DE LA HIPOCRESIA PATRIOTERA A LA ENTREGA DE LA SOBERANÍA

*** PETRÓLEO VENEZOLANO: DE LA HIPOCRESIA PATRIOTERA SOBRE EL ARTICULO QUINTO DE LA LEY DE NACIONALIZACIÓN A LA COBARDE ENTREGA DE LA SOBERANÍA PETROLERA POR CHAVEZ Y RAMÍREZ

*** LO QUE COMENZÓ COMO ULTRANACIONALISMO PETROLERO EN 1975 TERMINÓ CON UNA ENTREGA TOTAL DE LA CACAREADA SOBERANIA PETROLERA NACIONAL POR EL CHAVISMO/MADURISMO

*** UNA TRAGICOMEDIA DE IGNORANCIA Y CORRUPCIÓN  QUE DEMANDA CÁRCEL PARA SUS PROTAGONISTAS, DESDE RAMÍREZ CARREÑO HASTA MANUEL QUEVEDO

*** UN LIBRO MOUNUMENTAL DE ALLAN BREWER CARÍAS NARRA DE MANERA EXHAUSTIVA LOS ASPECTOS LEGALES E ILEGALES DE ESTE PROCESO INVOLUTIVO

En 1975 mucho del gran debate petrolero pre-nacionalización se centró en los niveles de participación que el Estado permitiría al sector privado. La decisión sobre la “nacionalización” (estatización) ya había sido tomada. En las postrimerías del gran debate político sobre esta decisión surgió la propuesta por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez de un Artículo Quinto de la ley a ser promulgada, según el cual el estado podría, cuando así le conviniere y dependiendo de la aprobación del poder legislativo, suscribir contratos de asociación con el sector privado. Decía así, textualmente: “Artículo 5: El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1o de la presente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas. En casos especiales y cuando así convenga al interés público el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán , en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadoras por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”.

Esta propuesta produjo una explosión de indignación patriótica y patriotera en el sector político venezolano, tanto de izquierda como de derecha. En ese momento explotaron las fibras nacionalistas y mucho del mundo político venezolano se rebeló en contra de tal propuesta. Entreguista, anti-venezolana, colonizada, servil, fueron algunos de los términos utilizados para definirla. Se habló que, de aprobarse tal artículo, ello llevaría a una nacionalización “chucuta”.

Sin embargo, el gobierno tenía los votos para aprobarla y así fue. Los gerentes y técnicos de la industria petrolera apoyaron este artículo y por ello fueron definidos como “vendidos al imperialismo” y como “mentes colonizadas”, frase utilizada por Jaime Lusinchi.

Un libro monumental de Allan Brewer Carías, “Crónica de una Destrucción”,  con aportes de varios destacados ejecutivos  petroleros venezolanos ilustra este proceso de involución legal y administrativa que llevó a la industria petrolera venezolana al estado de ruina en el cual se encuentra hoy. Este libro puede ser descargado aquí: CRONICA_DE_UNA_DESTRUCCION._Concesion_Na 

LOS AÑOS PASARON…

La aplicación de este artículo quinto nunca fue necesaria hasta que en 1995 se dio inicio a la APERTURA PETROLERA, en base a la cual se celebraron múltiples contratos con empresas privadas nacionales e internacionales para producir en campos de pequeño tamaño o en los nuevos desarrollos de la faja del Orinoco. En ese momento aparecieron de nuevo patriotas y  patrioteros indignados, impugnando ante la Corte Suprema de Justicia su anulación. Ali Rodríguez Araque, el terrorista que había dinamitado oleoductos de la industria en los años 60, fue el autor de uno de esos documentos de impugnación. Este y otros documentos fueron acompañados por las firmas solidarias de un grupo de férrea ideología comunista/socialista y todos fueron rechazados por los tribunales.

La apertura petrolera fue un éxito del cual existen numerosas evidencias. Las empresas privadas invirtieron unos $23.000 millones entre 1994 y 2003, se llevó a cabo un significativo aumento de la producción y de las reservas probadas de petróleo liviano y mediano y se construyeron cuatro plantas mejoradoras de crudo pesado en la faja del Orinoco, las únicas que existen hasta hoy.  

LLEGADA DE  HUGO CHÁVEZ Y EL INICIO DEL RETROCESO

Con la llegada de Hugo Chávez al poder se instaló una Asamblea Constituyente, ilegalmente convocada,  a la cual le fue encargada la redacción de una nueva constitución. Esta nueva constitución, objeto de toda clase de alteraciones a espaldas de los constituyentes y del pueblo, estableció  la propiedad exclusiva del Estado sobre las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., “o del ente creado para el manejo de la industria petrolera,” pero no lo hizo  sobre  la propiedad de las acciones “de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.,”. Debido a esta omisión, nos dice Brewer Carías “fue [este] propio texto constitucional el que eliminó el principio de la reserva que estaba en la Ley de Nacionalización de 1975, al permitir que las acciones de todas las empresas del Estado operadoras de la industria petrolera nacionalizada pudieran ser vendidas al sector privado. Hubiera sido preferible – añade Brewer Carías - que nada se hubiera regulado sobre el tema de la propiedad de las acciones de PDVSA en la Constitución, a que se constitucionalizara expresamente la posibilidad de la venta de las acciones de las filiales de PDVSA. En todo caso, las antes analizadas normas constitucionales puede decirse que fueron las que constituyeron el fundamento del proceso de desnacionalización petrolera que se comenzó a producir en el país a comienzos de siglo, al regularse ampliamente conforme al marco constitucional, la participación de empresas privadas en las actividades industriales y comerciales”.

LA ELIMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y SU REMPLAZO POR EMPRESAS MIXTAS

La ignorancia y la desviación ideológica del chavismo condujo al desastre petrolero. Nos recuerda Brewer Carías: “A partir del 18 de abril de 2006, mediante una ley de la Asamblea Nacional se puso fin y se extinguieron los Convenios Operativos que existían, es decir, dándose por terminados en forma unilateral y anticipada [los] contratos administrativos que habían sido válidamente suscritos. … En estos casos, la responsabilidad del Estado por los daños causados por la terminación unilateral y anticipada de los contratos y el derecho de los cocontratantes a ser indemnizados era incuestionable”.

Se anularon los convenios operativos suscritos con empresas privadas, los cuales habían llevado al desarrollo de los recursos de la faja del Orinoco y a la construcción de las plantas mejoradoras, para remplazarlos con el concepto de empresas mixtas en las cuales la participación del estado debía ser de 60% o mayor. Decía la nueva ley: “ningún nuevo contrato podrá otorgar participación en las actividades de exploración, explotación, almacenamiento y transporte inicial de hidrocarburos líquidos, o en los beneficios derivados de la producción de dichos hidrocarburos, a persona alguna de naturaleza privada, natural o jurídica, salvo como accionista minoritario en una empresa mixta, constituida de conformidad con la Ley Orgánica de Hidrocarburos en la cual el Estado asegure el control accionario y operacional de la empresa” (Art. 3).

Pero ¿que sucedía en paralelo? Sucedía que el estado venezolano, envuelto en una orgía populista de gastos dispendiosos, de subsidios electoreros y en una espiral ascendiente de corrupción no podía ni quería aportar el dinero que debía aportar según la nueva ley que ellos mismos impusieron. Estipularon lo siguiente, según nos dice Brewer Carías:  “:[El Estado] va a asumir directamente, o mediante empresas de su exclusiva propiedad, el control de las actividades realizadas por las asociaciones que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, incluyendo mejoradores y las asignaciones de explotación a riesgo y ganancias compartidas, para regularizar y ajustar sus actividades dentro del marco legal que rige a la industria petrolera nacional, a través de la figura de empresas mixtas o de empresas de la exclusiva propiedad del Estado.  La nueva ley – en su artículo 2 -  atribuyó al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo la potestad de determinar unilateralmente, en cada caso, “la valoración de la Empresa Mixta, la participación accionaria de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. designada a efecto, y los ajustes económicos y financieros que fueren procedentes”

Debido a estos términos algunos de los socios privados consideraron que se llevaba a cabo una verdadera confiscación por lo cual acudieron arbitraje  ante la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York, como estaba previsto en los contratos, entre otros:    ICC Arbitration Case No. 15416/Jrf/Ca (Dec. 2011), Mobil Cerro Negro Ltd. V. Petroleos de Venezuela S.A.; 30 y, ICC Arbitration Case 20549/ASM/JPA (C-20550/ASM), Phillips Petroleum Company Venezuela Limited Conocophillips Petrozuata B.V. v. Petróleos de Venezuela, S.A., Corpoguanipa, S.A., Pdvsa Petróleo, S.A. (24 April 2018). Los resultados arbitrales  fueron catastróficos para PDVSA y aceleraron el colapso de la industria petrolera. Brewer Carías cita una información del diario EL PAÍS, de Madrid, del 11 de mayo de 2018, en la cual se resume la grave situación en la cual se encontraba la empresa por las demandas intentadas por las empresas Phillips Petroleum Company: “Conoco Phillips pone a Venezuela contra la pared Un tribunal internacional obliga a PDVSA a pagar 2.000 millones de dólares por perjuicios y contempla embargos a activos y crudo venezolano”.

Al desastre financiero resultante de las demandas en contra de PDVSA se agregó el hecho de que las nuevas empresas mixtas resultantes de la migración de las asociaciones no nacionalizaban  sino que desnacionalizaban. El artículo 8 de la nueva ley estipulaban que el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, debía transferir a las Empresas Mixtas resultantes del proceso de migración “el derecho al ejercicio de sus actividades primarias, pudiendo igualmente adjudicarles la propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República que sean requeridos para el ejercicio eficiente de tales actividades.”  Al permitir a las socias extranjeras de las nuevas empresas mixtas hasta el 40% accionario se le reconocía la propiedad de ese porcentaje de los activos de la empresa, pudiendo, además, obtener propiedades o derechos adicionales, según el artículo 8 citado. De manera que este acto del chavismo no solo dejó pálido al artículo quinto de 1975 que los patrioteros tanto adversaron sino que representaba un acto paradójico, mediante el cual – al pretender acentuar la naturaleza estatal del negocio – lo desnacionalizaban.

OTRA DEBACLE DESNACIONALIZADORA: LA LLAMADA “NACIONALIZACIÓN” DE LOS SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, 2009

Tradicionalmente la empresa PDVSA había descansado en empresas nacionales y extranjeras de servicios para llevar a cabo muchas actividades conexas, no medulares, tales como lois servicios de lanchas para el transporte de empleados en el lago de Maracaibo, labor de buzos, suministro de agua industrial, remolcadores, grúas, mantenimiento de buques y equipos diversos, toda una estructura industrial y de servicios periférica a la misión medular de PDVSA. En mayo de 2009 la pandilla de Ramírez Carreño llevó a cabo un acto de piratería sin precedentes en la industria petrolera venezolana, al “nacionalizar” (tomar el control por parte del gobierno chavista) de estas actividades. La llamada Ley   Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos” reservó al Estado “los bienes y servicios, conexos a la realización de las actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos” (Art. 1).

Según Brewer Carías esta ley tuvo efectos desastrosos: “en las explotaciones del Lago de Maracaibo, donde tuvieron un gran impacto por el desmantelamiento y abandono total de una de las principales actividades que antes se desarrollaban en el mismo, y le habían dado por décadas vida económica durante tantos años. Esos efectos desastrosos fueron incluso reconocidos siete años después por el Ministro del Petróleo, Eulogio Del Pino, quien a su vez en ese momento era también el Presidente de PDVSA, en una exposición pública que hizo ante la a la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) en julio de 2016, en la cual admitió que “hubo un error en las estatizaciones” que se hicieron en 2009, refiriéndose en particular a las empresas de servicios de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo; agregando que: “debemos ir a nuevo modelo con mayoría del sector privado y eso pasa por un reconocimiento de errores. Creo que lo que se hizo en el Lago de Maracaibo tuvo muchos errores, debemos reconocerlo y hemos ido a un esquema en el cual a todos aquellos empresarios, que aún quieran continuar, vamos a devolverle sus actividades”. Pero ese “mea culpa” de Eulogio Del Pino llegó demasiado tarde ya que las empresas capturadas por los bucaneros chavistas de Ramírez Carreño habían quebrado o desaparecido, porque no hubo pago justo y oportuno por estas confiscaciones.

De nuevo, esta arbitrariedad se llevó a cabo en nombre de una cacareada “nacionalización” acto que robó a empresarios nacionales de su patrimonio, un manotazo de piratería estatista profundamente desnacionalizador.

EL TIEMPO SE HA ENCARGADO DE PONER LAS COSAS EN SU SITIO

¿Patriotismo? ¿Soberanía? Palabras huecas e hipócritas en boca de quienes se han burlado del país mientras se enriquecían de manera obscena. Les espera la cárcel.