Demandan en Houston a Eulogio del Pino, Rafael Ramírez y cómplices por intentos de extorsión millonaria

**** Según reza la demanda tres empresas, Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y PERTAMINA fueron objeto de ese intento de extorsión: o nos pagan $10 millones o no hay negocio

La empresa Harvest  acaba de introducir una demanda en Houston, ver texto completo en:      https://globalinvestigationsreview.com//digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf  en contra  de Eulogio del Pino, Rafael Ramírez, Juan José Mendoza García, de PetroConsultores y  a alguien llamado José Ángel González Acosta, de PDVSA (no hemos encontrado información sobre este personaje en Internet), por intentos de extorsión millonaria que le impidieron a la empresa demandante concretar la venta de sus activos en Venezuela. Según la empresa demandante  los demandados y sus cómplices llevaron a cabo durante diez años una conspiración a fin de extorsionar a empresas petroleras que deseaban hacer negocios con PDVSA

Como resultado de estos persistentes intentos de extorsión por parte de los demandados del Pino, Ramírez, Mendoza García y González, la empresa Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela, perdiendo casi $500 millones por ello.

La narrativa de la empresa demandante describe a Juan José Mendoza García, residente de Florida, USA,  como el dueño de las empresas Petro Consultores y Azure, quien – dicen – llevaba a cabo sus actividades de extorsionista bajo el manto de tales empresas. Menciona a José Ángel González Acosta como un miembro del Comité Ejecutivo de PDVSA (?)  y describe a Ramírez y del Pino como ex-ministros de Energía y Petróleo y ex-presidentes de PDVSA, cargos que cada uno de ellos desempeñó simultáneamente, Ramírez hasta 2014, del Pino hasta 2017. 

El modus operandi, según la empresa demandante, era simple y brutal. Narra que en Noviembre 2012 Juan José Mendoza García (llamado García en la demanda) se reunió con Juan Francisco Clérico, un director de Harvest-Vinccler en Caracas y le pidió $10 millones en nombre de Rafael Ramírez para aprobar la venta de los activos de la empresa, la cual ya estaba pactada con la empresa PERTAMINA de Indonesia. En vista de esto, el presidente de la empresa demandante se reunió en Florida con el Sr. Mendoza García, quien le reiteró el pedido de la comisión de $10 millones para Ramírez. Y en Diciembre del mismo año 2012 la empresa PERTAMINA, de Indonesia, le confirmó a la empresa demandante que ellos también había sido objeto del intento de extorsión.  En Febrero 2013 Rafael Ramírez fue entrevistado por Bloomberg sobre esta operación y dijo, de manera poco sutil: “Ya tanto el vendedor como el comprador saben lo que tienen que hacer para obtener la aprobación gubernamental”.

En vista de esto, afirma la demanda, las dos empresas decidieron cancelar la operación antes de pagar el soborno.

Un segundo intento de Harvest de vender sus activos a la empresa PetroAndina (Plus Petrol) sufrió igual suerte. Los demandados demoraron la aprobación cambiando los parámetros de la transacción de manera arbitraria. En el otoño de 2014 el Vicepresidente de la empresa potencialmente adquiriente de los activos de Harvest (Plus Petrol) fue contactado por Mendoza García, quien intentó extorsionarlo de la misma manera que lo había hecho durante el intento de venta a PERTAMINA. En vista de que ambas empresas se negaron a pagar el dinero esta operación tampoco contó con la aprobación del gobierno de Venezuela. Hacia fines de 2014 el Sr. González, miembro del Comité Ejecutivo de PDVA, se reunió con Francisco Pulit, de la empresa que deseaba comprar los activos de Harvest y le notificó que un “soborno” eliminaría todos los impedimentos para llevar a cabo la transacción. De nuevo, las empresas se negaron a pagar la extorsión.

La demanda de Harvest exige el pago de tres veces la cantidad perdida  debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno de Venezuela, lo cual lleva el monto a unos $1500 millones.

Como se podrá ver, independientemente de lo que pueda suceder en los tribunales, esta acusación concuerda con lo ya denunciado en múltiples ocasiones por el suscrito sobre numerosos actos de gran corrupción en PDVSA así como por acuciosos investigadores del desastre petrolero venezolano como Alek Boyd, Marlbort Petit, Cesar Batiz, Steven Bodzin, Miguel Octavio y Daniel Duqenal, por la Asamblea Nacional de Venezuela y por las demandas en contra de PDVSA y de contratistas de PDVSA como Roberto Rincón y Derwick Associates hechas por el gobierno de Estados Unidos y por personas como Roger Noriega y Thor Halvorssen. Las recientes capturas de Nervis Villalobos, Diego Salazar, Rafael Reiter y otros miembros del grupo de Rafael Ramírez confirman que parece haber existido una pandilla de malhechores a los más altos niveles de la empresa PDVSA y del Ministerio involucrada en extorsión y lavado de dinero, pandilla cuyo desmantelamiento está en marcha. 

Durante estos años PDVSA ha sido el centro financiero de Venezuela y su presidente uno de los tres o cuatro burócratas hombres más poderosos del país. Es  imposible pensar que estos desmanes denunciados desde múltiples fuentes hayan sido llevados a cabo sin el conocimiento de quien ocupaba la presidencia del país, primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, quienes son responsables principales de este inmenso crimen.

Un régimen podrido como el chavista, desde 2000, hasta hoy, debe ser castigado con todo el peso de la ley, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Si no hay un Nuremberg venezolano surgirán los vengadores, los Simón Wiesenthal venezolanos.