POR QUÉ EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO DEBE SER INTERVENIDO

     

***** Pandilla de cínicos

**** La Comisión Internacional de Juristas emite informe                  condenatorio del régimen venezolano

       **** Atención OEA

El Informe de la Comisión Internacional de Juristas para 2015 es totalmente condenatorio del narco-régimen político venezolano. Esta es una organización integrada por 60 jueces y abogados de todas las regiones del mundo. El informe completo puede leerse en: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/10/Venezuela-Sunset-of-Rule-of-Law-Publications-Reports-2015-ENG.pdf . Su título es muy ilustrativo: “Venezuela: El Ocaso del Estado de Derecho”.

Este informe debería ser suficiente para que la OEA y otros organismos internacionales procedan a intervenir el régimen de Nicolás Maduro y para que las fuerzas armadas venezolanas sacaran a empujones a la pandilla chavista del poder. El informe revela un grado total de pudrición a los niveles judiciales venezolanos. Un país sin estado de derecho debe ser intervenido desde adentro y desde afuera, so pena de convertir la omisión en complicidad

Entre las conclusiones del informe podemos citar las siguientes (mi traducción de párrafos más relevantes):

·       El sistema judicial venezolano  ha descuidado seriamente su función de pesos y contrapesos en relación a otras ramas del estado. Ha sido capturado y permite interferencia gubernamental, en especial la del  Poder Legislativo, en la persona de Diosdado Cabello

·       Los problemas estructurales del sistema judicial no han sido rectificados, han empeorado.. la mayoría de los jueces son provisionales

·       Las condiciones de los jueces se han deteriorado, lo cual los hace vulnerable a la corrupción, un fenómeno frecuente en el sistema y en la policía

·       El gobierno, especialmente la Asamblea Nacional y la presidencia ejercen un presión indebida sobre el sistema judicial, especialmente sobre el Tribunal Supremo de Justicia. No hay respeto por la separación de poderes

·       El Sistema Judicial y la Fiscalía dirigen sus esfuerzos a la defensa de los intereses del gobierno

·       Las autoridades judiciales , especialmente el Tribunal Supremo de Justicia, no reconocen la importancia de las leyes  internacionales de derechos humanos

·       El estado Venezolano no reconoce sus obligaciones internacionales en relación con los derechos humanos ni permite la entrada de organizaciones de defensa de esos derechos

·       La denuncia hecha en 2012 por el gobierno de la Convención Americana de Derechos Humanos ha dejado a la población venezolana sin defensa y protección de ese organismo en contra de las violaciones de derechos humanos

·       Las protestas sociales se incrementaron durante 2014 pero la respuesta del gobierno fue de criminalización y represión de los manifestantes

·       El sistema judicial no hace su trabajo de resolver conflictos entre la población, es inefectivo e ineficiente, según muestran las estadísticas existentes

·       El Estado de Derecho está en crisis. Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de comportamiento en este sentido, en un grupo de 102 países

·       Existe una total falta de transparencia en el manejo de la información de interés público, lo cual es validado por el tribunal Supremo de justicia (ejemplo, el Banco Central de Venezuela)

·       Venezuela es uno de los peores países del mundo en corrupción, inseguridad ciudadana, impunidad y desarrollo humano y esto empeora , no mejora

·       La tasa de homicidios es la segunda más alta del mundo

·       No existe una lucha contra el delito como lo revelan las llamadas zonas de paz, controladas por grupos anárquicos armados

·       Las operaciones llamadas de Liberación del Pueblo, OLP, se han transformado en ataques en contra de la población más vulnerable. Los argumentos que tratan de justificar esta acción son xenofóbicos

·       Las fuerzas de seguridad del Estado tienen una relación impropia con esos grupos armados y comparten actividades de represión contra protestas cívicas

·       El Estado le ha dado soberanía a grupos armados anárquicos y a criminales en prisión

·       Las condiciones de prisión son deplorables. El estado no cumple con su deber de proteger los derechos de la gente bajo custodia

·       Las fuerzas de seguridad están fragmentadas, algunas policiales, otras militares. En adición existen milicias  que contribuyen al clima de inseguridad entre la población

·       Los abogados defensores de los derechos humanos son objeto de agresiones por parte del SEBIN, Diosdado Cabello y la Fiscalía

·       Los líderes de la oposición los defensores de derechos humanos y las municipalidades que difieren de las decisiones centrales son objeto de permanentes amenazas en contra de sus derechos humanos y garantías constitucionales

·       La situación legal de la Jueza María Lourdes Afiuni ha empeorado, nuevamente bajo juicio sin garantías

·       Programas como “Con el Mazo Dando” de Diosdado Cabello son una prueba de amenazas contra la disidencia, incluyendo el uso de “patriotas cooperantes”

·       La libertad de expresión está en crisis como lo demuestran los casos de El nacional, Tal Cual y La Patilla

·       La libertad de expresión también se restringe por medio de falta de papel para diarios y revistas y mediante el bloqueo de INTERNET