ALMAGRO DA UN PASO TRASCENDENTAL
CARTA DEL
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, LUIS ALMAGRO, EN LA CUAL SE PIDE LA INMEDIATA
SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO
En una
detallada carta de 75 páginas el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
pide la suspensión inmediata de Venezuela del Sistema Interamericano. Este
excepcional documento es aplastante y demuestra claramente la inmensa magnitud
de la tragedia venezolana. En sus conclusiones Almagro dice:
“los valores de la Organización y de nuestros países no permiten compartir
la mesa del Consejo Permanente ni de otros órganos de la OEA con un gobierno
que rompe el orden democrático, que viola con impunidad los derechos de sus
nacionales, que mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, que
tortura, que roba, que corrompe, que trafica drogas y que mantiene a su
población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para
subsistir. Al proponer la suspensión del Gobierno de Venezuela de las
actividades de la Organización lo hago con la convicción de que lo será por un
breve lapso. Venezuela siempre será parte de la OEA y su presencia es
fundamental para todos los países y para la Secretaría General. Para ello sólo
será necesario que su próximo Gobierno vuelva a compartir los valores en común
que son condición imprescindible para pertenecer a la Organización. Al proponer
al Consejo Permanente que considere la decisión de la suspensión lo hago
poniendo por delante los principios y el valor superior de las víctimas,
encarnadas en el pueblo venezolano. Se trata de uno de esos momentos en que los
países y las personas debemos poner por delante nuestros valores por sobre los
intereses nacionales o personales. Aprobar la suspensión del desnaturalizado
Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este
momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su
futuro y por la justicia”.
Este es un
paso trascendental.
A continuación
unos extractos de la carta que hemos considerado de especial importancia. El
texto completo sería demasiado largo para publicarlo aquí.
EXTRACTOS
DE LA CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA LUIS ALMAGRO
“Los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de la
Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son
valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante
nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo. Nuestros
esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo
venezolano conforme a lo que establece el artículo 1 de la Carta Democrática
Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”
En la
redacción de este informe hay tres certezas: - la objetividad de los hechos
recogidos en estas páginas; - la importancia de los principios interamericanos,
y - la convicción de que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el
sistema de gobierno en Venezuela.
el diálogo
ha fracasado. No podemos permitir que la premisa del diálogo siga siendo
utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario
de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela. Diferentes sectores
políticos venezolanos, especialmente aquellos más afines al Gobierno, incluidos
algunos sectores opositores, así como parte de la comunidad internacional han
intentado presentar un mecanismo de diálogo como la solución a la crisis
humanitaria, social, económica, financiera y política al pueblo venezolano. Ese
mecanismo de dialogo fue decisivamente funcional a la estrategia del Gobierno
de sostenerse en el poder a partir de reiteradas y continuadas violaciones a la
Constitución. Esas violaciones a la Constitución tuvieron efectos devastadores
sobre los derechos del pueblo y de los representantes electos por la gente. El
pueblo de Venezuela se enfrenta a un Gobierno que ha dejado de ser responsable.
La Constitución ha dejado de tener sentido.
El estado de
derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial
completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley
aprobada por la Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales
o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales. Hoy en
Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si
el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si
lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal.
El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que
niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido instrumentados y
ejecutados en paralelo a un proceso de mediación que vio por esta razón
socavada su credibilidad .
Es hora de
que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con resultados
concretos, que el llamado al retorno a la democracia en Venezuela no tenga
ambigüedades y no quede sepultado en intereses coyunturales. En los meses
transcurridos desde nuestro último debate, el Sistema Interamericano y la
comunidad internacional han recurrido a todos los instrumentos disponibles para
contribuir al restablecimiento del orden constitucional y las instituciones
democráticas de Venezuela.
El artículo
1 establece que "Los pueblos de América tiene derecho a la democracia y
sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". El Capítulo IV de
la Carta esboza las opciones de recurso. Los artículos 17, 18 y 19 atribuyen al
Consejo Permanente el primer paso respecto de esa responsabilidad de ejecución.
En el artículo 20 se esbozan las diversas medidas para un posible recurso, y se
faculta al Consejo Permanente para "disponer la realización de las
gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover
la normalización de la institucionalidad democrática". Cuando "las
gestiones diplomáticas resultaren infructuosas", “el Consejo Permanente
convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General”. El artículo 21 estipula el procedimiento para una posible suspensión
cuando "las gestiones diplomáticas han sido infructuosas". El
artículo 22 esboza el proceso de votación para el levantamiento de la
suspensión, una vez superada la situación que motivó la suspensión. La Carta
Democrática ha sido invocada por los Estados Miembros en siete ocasiones y el
artículo 21 activado una vez, en el caso de un golpe de estado. La solidaridad
regional no puede existir a costa de los abusos contra los derechos humanos y
la destrucción de las instituciones democráticas. De hecho, ocurre exactamente
lo contrario. En cada uno de esos casos, todos los Estados Miembros cooperaron
para apoyar al Estado afectado sosteniendo que la Carta Democrática da mayor
firmeza al principio de solidaridad regional.
DIÁLOGO
La democracia requiere diálogo, pero es
preciso reiterar que para obtener resultados satisfactorios, el diálogo debe ir
acompañado de acciones. Estos esfuerzos diplomáticos se hicieron desde mayo de
2016 a febrero de 2017 y las propuestas de mediación surgieron en muchas
partes. En la sesión del Consejo Permanente del 5 de mayo, se ofrecieron los
buenos oficios del CP de la OEA, los cuales fueron rechazados [por el régimen]
en términos groseros y descalificadores.
La
participación de la Santa Sede se ha convertido en una excusa para que los
Estados Miembros de la OEA se retiren, esperando un progreso que no se va a
materializar nunca. Es hora de que se reconozca el fracaso del diálogo como
proceso para restaurar la democracia y la prosperidad de la población. El
diálogo fue en realidad una herramienta para consolidar las peores variables
autoritarias del régimen en la dimensión nacional y para no asumir compromisos
de denuncia y presión internacional en el ámbito externo.
REVOCATORIO
Un estudio
de 153 países y 213 elecciones, publicado por la Universidad de Harvard en
septiembre del año 2016, encontró que la percepción de integridad electoral en Venezuela
es “baja o muy baja”. Asimismo, en el reporte Freedom in the World 2017 de la
organización sin fines de lucro Freedom House, Venezuela obtiene una calificación
de seis en lo que se refiere a los derechos políticos, lo cual significa que el
país es considerado como ‘no libre’ en esta categoría, que incluye el análisis
de procesos electorales. Freedom House aduce que el Presidente Maduro, a través
de la cooptación del Poder Judicial, bloqueó el referendo revocatorio “y en la
práctica cortó en seco la única vía conducente a un cambio ordenado de
líderes”. Otras organizaciones internacionales sin fines de lucro apoyan la
hipótesis de la manipulación e intervención del Gobierno para prevenir la
realización del referendo revocatorio. Por ejemplo, el International Crisis
Group (ICG) argumenta, "Al utilizar su control del Poder Judicial y de la
Autoridad Electoral (CNE) para bloquear un referendo revocatorio presidencial
en 2016, el Gobierno se ha asegurado de que no hay medios constitucionales para
sacarlo del poder antes de las elecciones presidenciales programadas para
diciembre de 2018".
PRESOS
POLÍTICOS
Un preso político es una persona que ha sido
encarcelada por sus creencias o acciones políticas, porque se ha opuesto o ha
criticado al Gobierno. Los principios democráticos simplemente no permiten el
arresto ni la detención de una persona por sus ideas. La criminalización de las
protestas, el hostigamiento y el encarcelamiento de los opositores son
prácticas típicas de un Estado opresor y las personas detenidas por el Gobierno
venezolano por estas razones son presos de conciencia. El Gobierno venezolano
ha demostrado un comportamiento sistemático de abuso contra quienes se atreven
a expresar una opinión contraria a la del Gobierno. Los opositores políticos y
los críticos del Gobierno continúan enfrentándose a penas de cárcel y el número
total de presos políticos, en cualquier momento dado, ha ido en aumento ya que
el Gobierno arresta, detiene y pone en libertad a sus opositores como le place.
Los arrestos arbitrarios, la detención de personas sin que tengan acceso a su
familia o a asesoramiento jurídico, las detenciones secretas, las condiciones
carcelarias inadecuadas, los juicios injustos y la tortura son violaciones
extremas del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre que garantiza que "todo ser humano tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona"
El preso
político más emblemático sigue siendo Leopoldo López Mendoza, fundador y
director general del partido político Voluntad Popular, quien está preso en el
Centro de Procesados Militares en Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda, desde
el 18 de febrero del 2014, luego de ser injustamente acusado de instigación
pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. El
Ministerio Público basó su acusación en el discurso político de López y sus
supuestos mensajes subliminales. Fue condenado a 13 años, 9 meses y 12 horas de
prisión. El 16 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia ratificó
dicha sentencia como firme, denegando de esta manera cualquier posibilidad de
apelación. La celda en la que se encuentra Leopoldo López, mide 2,60 m por 2,70
m. En este espacio permanece desde que fue sentenciado. No tiene contacto con
otros presos, no le permiten caminar por los pasillos o el patio, y solo cuando
no está “castigado” lo sacan una hora al día. Los guardias tienen prohibido
hablar con él y sólo se limitan a pasarle la comida por la rendija de la puerta
de su celda. Leopoldo López no escucha a nadie durante el día, sino solo los
sonidos propios de una cárcel. Le han quitado los libros y solo puede leer un
libro semanal y la Biblia
El pasado 9
de enero, Nicolás Maduro creó una estructura de represión a la que ha
denominado “Comando Antigolpe”, integrada por el Vicepresidente Tareck el
Aissami, la ex Ministra de la Defensa Carmen Meléndez, el Ministro de la
Defensa, Vladimir Padrino López, el General Néstor Reverol, el diputado
Diosdado Cabello, el General Gustavo González López, Iván Rafael Hernández y
Vega González, todos señalados en la denuncia interpuesta en la Corte, como
cabezas de mando e incluso señalados directamente como autores intelectuales de
torturas de víctimas que reposan en el citado organismo. Esta nueva estructura
es ahora la encargada de vigilar la “seguridad ciudadana y la paz social”, y en
tan solo 72 horas de su conformación, detuvo a cinco dirigentes políticos de
los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, incluyendo al Diputado de la
Asamblea Nacional Gilber Caro.
DETERIORO
DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
El deterioro
del sistema democrático en Venezuela es la causa directa de la crisis económica
y humanitaria. Toda ruptura del orden constitucional, del imperio de la ley y
del orden democrático debilita el sistema de gobierno y crea condiciones de
crisis y vulnerabilidad. La crisis política ha llevado a una disfuncionalidad
estructural. Venezuela debería ser uno de los países más ricos del Hemisferio.
En cambio, la inflación sigue aumentando y alcanza niveles inauditos; el PIB va
en caída libre; los niveles de pobreza sin precedentes son cada vez más
extensos; los niveles de malnutrición se extienden a escala nacional; vuelven a
surgir enfermedades anteriormente como la difteria, y el país sufre de uno de
los índices más altos de crímenes violentos en el mundo.
PDVSA
Venezuela
cuenta con uno de los recursos geológicos más abundantes del planeta. PDVSA
representa más del 90 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela y el
12 por ciento de su PIB, por lo que comprender la situación de la petrolera
nacional es fundamental para comprender lo que ocurre en Venezuela. Las
reservas probadas de crudo del país se encuentran entre las más considerables
del planeta, incluso atendiendo a cálculos conservadores. Durante la última
década, el país desperdició una extraordinaria oportunidad para aumentar la
inversión y la producción. En vista de los elevados precios del petróleo que
imperaban en ese período, las enormes reservas de petróleo del país podrían
haber sido monetizadas mediante el rápido aumento de la producción con un
amplio margen de rentabilidad. En cambio, la producción disminuyó
constantemente debido a la falta de inversión en los nuevos proyectos
petrolíferos no convencionales y a la incapacidad para compensar la disminución
de los antiguos campos convencionales. Es una historia trágica de un gran
potencial acompañado de una pésima actuación. Entre 2010 y 2015, la producción
de petróleo experimentó una disminución diaria de 253.000 barriles, lo que
representa un ocho por ciento. En particular, la producción cayó un 24,3 y un
15,8 por ciento en las regiones oriental y occidental tradicionales (crudo
liviano y de grado medio) y sólo aumentó un 12,0 por ciento en la Faja
Petrolífera del Orinoco (crudo pesado y extra pesado). La producción en los
campos operados exclusivamente por PDVSA disminuyó un 27,5 por ciento, mientras
que en los campos operados por empresas conjuntas se registró un aumento del
42,3 por ciento. El servicio de la deuda de PDVSA casi se decuplicó y alcanzó
los 10.200 millones de dólares en el período de 2010 a 2015, mientras que la
deuda financiera total aumentó un 75 por ciento, cifrándose en unos 45.000
millones de dólares. Se observó que PDVSA experimenta continuamente grandes
dificultades para aumentar las inversiones de capital con el fin de detener la
disminución de la producción, y no hablemos ya de cumplir los objetivos de
producción. A ello deben agregarse también los numerosos desafíos operacionales
que enfrenta PDVSA, entre los que destacan la escasez de insumos; la
ineficiencia de las perforaciones; las inadecuadas instalaciones de gas y
energía; la insuficiencia de infraestructuras de elaboración secundaria
(refinerías, unidades de mejora, etc.); riesgos en materia de seguridad, medio
ambiente y criminalidad, así como la gestión corporativa de la entidad, y la
política industrial.
LA CRISIS
HUMANITARIA
El 22 de Julio de 2016, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que
lamentaba “la apremiante situación de agudo desabastecimiento y escasez de
medicamentos, insumos médicos y alimentos en Venezuela. Esta situación ha
conducido a un deterioro muy significativo de las condiciones de vida en el
país y a un incremento de la violencia, lo que resulta en daños para la salud,
la integridad personal y la vida de las personas, en detrimento de los derechos
protegidos por los instrumentos interamericanos y universales de derechos
humanos”. Desde la publicación del primer informe del Secretario General y del
Comunicado de la CIDH, la situación que vive Venezuela en cuanto a la salud y
la alimentación ha empeorado significativamente y solo puede describirse como
alarmante y en necesidad de una urgente acción por parte de las autoridades y
otros actores nacionales e internacionales. En enero de 2017, el precio de la
Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 621.106,98 bolívares, un aumento del
14 por ciento respecto del mes anterior y 481,8 por ciento más respecto del mes
de enero de 2016. Se requieren 15,3 salarios mínimos (40.638,15 bolívares) para
poder adquirir la canasta.71 Según el Centro de Documentación y Análisis Social
de la Federación Venezolana de Maestros, leche en polvo, carne de res,
margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arvejas,
lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a
precio regulado, harina de maíz, café, mayonesa, jabón de baño, detergente,
lavaplatos, compotas, Nenerina, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias,
toallitas, servilletas, leche condensada, leche líquida de un litro,
suavizante, desodorante, afeitadora desechable, crema dental, champú, jabón, e
insecticidas presentan problemas de escasez
SALUD
En una
entrevista para Venevisión el 7 de diciembre de 2016, el presidente de la
Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró que la red pública
de hospitales tiene problemas estructurales y financieros muy graves, debido a
la escasez de insumos, medicinas y recursos económicos. “Toda la red pública
está en bancarrota, lo que se traduce en una crisis sanitaria y asistencial”,
indicó Natera. El presidente de la Federación señaló que los centros
asistenciales tienen solo tres por ciento de los insumos médicos; debido a eso,
los pacientes y familiares deben comprar la mayoría de los materiales para ser
atendidos en un hospital. “Los pacientes deben llevar gasas, sueros e incluso
comida […]. Hay una privatización disfrazada del sistema de salud en
Venezuela”, agregó.76 En otra conferencia de prensa celebrada el 4 de enero de
2017, el presidente de la Federación aseguró que la escasez de insumos médicos
quirúrgicos en los hospitales venezolanos ronda el 98 por ciento. El Doctor
Natera aclaró que “el holocausto de la salud es instalado por el Gobierno. Se
nos mueren los pacientes de mengua en los hospitales por falta de insumo
SEGURIDAD
la situación
de inseguridad que vivió el país siguió deteriorándose. La Encuesta sobre
Condiciones de Vida Venezuela 2016 revela que 94 por ciento de los encuestados
piensan que la violencia ha aumentado; 21 por ciento de los entrevistados dicen
haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses; 60 por ciento de ellos
temen ser atacados o robados en su vivienda; 66 por ciento, en las calles
durante el día y 80 por ciento, en los medios de transporte.
Venezuela
cerró el año pasado con más de 28.000 muertes por violencia en el país,
padeciendo de una tasa de homicidios de 91 por 100,000 habitantes, según el
Observatorio Venezolano de Violencia.85 Ya en el año 2014, la ciudad de Caracas
se había convertido en la ciudad más violenta del planeta, según el índice de
las 50 ciudades más violentas del mundo publicado por la ONG mexicana, el
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP). En
2015, la tasa de homicidios en la capital alcanzó 120 por 100,000 según InSight
Crime.
DROGAS
El 13 de
febrero de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Vicepresidente de Venezuela, Tareck
Zaidan El Aissami Maddah, como un "traficante de narcóticos especialmente
designado con arreglo a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del
Narcotráfico Internacional, por tener un importante papel en el narcotráfico
internacional". De acuerdo con un comunicado de prensa de ese
Departamento, "El principal testaferro de El Aissami, el nacional
venezolano Samark José López Bello, también fue designado por proveer
asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las
actividades internacionales de narcotráfico y actuar por, o en nombre de El
Aissami". El Departamento del Tesoro designó o identificó como propiedad
bloqueada 13 compañías que eran propiedad o estaban controladas por López Bello
u otras partes designadas, las que constituyen una red internacional que abarca
las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y
Venezuela. La congelación de activos impide al Vicepresidente tener acceso a
una fortuna estimada en 3.000 millones de dólares. Según el Departamento del
Tesoro, el vicepresidente "facilitó el transporte de narcóticos desde Venezuela,
incluido el control de aviones que salen de una base aérea venezolana, así como
el control de las rutas de tráfico de drogas a través de puertos
venezolanos". En sus cargos anteriores, supervisó o fue propietario de
parte de cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela en
múltiples ocasiones, incluidos cargamentos cuyos destinos finales eran México y
Estados Unidos. También facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes
que operan en Venezuela. Específicamente, El Aissami recibió pagos por la
facilitación de cargamentos de drogas pertenecientes al narcotraficante
venezolano Walid Makled García. El Aissami también está vinculado a la
coordinación de cargamentos de drogas destinados a Los Zetas, un violento
cartel de drogas mexicano, además de brindar protección al narcotraficante
colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermagoras
González Polanco". El Aissami es simplemente el último funcionario de alto
rango del Gobierno venezolano acusado de narcotráfico. El 1 de agosto de 2016,
fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra dos ex altos
funcionarios de la agencia antidrogas de Venezuela. Uno de esos funcionarios,
Néstor Reverol, había sido director general del órgano de lucha contra los
narcóticos y había sido el comandante de la Guardia Nacional de Venezuela.95 Un
día después de que se hiciera pública la acusación, Reverol fue ascendido por
el presidente Maduro, que lo nombró nuevo ministro del Interior del país
En noviembre
de 2015, dos sobrinos de la primera dama venezolana, Efraín Campos y Francisco
Flores, fueron arrestados en Haití por agentes de la Drug Enforcement
Administration por conspirar para pasar de contrabando hasta 1.700 libras de
cocaína en los Estados Unidos. Un año más tarde fueron declarados culpables por
un jurado en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. Cada uno de ellos
se enfrenta a 10 años de prisión
PODER
JUDICIAL
En su
Informe Mundial 2017, Human Rights Watch explica que “el poder judicial ha
dejado de actuar como una rama independiente del Gobierno. Miembros del
Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de
poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda
política del Gobierno.”104 La invalidación de acciones de la AN por el TSJ a
través de resoluciones, que atenta contra la efectiva separación e
independencia de poderes, se menciona también en el informe anual de Amnistía
Internacional. En el informe 2016/2017 de esa organización internacional no
gubernamental de derechos humanos se señala que “el Tribunal Supremo de
Justicia limitó drásticamente mediante resoluciones las facultades de la
Asamblea Nacional, en la que la Oposición cuenta con mayoría, lo que entorpecía
la capacidad de diputados y diputadas para representar a los pueblos
indígenas.”
Venezuela
también ocupó el último lugar en el Rule of Law Index 2016, publicado por la
organización internacional World Justice Project. Con una calificación de 0,28,
el país ocupó el puesto 113 en la clasificación mundial de 113 países. Para
determinar la calificación por país, el WJP evalúa 44 indicadores organizados en
las siguientes ocho áreas: limitantes a los poderes del Gobierno; ausencia de
corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad;
implementación regulatoria; justicia civil, y justicia criminal
SALA
CONSTITUCIONAL
En el
período de análisis se registraron al menos 18 ocasiones en los que la Sala
Constitucional del TSJ emitió decisiones en contra de la AN y parlamentarios
representantes de la Oposición, y/o de los derechos de la ciudadanía. Dichas
decisiones han sido a favor del Gobierno.
SALA
ELECTORAL
En el período de análisis se registraron al
menos dos ocasiones en las que la Sala Electoral del TSJ emitió decisiones en
contra del Poder Legislativo y a favor del Gobierno. Las siguientes sentencias
son evidencia de la invalidación de la AN a través del uso de sentencias
judiciales. En este caso, sobre la incorporación a la AN de los diputados del
estado Amazonas y la Región Indígena Sur.
TRIBUNALES
DE PRIMERA INSTANCIA
Se identifican al menos dos casos en que
tribunales de primera instancia han emitido decisiones en contra de los
derechos de líderes de la Oposición y de la ciudadanía en general. 1. El 20 de
octubre de 2016, por decisión del tribunal de control de la ciudad de Valencia,
Carabobo, se prohibió la salida del territorio venezolano a los líderes de la
Oposición Henrique Capriles Radonski, Jesús Torrealba, Ramón José Medina, José
Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Francisco Sucre Heredia, Luis
Ernesto Aparicio Méndez, y Arnoldo Gabaldón Berti. Ello sería violatorio del
artículo 50 de la Constitución, relativo al derecho al libre tránsito nacional
e internacional, así como de la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo
200 de la Carta Magna. 2. El mismo 20 de octubre, tribunales penales de los
estados de Aragua, Carabobo, Bolívar, y Apure emitieron sentencias que dejaban
sin efecto la recolección de firmas para el Revocatorio de Mandato por presunto
“fraude” perpetrado por la MUD, y utilizando así la vía judicial para suspender
derechos políticos a la ciudadanía venezolana. Esa acción fue defendida por el
diputado Diosdado Cabello (PSUV), así como por los gobernadores oficialistas
Tareck El Aissami (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo), Francisco Rangel
Gómez (Bolívar), y Ramón Carrizalez (Apure).
PODER
ELECTORAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL)
Durante el período de análisis se observó que
en cuatro ocasiones el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral) tomó
decisiones en contra de ciertos partidos políticos, los electores de Amazonas y
Región Indígena Sur, y los derechos políticos de la ciudadanía en general.
PODER
EJECUTIVO
Al menos dos hechos directos del Poder
Ejecutivo en contra de la AN y parlamentarios de Oposición. 1. El 15 de enero
de 2017 el Presidente Maduro presentó el Mensaje Anual del Gobierno ante el
TSJ, y no ante la AN. Esta acción de invalidación y desconocimiento del Poder
Legislativo, que vulnera la facultad de control de la Presidencia de la AN,
trasladando funciones al TSJ, es contraria a lo establecido en el artículo 237
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice: “Artículo
237. Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la
Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la
República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que
dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos
de su gestión durante el año inmediatamente anterior.”168 2. Al anular su
pasaporte por supuesta “denuncia de hurto”,169 el 27 de enero de 2017 y el 7 de
febrero las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración
y Extranjería (SAIME) vulneraron los derechos de los parlamentarios de la MUD
Luis Florido y William Dávila, respectivamente. La acción entraría en violación
de facto de la inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), así
como del derecho al libre tránsito nacional e internacional (artículo 50 de la
Constitución) y del derecho civil de acceso a documento de identidad
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
El Gobierno
venezolano también amplió su decisión para incluir el bloqueo de la señal
Internet del sitio web de CNN en Español, ampliando su control del espacio
digital. Ello se derivó de la sentencia del 8 de junio del Tribunal Supremo que
prohibió a los sitios web de noticias La Patilla y Caraota Digital la difusión
de videos de linchamientos a través de su página web o las redes sociales. La
decisión fue redactada de manera que pudiera ser aplicable a otros medios en el
país y estos derechos están siendo coartados tanto dentro como fuera de la
Internet. En septiembre de 2016, se ordenó a tres periódicos venezolanos, El
Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia, que dejasen de publicar informes
en relación con las denuncias de corrupción contra el hermano del ex presidente
Hugo Chávez, el gobernador Adán Chávez. En enero, altos funcionarios del
Gobierno y CONATEL criticaron la difusión de la serie de televisión "El
Comandante", producción extranjera inspirada en la vida del ex presidente
Hugo Chávez. CONATEL y el miembro de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,
dirigieron una campaña en los medios sociales destinada a promover la
protección de la memoria del difunto presidente
El 11 de
febrero de 2017, los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de
Oliveira y los miembros de la organización anticorrupción Transparencia
Venezuela, Jesús Urbina y María José Tua, fueron detenidos por agentes del
SEBIN mientras tomaban fotografías y filmaban videos del puente Nigale en la
ciudad de Maracaibo, como parte de una investigación sobre el escándalo de la
empresa brasileña Odebrecht
MAGISTRADOS
DEL TSJ
De acuerdo a
la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, del total de magistrados
titulares, 16 no cumplen con la totalidad de requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos
constitucionales para ser magistrado del TSJ es ser un ciudadano de reconocida
honorabilidad. Según la organización venezolana, sobre nueve de los magistrados
“se cierne una duda razonable sobre su honor y reputación”. Uno de ellos fue
procesado penalmente por homicidio en dos ocasiones, y también fue sancionado
disciplinariamente. Otros cuatro jueces fueron suspendidos o destituidos de su
cargo en algún momento de su trayectoria profesional, y los cuatro restantes
fueron señalados por actuaciones poco éticas en el desempeño de sus funciones
dentro del Poder Judicial. La lista publicada de dichos nueve magistrados
incluye al recién nombrado Presidente del TSJ, Maikel Moreno Pérez, ya que “en
dos ocasiones fue vinculado a casos de homicidio.”
CORRUPCIÓN
Venezuela es
uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza petrolera está
siendo expoliada sin piedad sistemáticamente por el Gobierno y las fuerzas
armadas mientras el pueblo pasa hambre. En octubre de 2016, la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional, que en ese momento estimaba que el daño al
patrimonio de la Nación ascendía a 70.000 millones de dólares, presentó un
atisbo de la escala de la corrupción en el país. El vicepresidente de la
Comisión, Ismael García, advirtió que las investigaciones en materia de
corrupción habrán de continuar porque existen otras cifras sobre desfalco a la
Nación mucho más elevadas, que podrían llegar a los 300.000 millones de
dólares, sustraídos empleando diversas tramas de corrupción.
Para
comprender el alcance de la corrupción gubernamental generalizada y sistemática
en el sector de la importación de alimentos presentaremos dos ejemplos
representativos. La investigación de Associated Press ya mencionada describió
cómo un empresario sudamericano dijo que “pagó millones en sobornos a
funcionarios venezolanos a medida que empeoraba la crisis del hambre, incluidos
ocho millones de dólares a personas que trabajan para el actual ministro para la
alimentación, el General Rodolfo Marco Torres. Documentos bancarios del país
del empresario muestran que era un gran proveedor, y que entre 2012 y 2015
había recibido contratos por valor de 131 millones de dólares de los ministros
venezolanos para la alimentación. Explicó que vendedores como él pueden
sobornar a los militares porque el monto de lo que facturan al Estado incluye
grandes márgenes de beneficio. Por ejemplo, se apañó un contrato de maíz
amarillo por valor de 52 millones de dólares a un precio superior al doble del
precio de mercado en ese momento, lo que quiere decir que solo por ese contrato
hubo un sobrepago de más de 20 millones de dólares. Los presupuestos internos
del ministerio obtenidos por AP demuestran que los sobrepagos continúan. Por
ejemplo, en julio el Gobierno presupuestó 118 millones de dólares para la
compra de maíz amarillo a un precio de 357 dólares la tonelada, lo que equivale
a un sobrepago de más de 50 millones de dólares en relación con los precios
imperantes ese mes".
El segundo
ejemplo en el mismo sector fue organizado supuestamente por el empresario
venezolano Samark José López Bello, quien presuntamente ganó millones con la
importación a precios inflados artificialmente de alimentos destinados a los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa gubernamental
de distribución casa por casa de los productos alimenticios regulados de
primera necesidad. La prensa informó que una empresa controlada por López "supuestamente
compró 4.509.157 cajas de alimentos en México por un valor unitario de 8
dólares, mientras que el Gobierno venezolano pagó a la compañía más del triple,
a razón de 35 dólares por caja". Esto quiere decir que para una inversión
de poco más de 36 millones de dólares, la empresa de López recibió del Estado
un pago de casi 158 millones de dólares.
RECOMENDACIONES:
• Elecciones
generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores
internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación
de comicios electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio
-- la última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden
democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en
sus manos el poder de decidir su destino
Hasta tanto
ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones bilaterales por
cualquiera de los países a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del
Gobierno involucradas en casos de corrupción o narcotráfico. Cuando el Vicepresidente
de cualquier país es objeto de medidas como las implementadas por el
Departamento del Tesoro, cuando se le congelan fondos por más de 3.000 millones
de dólares – monto que equivale a la mitad del valor de las importaciones de
alimentos de Venezuela hace cinco años para que se comprenda adecuadamente la
dimensión de la tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor que paga
el pueblo venezolano – quedan plasmadas las variables de desestabilización
política, económica y social que vive el país por tener autoridades como esas.
• La
liberación inmediata de todos los presos políticos.
• El establecimiento inmediato de un canal
para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la
asistencia médica) al pueblo de Venezuela. • El retorno al orden constitucional
con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del
Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de
Venezuela. Estas medidas deben incluir: a. El restablecimiento de los poderes y
competencias constitucionales de la Asamblea Nacional; b. El nombramiento por
procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional
Electoral; y c. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los
magistrados del TSJ
Bien por Luis Almagro. Veremos si la región responde.
