Hampones del TSJ prohiben investigar a PDVSA

Prohibir la investigación de corrupción en PDVSA: nuevo atropello de los hampones del TSJ

La reciente publicación de una investigación del Comité de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre Petróleos de Venezuela ha revelado aspectos de la inmensa corrupción promovida por Rafael Ramírez durante su estadía como presidente de esa empresa, al mismo tiempo que ocupaba el cargo de Ministro de Energía y Petróleo. En cualquier país civilizado esta investigación hubiese sido recibida positivamente por un gobierno interesado en mantener a la empresa libre de corrupción. Pero en el narco-régimen dictatorial de Nicolás Maduro esta investigación ha sido desautorizada y similares intentos futuros prohibidos por el grupo de hampones que integran el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.  

En efecto, este cuerpo putrefacto ha dicho lo siguiente sobre la investigación, en sentencia 893, en la cual fue ponente la desprestigiada Gladys Gutiérrez Alvarado:

“se suspenden los efectos de la investigación iniciada e impulsada desde principios del presente año por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. durante el período comprendido entre los años 2004-2014, expediente signado bajo el N° 1648, incluyendo las actuaciones que al respecto desplegó en la misma los días 17 de febrero y 5 y 21 de abril de 2016; así como también de todos los actos derivados de esa o de cualquier otra investigación relacionada con los pretendidos hechos que haya iniciado durante el presente año o que pretenda iniciar la Asamblea Nacional, hasta que culmine el proceso iniciado en razón de la presente demanda; ello sin menoscabo de la nulidad por inconstitucionalidad de los respectivos actos de la Asamblea Nacional, en razón del desacato que mantiene a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declarada por esta Sala en sentencia n.° 808/2016, reiterada en la sentencia n.° 810 del mismo año”.

Dice Gladys que la investigación hecha por la Asamblea Nacional no es procedente porque PDVSA está suficientemente examinada por los organismo que, como toda Venezuela sabe, son solo apéndices incondicionales de la dictadura. Dice así Gladys: ““…[l]a gestión de PDVSA, se encuentra monitoreada permanentemente por todos los órganos de control del Estado, por lo cual operan en tal sentido, la Contraloría General de la República, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, el SENIAT, entre otros, y en particular, sus estados financieros, informes de gestión y otros reportes de información financiera y operativa, son revisados y auditados trimestral, semestral y anualmente por parte de firmas de contadores públicos independientes, de reconocido prestigio nacional e internacional, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con los más (sic) altos estándares de la profesión contable a nivel mundial, cuyos informes son publicados en la página web de PDVSA…”.

Esto que dice la Gladys es mentira y, aunque fuese cierto, no podría desvirtuar una investigación independiente a la cual los venezolanos tenemos perfecto derecho. Sobre todo porque es bien sabido que PDVSA es un antro de corrupción.

Añade  Gladys:

“de la revisión efectuada a los recaudos acompañados al presente expediente y de la verificación por notoriedad judicial y comunicacional de diversas actuaciones censurables de la actual  Asamblea Nacional en contra de la estabilidad de la institucionalidad y, en definitiva, en perjuicio de la República (ver, entre otras, las sentencias de esta Sala nros. 9, 259, 274 y 478 de 2016), la Sala estima que existen elementos que sirven de convicción acerca de las lesiones graves o de difícil reparación que se estarían ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) e, incluso, contra la República directamente, además de la posible vulneración en los derechos del accionante de autos, ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño

Según Gladys la Asamblea Nacional conspira contra la estabilidad de la república haciendo esta investigación, atenta contra la empresa PDVSA y “vulnera los derechos” de Ramírez. Según esta gentuza cualquiera investigación sobre la corrupción del narco-régimen dictatorial pone en peligro la estabilidad del país y de PDVSA, cuando son ellos quienes han destruido al país y a PDVSA. El cinismo de esa pandilla no tiene límites.

Las cínicas consideraciones de Gladys incluyen las siguientes:
“…en el presente caso están dados los dos supuestos fundamentales para la procedencia de la suspensión, como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora. Por lo que atañe al fumus boni iuris, el solo hecho de que todos los informes de las gestiones anuales que realizara [su] representado en PDVSA, fueron debidamente aprobadas, constituyen una presunción de buen derecho. Además de eso (…) [su] representado tiene todas las pruebas para demostrar la falsedad de cada una de las imputaciones, ya que las mismas desconocen que hubo sentencias definitivas en el caso de PDVAL, juicio en caso del Fondo de pensiones, los informes de gestión demuestran la legitimidad de las actuaciones administrativos económica (sic) de [su] representado…”.

Que “…[a]demás del fumus boni iuris está el perículum in mora, por cuanto la eficacia del acto, puede afectar mediante la realización de múltiples procedimientos incoados en contra de [su] representado, por quienes han ignorado las razones más sencillas de la responsabilidad jurídica y política, y que seguramente regresarán con nuevos alegatos falsos, solo para perturbar la normalidad del desempeño vital de [su] representado, y de sus actividades profesionales”. Lo que dice, en medio de latinazos para impresionar, es que todos los informes de gestión de PDVSA fueron aceptados ya, aunque no dice que fueron aceptados por ellos mismos, cómplices de la gran corrupción. Agrega Gladys que Ramírez tiene todas las pruebas para demostrar la falsedad de las imputaciones, pruebas que nadie ha visto. De lo que se trata es, precisamente, que la investigación se lleve a cabo, que Ramírez presente sus pruebas, que los gerentes de PDVSA sean interpelados, que los venezolanos destapemos esa caja de gusanos malolientes.

Ramírez se defiende mencionando que PDVSA firma miles de contratos y que él no puede leerlos todos. Esto no lo exime de ser responsable de todos los contratos que se firmen, en su condición de presidente de la empresa. Además, se le exigía investigar contratos que han sido mencionados como actos criminales, por centenares o hasta miles de millones de dólares. Cualquier gerente honesto lo hubiera hecho pero Ramírez no lo hizo. Grandes contratos en los cuales claramente existen gravísimas irregularidades. Su inacción conlleva presunciones de complicidad, por lo cual la investigación era y es necesaria.

Mientras el régimen actúa de esta manera un grupo de irresponsables continúa sentado en la mesa de diálogo con estos hampones.

El país requiere un gran Frente Nacional por la Democracia y la Justicia. Esto va de podredumbre en podredumbre.