carlos Menem en segunda vuelta. Kirchner, mientras fue gobernador, fue acumulando cada vez más poder e implementó un sistema para garantizarse absoluta impunidad. Algunos ejemplos bastan para comprender cómo lo hizo. Primero diseñó un sistema electoral que anuló a la oposición y transformó a la Legislatura de la provincia en una escribanía de la gobernación. Después nominó un Tribunal Superior de Justicia a su medida y así evitó que investigaran su responsabilidad en escándalos de corrupción que hubieran servido para hacer caer a cualquier otro mandatario provincial. Otros dos ejemplos sirven para argumentar la afirmación: la liquidación del Banco de Santa Cruz con millones de pesos pasados a pérdida y el oscuro manejo de los fondos de las regalías petroleras que recibió la provincia. Al mismo tiempo se aseguró, a través de la publicidad oficial y la persecución de periodistas, el acompañamiento de un sistema de medios que, salvo honrosas excepciones, no quiso o no pudo informar como se debe. Es decir: con cada cambio de mandato logró que nadie cuestionara la legalidad de sus decisiones.

Pero ahora es distinto. "Ahora Kirchner no sabe cómo impedir que lo investiguen, lo juzguen y eventualmente lo condenen, porque jamás imaginó que se tendría que enfrentar a semejante situación", me explicó un importante ex ministro que se pasó buena parte de su gestión evitando firmar decretos y resoluciones que podrían colocarlo en el banquillo de los acusados en el futuro inmediato. No sólo se fue asqueado por el sistema de toma de decisiones. "Kirchner decidía desde el precio del dólar hasta la ayuda monetaria a un concejal del conurbano", me dijo. También renunció alarmado por las infinidades de pequeñas y grandes oportunidades que existen en las secretarías, subsecretarías y direcciones para ganar dinero por izquierda sin que nadie se indigne demasiado. Desde el mecanismo de permisos de importaciones hasta los miles de subsidios que el Estado distribuye de manera discrecional y sin sentido común. ¿Cómo un hombre tan desconfiado y paranoico no se preparó como corresponde ante la alternativa de perder su libertad?

Una respuesta probable es que, hasta el conflicto con el campo y su brutal pelea con el Grupo Clarín, y en un exceso de confianza debido el continuo crecimiento de la economía y la parálisis de la oposición, Kirchner supuso que él y su esposa podrían gobernar durante varios períodos más sin el mínimo riesgo de ser investigados.

Otra respuesta posible es que el tiempo en el gobierno nacional no le alcanzó para modelar las instituciones a imagen y semejanza del experimento de Santa Cruz.

Los que fueron a ver a Kirchner a su oficina de Puerto Madero, en aquellos días de principios de 2008 en que "caminaba por las paredes" porque no encontraba su destino después de haber entregado la banda presidencial a su mujer, afirman que fue por esa época cuando se dio cuenta, por primera vez, de que corría peligro: "Ahora que estamos bien me voy a dedicar a juntar plata y acumular más poder. Es la única manera de impedir que vaya preso", me dijo un poderoso empresario de medios que le dijo Kirchner, una tarde en que lo visitó.

Después de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, el ex presidente empezó a repetir, ante sus hombres de mayor confianza, que la culpa de la derrota no había sido del Frente para la Victoria ni de las candidaturas testimoniales, sino de los medios en general y de Clarín en particular. Y en un par de charlas íntimas le oyeron decir, de manera casi textual: "Si yo no lo meto preso antes, [Héctor] Magnetto me mete preso a mí".

Lo cierto es que su situación judicial futura podría distar de ser la ideal. En primer lugar, todavía hay abierta una causa por enriquecimiento ilícito que el juez Rodolfo Canicoba Corral podría desempolvar y reactivar. Abarca las declaraciones juradas del matrimonio de 2004 a 2007. Permanece archivada, a la espera de alguna novedad que amerite la continuidad de la investigación.

En segundo lugar, hay un grupo de peritos contables, abogados y ex fiscales que analiza la posibilidad de pedir la reapertura de la causa por enriquecimiento que cerró en tiempo récord Norberto Oyarbide. Lo pretenden hacer sobre la base de un polémico antecedente: el que ordenó que se volviera a abrir el juicio de la AMIA para investigar al juez Juan José Galeano.

En tercer lugar, está la megacausa que maneja Julián Ercolini y en la que al ex presidente se lo presenta como presunto jefe de una asociación ilícita junto con funcionarios de su confianza y una decena de empresarios que hicieron y siguen haciendo negocios con este gobierno. Este expediente contiene innumerables casos. Desde los oscuros negocios con Venezuela hasta el sobreprecio en las obras públicas a favor de un grupo de empresas "cartelizadas". A semejante panorama hay que sumarle la investigación sobre la mafia de los medicamentos y la oscura financiación de la campaña electoral de Cristina Presidente 2007. La semana pasada, en su primera declaración indagatoria, uno de los involucrados, Héctor Capaccioli, se encargó de dejar en claro, también ante Oyarbide, que su jefe político se llama Néstor Kirchner.

Las balas están picando demasiado cerca. "La manera más afectiva de meter preso a un presidente corrupto es investigarlo en serio cuando abandona el poder", me dijo un fiscal que lo denunció y que renunció a su cargo después de que le recortaran sus atribuciones.

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