ES HORA DE INICIAR UNA OFENSIVA CIUDADANA

***Comencemos con Chávez y con Ramírez.

Once años de empobrecimiento y degradación colectiva deberían ser suficientes. Propongo el establecimiento de una ofensiva ciudadana dirigida a los principales responsables del desastre. Enfoquemos esfuerzos para pedir su inmediata renuncia y enjuiciamiento. Es necesario incrementar la presión de opinión pública en contra de los principales culpables del desastre.
Propongo seleccionar dos funcionarios públicos a fin de analizar su comportamiento y si han violado sus deberes de funcionario público, al estar al servicio de una parcialidad política o de sus intereses personales en lugar de servir a la nación. Propondría que seleccionemos a Hugo Chávez y Rafaél Ramírez, a fin de iniciar esta ofensiva ciudadana. Se trataría de emplazar a estos funcionarios para que expliquen sus acciones en el ejercicio de sus funciones públicas. Si no lo hicieren, pedir entonces su inmediata renuncia y/o enjuiciamiento, según aplique, aun cuando supiésemos que ello dificilmente se llevaría a cabo dentro del régimen actual.
Ejecutar esta ofensiva ciudadana no sería atentar contra la reputación de estos funcionarios sino constatar, con el derecho que poseemos los ciudadanos según las leyes del país, si han llevado a cabo su actividad con transparencia. No se trataría de calumniarlos, ya que la calumnia, según la Real Academia, es “una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño” mientras que, en este caso, lo que se persigue es que los funcionarios puedan explicar sus acciones a la nación.
No se iría a acusar a Hugo Chávez de haber robado dineros de la nación porque no hay evidencias de que ello haya sucedido. No sería correcto emplazarlo para que explique el origen de una riqueza que no sabemos si existe. Pero si es posible emplazarlo para que explique el uso irregular que da a los aviones y otros activos de la nación con el ostensible propósito de favorecer su proyecto de hegemonía política regional, es decir el préstamo de aviones a Morales, Ortega y Zelaya y el regalo de equipos costosos de la nación, como aviones de guerra y helicópteros para Ecuador y Bolivia. Esos son actos de corrupción que deben ser motivo de enjuiciamiento. Habría que pedirle explicaciones sobre los dineros que recibió del banco español como contribución para sus campañas políticas de 1998 y 1999, aun después de su elección como presidente. Sobre el acto irregular de la compra del avión Airbus para su uso sin tener presupuesto para ello. Sobre la decisión de usar dineros del Fondo de Estabilización Macroeconómica para gastos corrientes. Sobre la decisión política de enviar petróleo venezolano a Cuba bajo condiciones económicas que significan un cuantioso regalo a ese país, regalo que sale del bolsillo de todos los venezolanos. Construir un expediente a Chávez no sería particularmente complicado
Hay precedentes en Venezuela para llevar a cabo este juicio ciudadano a Hugo Chávez y a otros funcionarios del régimen. El presidente Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado por un acto administrativo definido como irregular, cuya cuantía era, en todo caso, insignificante en comparación con los dineros involucrados en los actos de Hugo Chávez arriba mencionados. Por ello fue obligado a renunciar. Dijo, en su momento, que “hubiera preferido otra muerte”. Yo digo ahora que lo que ha hecho Hugo Chávez es muchísimo más grave que lo que hizo Carlos Andrés Pérez y que la sociedad venezolana, en justicia, no puede exigirle algo a un presidente y dejar de exigírselo a otro.
Un proceso similar de enjuiciamiento ciudadano debe llevarse a cabo en el caso de Rafél Ramírez. En este caso el expediente debe incluir el discurso que diera en Noviembre 2006 a sus gerentes, en el cuál puso a PDVSA, sus bienes y recursos humanos al servicio total y excluyente de Hugo Chávez. Solo por esto este funcionario debe ser destituído y enjuiciado. Pero hay mucho más que deba incluirse en el expediente ciudadano contra Rafaél Ramírez. Hay que pedirle explicación por las licitaciones irregulares de equipos de perforación, parcialmente denunciadas por Luis Tascón. Por las transferencias directas e ilegales de fondos petroleros al Ejecutivo Nacional. Por la manera como ha prostituído a PDVSA convirtiéndola en una empresa que hace de todo menos atender debidamente a sus negocios medulares.Las actuaciones de Ramírez parecen haber representado importantes pérdidas para el patrimonio de la nación y los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de emplazarlo para que justifique sus acciones o sea removido de su posición y responda penalmente por sus desafueros.
Hemos estado olvidando nuestros derechos y nuestros deberes ciudadanos. Lo que he esbozado en esta nota es posible y deseable. Al hacerlo le pondremos presión a gente que ha actuado, hasta ahora, con una total impunidad. Requiere de trabajo pero vale la pena. Si se hace bien, si exponemos nuestro caso de manera razonada y lógica, estaremos cumpliendo con un deber que hemos descuidado, el de vigilar a los funcionarios que dicen representarnos. Es hacer el trabajo que Russián no ha hecho ni hará.
Yo estoy a la orden para ayudar pero sugiero que este esfuerzo sea llevado a cabo desde el seno de la llamada Mesa de Unidad o, al menos, por algun organismo de la sociedad civil venezolana, que no sea un simple esfuerzo individual sino uno apoyado por muchos compatriotas.
Es hora de pasar a la ofensiva ciudadana.