Persiguiendo corruptos venezolanos en USA

Al llegar a USA, en 2003, me pregunté:  ¿Que puede  hacer un anciano venezolano fuera de su país para colaborar con el restablecimiento de la democracia y la justicia en Venezuela, ya incapaz de asistir a marchas o  de ir a programas de televisión en Venezuela, tirar piedras  o  tratar de darle una patada por el fundillo a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro?

Encontré algo que hacer. Me he dedicado  a seguirle los pasos a  nuestros grandes corruptos, especialmente los petroleros, a fin de  suministrar a las autoridades de países donde tienen su dinero mal habido toda la  información que puedo lograr sobre ellos. Es una labor de aficionado, por la cual nunca he recibido, ni he pedido, dinero alguno.  He emprendido esta actividad desde hace  años, convencido de que en Venezuela no existe justicia y posiblemente no existirá en el futuro previsible. Ello significa que unos 600 grandes ladrones venezolanos, civiles y militares, tienen en bancos del exterior una suma que se estima en unos $300.000 millones. 600 es un estimado arbitrario pero que refleja la magnitud del saqueo que ha existido en Venezuela durante el chavismo/madurismo.

Además de seguirle la pista a esos ladrones de cuello blanco, particularmente los gerentes y exgerentes de PDVSA y a sus contratistas favoritos, me mantengo razonablemente bien informado sobre lo que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, organismo que está llevando a cabo una encomiable labor de perseguir y enjuiciar a ladrones de todo el mundo con negocios o activos en los Estados Unidos.

FCPA, el Acta sobre Prácticas Corruptas Extranjeras,  es una ley Federal de USA relacionada  con los sobornos hechos por empresas en USA a funcionarios extranjeros.  Esta ley se ha venido aplicando de manera más y más agresiva por el Departamento de Justicia y por el Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, no solo para perseguir a empresas corruptas sino también a sus gerentes y empleados. Por supuesto, encuentra toda clase de obstáculos. El principal obstáculo tiene que ver con la definición de funcionario extranjero relacionado con los Estados Unidos. Esto a veces no es fácil de establecer, como lo demostró el caso USA vs Vassilieve, en el cual el Departamento de Justicia acusó a dos funcionarios extranjeros de sobornar a un gerente de la Organización de Aeronáutica Civil de las Naciones Unidas. A pesar de no tener una relación directa con los Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó a Vassilieve de sobornos relacionados con un programa federal de los Estados Unidos. La Corte ordenó el cese del juicio y el juez de la causa ofreció un comentario que debe ser aleccionador para quienes traten de aplicar las leyes de USA de manera extraterritorial, según nos dice el profesor  Mark Koehler, de la Universidad de Southern Illinois, quien tiene un programa muy didáctico llamado FCPAprofessor.com  

Dijo el juez: “ ¿Cómo pueden ustedes utilizar recursos de la Oficina del Fiscal general de los Estados Unidos para acusar a empleados extranjeros de una empresa extranjera, involucrados en conductas extranjeras, llevando a cabo actividades extranjeras, las cuales no tienen relación directa con el aporte de los Estados Unidos en esa empresa? ”.  Esto es una advertencia para quienes están investigando a pajarracos venezolanos en los Estados Unidos. Será necesario demostrar una relación directa de los crímenes de los pajarracos con los intereses de USA para establecer jurisdicción. Un reciente juicio en contra de los dueños de la empresa Derwick Associates fue descontinuado en Nueva York, simplemente porque no se pudo establecer que los acusados de Derwick  eran residentes de Nueva York.

A pesar de estas limitaciones la actividad del Departamento de Justicia se ha incrementado en los años recientes y ahora involucra no solo a las empresas sino a sus gerentes quienes estén directamente involucrados en los hechos presuntamente criminales.

En 2016 esta fue la actividad relacionada con Venezuela:

EMPRESAS

HMT LLC, con sede en Texas, constructora de tanques de almacenamiento de Petróleo y Gas. Esta empresa pagó sobornos por montos de $500.000 en Venezuela y fue obligada a pagar una multa de $2.7 millones

- Ver: http://www.fcpablog.com/blog/2016/9/30/doj-breaks-new-ground-with-two-declinations-with-disgorgemen.html#sthash.FoR8gZtN.dpuf

ODEBRECHT/BRASKEM, un conglomerado de construcción basado en Brasil y su filial petroquímica se declararon culpables de sobornos a funcionarios de empresas estatales en 11 países del mundo, incluyendo a Venezuela, donde desembolsaron casi $100 millones a funcionarios chavistas para obtener contratos. Fueron multadas en $3500 millones, la suma más grande jamás impuesta a empresa alguna por el Departamento de Justicia de USA

PERSONAS

Iuri Rodolfo Bethancourt (Abril 8) De Direct Access Partners se transó con la Security Exchange Commision sobre sobornos pagados a un ex-funcionario de un banco del Estado venezolano

Benito Chinea (Abril 8) de Direct Access Partners se transó con la Securities Exchange Commision sobre sobornos pagados a un ex-gerente de un banco del estado venezolano. Fue obligado a pagar $42.5 millones   

Tomas Alberto Clarke Bethancourt (Abril 8) de  Direct Access Partners se transó con la Securities Exchange Commision sobre sobornos pagados a un ex-Gerente de un banco del estado venezolano. Fue obligado a pagar $42.5 millones  

Joseph DeMeneses (Abril 8) de Direct Access Partners, se transó, en todo igual a los anteriores

José Alejandro Hurtado (Abril 8) de Direct Access Partners, se transó, en todo igual a los anteriores

Ernesto Lujan (Abril 8) de Direct Access Partners, se transó, en todo igual a los anteriores

Haydee Leticia Pabón (Abril 8) de Direct Access Partners, se transó, no fue obligada a pagar.

Abraham José Shiera Bastidas (Marzo 22), 52, de Coral Gables, Florida, se declaró culpable en una corte federal de violar la FCPA y cometer fraude, sobornando funcionarios de Petróleos de Venezuela para obtener contratos.  Esperando sentencia

Moisés Abraham Millán Escobar (Marzo 22), 32, de Katy, Texas,  ex-empleado de Shiera, se declaró culpable de violar las regulaciones del FCPA y de sobornar a empleados de PDVSA

Roberto Enrique Rincón Fernández (Junio 16) de The Woodlands, Texas, se declaró culpable en una corte federal de Houston de sobornar a  gerentes de la empresa del estado venezolana, PDVSA, a fin de obtener contratos y acelerar los pagos.  Admitió violar la FCPA y de mentir en sus declaraciones de impuestos de 2010. Espera sentencia.

María de los Ángeles González de Hernández (Enero 18), 57,  una ex-vice presidente del  Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES,  fue sentenciada por recibir sobornos de al menos $5 millones de la empresa Direct Access Partners de Wall Street, a fin de generarles negocios.  Ya había cumplido con 16 meses de su sentencia y fue condenada luego por violación del FCPA y por lavar dinero y obligada a  retornar $5 millones.

José Luis Ramos Castillo, 38, Christian Javier Maldonado Barillas, 39,  y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, 53 (Marzo 22), todos de  Katy, Texas,  ex-empleados de Petróleos de Venezuela. Se declararon culpables de una conspiración para lavar dinero.  Cuando trabajaban para PDVSA recibían sobornos de Abraham Shiera a fin de otorgarle contratos. Gravina también admitió falsificar sus impuestos de 2010.

Ver:  http://www.fcpablog.com/blog/2017/1/3/the-2016-fcpa-enforcement-index.html#sthash.yiwi1nVe.dpuf

Por supuesto, todavía faltan los grandes nombres, los que todos conocemos: son los familiares de Chávez y de Maduro, los  ministros, los presidentes de empresas del Estado y toda la jauría que ha manejado los poderes públicos en estos últimos 17 años. Ellos pertenecen al grupo de  esos 600 ladrones que deben ir a prisión. Yo le pido a mis compatriotas que, si tienen alguna información concreta (no rumores o chismes) sobre ellos, lo hagan conocer a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional o, si lo desean, a mi email: coronel.gustavo@gmail.com, que yo procesaré esa denuncia y la haré llegar a los organismos que la puedan llevar a su culminación. 

La corrupción no es un concepto abstracto, tiene nombre y apellido. El corrupto pretende obtener en minutos, a través de un soborno o una extorsión, lo que a la persona honesta le tomaría una vida de trabajo recibir. Eso no es tolerable y debe ser pagado con prisión, confiscación de bienes y repudio social.