Autor de investigaciones periodísticas sobre sector eléctrico es
citado por presunto funcionario de policía de inteligencia e intimidado por
empresa contratista
El 18 de diciembre de 2012, la empresa contratista del sector
eléctrico nacional Derwick Associates publicó un comunicado en El Nacional,
medio impreso privado, que contenía mensajes intimidatorios y descalificativos
sobre los trabajos de investigación periodística que ha publicado César Batiz,
coordinador del política de Últimas Noticias -diario privado, de circulación
nacional-.
El 18 de diciembre de 2012, la empresa contratista del sector
eléctrico nacional Derwick Associates publicó un comunicado en El Nacional,
medio impreso privado, que contenía mensajes intimidatorios y descalificativos
sobre los trabajos de investigación periodística que ha publicado César Batiz,
coordinador del política de Últimas Noticias -diario privado, de circulación
nacional-. Los reportajes estaban relacionados con presuntos hechos de
corrupción en la compra de suministros para atender la crisis eléctrica
nacional, que se registró en Venezuela desde el 2010 y produjo recurrentes y
prolongados cortes del servicio eléctrico, en todo el país. Además, en dos
oportunidades, vía telefónica, Batiz ha sido contactado por un supuesto
funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), órgano
de inteligencia policial dependiente del Poder Ejecutivo nacional, quien lo ha
llamado a comparecer ante el organismo donde sería interrogado sobre las
fuentes citadas en sus trabajos periodísticos.
En el comunicado difundido en la página 8 del cuerpo Ciudadanos,
de El Nacional, la contratista indicó que la labor del periodista responde a
una "conducta abiertamente hostil hacia Derwick Associates, de
resentimiento y de mala praxis del periodismo por parte de Cérsar Batiz".
Asimismo, acusaron al periodista, por sus investigaciones, de participar en una
"campaña de difamatoria" emprendida contra esta organización, empresa
intermediaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) (
http://www.el-nacional.com/sociedad/DERWICK-ASSOCIATES-DIRIGE-OPINION-PUBLICA_0_101392562.html ).
Esta situación se generó luego de Batiz publicara los reportajes
"Cable pelao en la electricidad" (Últimas Noticias, 7 de agosto de
2011) y "Bariven compró con sobreprecio" (Últimas Noticias, 18 de
septiembre de 2011). Estos trabajos revelaron las "negociaciones
irregulares" que realizaron empresas (entre ellas Derwick Associates)
contratistas de PDVSA y las también estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la
Electricidad de Caracas, en las compras de equipos eléctricos para solventar
las deficiencias eléctricas a nivel nacional. Este incidente se produjo aun
cuando en Venezuela este tipo de actividades estatales deben realizarse a
través de una licitación pública, según la Ley de Contrataciones Públicas.
Los trabajos periodísticos de Batiz fueron compilados en el
reportaje Trampas eléctricas, el cual recibió, en marzo de 2012, una mención
especial en el Concurso Nacional de Reportajes de Investigación que organizó el
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela); y en septiembre de
2012, fue galardonado con una mención honorífica en el Premio Latinoamericano
de Periodismo de Investigación, propuesto por el Instituto Prensa y Sociedad
(Perú) y Transparencia Internacional. (
http://www.ultimasnoticias.com.ve/contenedormultimedia/trampas-electricas-ii.aspx).
Asimismo, el 9 de diciembre de 2012, el periodista publicó en
Últimas Noticias una nota titulada "El FBI mete el ojo (investiga) a
empresa venezolana". En el texto señalaba que esta organización busca
"información sobre empresas venezolanas presuntamente vinculadas con casos
de corrupción en el sector eléctrico y petrolero. Funcionarios de estas
instituciones han ingresado a blogs en los que se han publicado post sobre compañías
como Derwick Associates". (
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/el-fbi-mete-el-ojo-a-empresa-venezolana.aspx)
Para esta nota, el 29 de noviembre de 2012, César Batiz consultó,
vía correo electrónico, a Domingo Guzmán López, directivo de Derwick Associates
-hermano materno del dueño de Derwick Associates- y Héctor Torres, consultor
jurídico de la empresa, a fin de saber si la empresa conocía sobre "la
búsqueda de información" que adelanta el FBI. Según el comunicado
publicado el 18 de diciembre, la empresa afianzaba que "Derwick Associates
no tiene conocimiento alguno de investigación sobre nuestra empresa". Además,
agregaba que esta empresa "viene siendo objeto de una campaña de
difamación, dentro y fuera de Venezuela, por parte de personas como Oscar
García Mendoza, Alek Boyd, y otros, que han utilizado información errónea
publicada por usted (César Batiz), como parte de un conjunto de afirmaciones de
carácter difamatorio (…)".
(Nota de Coronel: lo cierto es que no se ha llevado a cabo investigación alguna de los hechos. Más que difamar, creo que lo que persiguen los denunciantes es que se investiguen debidamente los hechos. Yo lo he tratado de hacer en el caso de la gabarra Aban Pearl, sin éxito)
En la nota, además, se revela el nombre de Alejandro Betancourt,
quien fue entrevistado por Batiz y cuyas declaraciones salieron como testimonio
confidencial, a solicitud de su persona. Asimismo, César Batiz solicitaba
conocer los contratos que habían sido firmados por Derwick Associates con el
Estado venezolano, sin embargo, el comunicado indicó que esta información no se
podía divulgar debido a la suscripción de unas clausulas de confidencialidad.
Además, señalaron: "la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, en
concordancia con la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, prohíbe divulgar todo
tipo de información sobre el Sistema Eléctrico Nacional".
(Nota de Coronel: las claúsulas de confidencialidad son generalmente orientadas a proteger los componentes comerciales de una transacción. No a ocultar lo que pueda haber de ilegal o de pecaminoso en una contratación. Ello representaría la impunidad más absoluta)
Por su parte, la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico
Nacional, vigente desde 2010, en su artículo 108, establece: "Cualquiera
que indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado secretos
concernientes a la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, bien sea comunicando
o publicando los documentos, u otras informaciones concernientes al sistema,
será castigado con prisión de ocho a dieciséis años". Estas disposiciones
son contrarias al artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa,
así como también a los estándares internaciones de protección de los derechos
humanos.
(Nota de Coronel: este artículo no puede estar dirigido a ocultar lo que pueda haber de inconveniente en una negociación donde está en juego el interés nacional. Repetimos que ello sería promover la impunidad)
Para el desarrollo de sus trabajos periodísticos Batiz realizó
solicitudes formales de información pública, fundamentadas en el derecho de
petición, establecido en el artículo 51 de la Constitución al Ministro de
Energía Eléctrica, al Presidente de la empresa Bariven (Filial de PDVSA) y al
Ministro de Petróleo y Minería, y no obtuvo respuesta; por lo que el periodista
activó un recurso de reconsideración (abstención o carencia), ante la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró
inadmisible la solicitud, en abril de 2012.
(Nota de Coronel: es cierto que en estos tiempos las instituciones del Estado se encuentran, de manera incondicional, al servicio del régimen. Así no puede existir la transparencia sino, como decía el inefable Carrasquero, la "tramparencia" ).
De igual manera, el comunicado agregó: "DerwickAssociates no
puede hacer público los contenidos de los contratos que ha firmado con
instituciones del Estado venezolano, porque en cada uno hay cláusulas de
confidencialidad que lo impiden. Es potestad de cada organismo decidir si
difunde o no los contenidos de cada contrato. Por lo tanto, debe dirigirse a
los organismos correspondientes a solicitar esta información". Las
cláusulas referidas por la empresa son contrarias al derecho constitucional de
acceso a la información pública y al carácter público que debe regir los procesos
de contrataciones por parte de empresas estatales, de acuerdo con la Ley
Orgánica de Contrataciones Públicas.
El 12 de junio de 2012, César Batiz introdujo ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (poder judicial venezolano) un recurso
de revisión constitucional por la decisión que tomó la Sala Político
Administrativa , vinculada a la petición de información pública que el
periodista formuló al ministro Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y que no fue
respondida. (http://www.ipys.org.ve/novedad?id=2922). Hasta
la fecha el TSJ no ha dado respuesta.
(Nota de Coronel: la falta de respuesta oportuna es una característica de este régimen)
Sobornos para silenciar las investigaciones
Durante su proceso de investigación periodística, César Batiz se
dirigió a la sede de la empresa Derwick Associates, en Caracas en agosto de
2011, y le dijeron que no lo podían atender porque no le habían dado una cita
previa. Según el relató que ofreció a Ipys Venezuela, unos guardaespaldas lo
sacaron del lugar.
Durante todo este tiempo el periodista ha recibido amenazas,
presiones e intentos de soborno. Según contó a Ipys Venezuela, el 6 de agosto
de 2011, mediante una llamada telefónica de un tercero, una persona ofreció
dinero para que el reportero no continuara investigando sobre el tema.
De igual manera, el 19 de diciembre de 2012 recibió una citación,
vía telefónica, de parte de un supuesto comisario del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN), adscrito también a la Corporación Eléctrica
Nacional (Corpoelec), empresa adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica. De
manera, intimidante -según la descripción de Batiz- también, le dijo que la Ley
de Seguridad y Defensa de la Nación lo facultaba para notificarlo vía
telefónica, y que necesitaban que se presentara en la sede del SEBIN, ubicada
en el sector de Plaza Venezuela, en Caracas- o en la sede principal de
Corpoelec, ubicada también en la capital.
Igualmente, en noviembre de 2012, el mismo comisario había llamado
a la casa de la madre del periodista, para preguntar por él. Además, dijo que
estaban investigando sobre unos reportajes que Batiz había publicado. Días
después, Batiz y el funcionario conversaron, vía telefónica de manera cordial,
y el comisario le expresó que deseaban reunirse con él para saber de dónde él
obtenía la información sobre este caso. La solicitud del funcionario resulta
contraria a la protección del secreto de las fuentes de información
periodística, garantizado en el artículo 28 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del
Periodismo.
En la misma llamada el supuesto funcionario le manifestó que el
SEBIN estaba realizando un "proceso administrativa", sobre el caso,
pero no ofreció detalles sobre a quién estaría dirigida dicha investigación. El
funcionario le dijo que si se podía acercar a la oficinas de esta dependencia
de inteligencia, a lo que Batiz le contestó que acudieran al periódico para
hablar sobre el asunto. Posteriormente, Batiz llamó al funcionario y le
consultó por qué no había asistido al periódico, y éste le contestó que el
ministro para la Energía Eléctrica, Héctor Navarro, no lo había autorizado para
acudir a la cita convenida, y que luego él lo llamaría para coordinar.
Previo a estos hechos, luego de las 2 primeras publicaciones sobre
el caso, Nelson Rivera, presidente de la agencia de comunicaciones estratégicas
Cuaderna Vía Comunicaciones, y miembro del Consejo Editorial de El Nacional,
que ofrece el servicio de asesoría a Derwick Associates, se acercó a Luz Mely
Reyes, quien para el momento era jefe de investigación en Últimas Noticias y
jefa inmediata de Batiz, abogando a favor de los representantes de la
contratista de PDVSA. En esos mismos días tuvo un encuentro personal con Batiz,
en los mismos términos. También, fueron publicados varios comunicados en medios
impresos nacionales en defensa de la reputación de la empresa contratista.
(Nota de Coronel: los comunicados de la empresa son lícitos y reflejan un deseo lógico de defender su reputación. La mejor defensa sería una investigación imparcial de los hechos y transacciones. Lo cierto es que PDVSA actúa de manera totalmente arbitraria y poco profesional. El país tiene razon para desconfiar de su transparencia).
Batiz, también, contó que después del 18 de septiembre de 2011,
recibió una propuesta de soborno, en la que le ofrecieron un cargo directivo en
un medio digital privado con sede en Caracas y con proyección latinoamericana,
a fin de que abandonara sus investigaciones sobre las irregularidades en las
contrataciones del sector eléctrico nacional, con la condición específica de
que "no podía volver a mencionar a Bariven". Le ofrecieron un pago
por adelantado de 200 mil bolívares (un poco más de 46 mil dólares), más un
salario mensual de 50 mil bolívares (alrededor de 11 mil 600 dólares), por 12
meses de trabajo garantizado.
(Nota de Coronel: esta acusación de Batiz es muy grave y debe ser investigada)
Ante estos incidentes el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela,
exhorta al Estado venezolano a garantizar las medidas necesarias para que el
periodista César Batiz, así como demás miembros del gremio, realicen sus
labores de investigación periodística sin ningún tipo de riesgo, según los
lineamientos constitucionales.
( Nota de Coronel: Sin prejuicio, apoyamos el pedido del Instituto. Simpatizo con los esfuerzos que hacen los periodistas de establecer la verdad en casos de grandes contratos de interés nacional. Debo decir que la PDVSA actual es un centro de actividades ilícitas y frecuentemente lesivas al interés nacional. No digo que el caso objeto de esta nota pertenezca a ese grupo sino que puede y debe ser investigado).
Que arrojaría un análisis de las compras del sector militar? Desde las compras del rancho hasta las del armamento, pasando por uniformes, papelería, etc. Etc.
ResponderEliminarLuis