WATERGATE Y MADUROGATE: Dos procesos culturales

Uno piensa en WATERGATE y en la tragedia venezolana como procesos esencialmente políticos aunque, en realidad, han sido procesos esencialmente culturales. Lo sucedido en ambos casos responde  a la fisonomía cultural de los países en los cuales se han desarrollado. A comprenderlo así me han ayudado no solo las vivencias directas de lo que ha estado sucediendo en Venezuela sino dos libros espectaculares sobre la calidad de la justicia, de las instituciones y de la sociedad en Inglaterra y Estados Unidos.

El primero  de ellos es “The Lion and the Throne”,  la biografía de Sir Edward Cooke,  escrita por Catherine Drinker Bowen.  Cooke fue el Attorney General  (Fiscal General) de la Reina Isabel I, nombrado en 1594. Cuando él fue a verla le dijo: “Aquí viene a presentarse ante usted su fiscal qui pro Domina Regina sequitur”. Y ella le respondió: “Voy a alterar esta forma para que diga: “attornatus generalis qui pro Domina VERITATE sequitur”,  es decir, no el fiscal de la Reina sino el Fiscal que actúa en nombre de la verdad”. Esta es una primera característica de la justicia inglesa, aún en el Siglo XVI, que difiere significativamente de la actitud prevaleciente en la cultura absolutista que caracterizó por mucho tiempo la monarquía española, de la cual hemos derivado mucha de nuestra cultura jurídica.  Este mismo Edward Cooke fue luego miembro de la Cámara de los Comunes, durante el reinado de Jaime I, desde la cual lideró la actividad parlamentaria diseñada para limitar el poder de la monarquía, proceso en marcha durante los reinados de Isabel I, de Jaime I y, luego, de Carlos I, desembocando en la ejecución de este rey por decisión del protector Oliver Cromwell. 

El segundo es el no menos espectacular libro titulado “To Set the Record Straight”, del juez John Sirica, quien fue el juez federal encargado del juicio de lo que se llamó WATERGATE. Como se recordará, este proceso comenzó con el juicio a cinco personas acusadas de entrar de manera ilícita a las oficinas del partido Demócrata situadas en el edificio WATERGATE de Washington, durante la campaña presidencial que llevó a la re-elección de Richard Nixon en 1972. Este juicio comenzó como un caso de crimen común y allí hubiera quedado, si no hubiera sido por la participación pro-activa del juez Sirica, quien sospechó desde el primer momento que los criminales guardaban silencio para encubrir a miembros del tren gubernamental de Nixon. Sirica dice que él era republicano y había votado por Nixon, pero no podía dejar que el juicio se limitara al castigo de la pandillita, la cual se había declarado culpable pero guardaba silencio total sobre la identidad de quienes los habían enviado a delinquir. Por ello, decidió imponerles una sentencia provisional y les dijo: “Si dentro de tres meses nadie ha querido hablar, confirmaré esta sentencia”. Durante ese período, uno de ellos, James McCord, habló. En carta a Sirica acusó a John Dean y a Jeb McGruder, ambos funcionarios cercanos a Nixon, de haber colaborado en la conspiración de silencio. De allí en adelante, el proceso fue uno de admirable comportamiento por parte del sistema judicial estadounidense y de gran coraje cívico por parte del Attorney General de Nixon, Elliot Richardson y del Fiscal Especial a cargo de la investigación, Archibald Cox. Al descubrirse la existencia de cintas grabadas con conversaciones entre Nixon y sus asistentes, el juez Sirica produjo una Citación (Subpoena) al presidente para que las entregara. Nixon se negó al principio aduciendo Privilegio Presidencial. Ello llevó a una de las más serias confrontaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo en la historia del País. De esa confrontación salió victorioso el poder judicial, pero no antes de que Cox fuese despedido por Nixon, que Richardson renunciara en solidaridad con Cox y que Sirica estuviera a punto de citar al presidente Nixon por rebeldía ante la Corte. A última hora, Nixon, muy debilitado políticamente por la despedida de Cox y el escándalo de su vicepresidente Spiro Agnew (confeso de aceptar sobornos durante su etapa como Gobernador de Maryland y en la vicepresidencia) fue obligado a entregar las cintas y ello finalmente llevó a su salida de la presidencia.

Al leer estos dos libros he llegado a pensar que las actitudes prevalecientes en el caso WATERGATE en Estados Unidos tuvieron su raíz histórica en las grandes batallas entre poderes que se llevó a cabo en la Inglaterra Isabelina, de Jaime y de Carlos I.  La Ley anglosajona descansa sobre precedentes y el Juez Sirica, heredero de Cooke, echó mano del único precedente de Citación presidencial existente en los Estados Unidos, el hecho por el Juez Marshall al Presidente Jefferson para que entregase una carta durante el juicio a Aaron Burr. Sirica se basó en este caso para decidir que el interés público exigía la entrega de las cintas y que el Presidente Nixon no podía tener la última palabra sobre cómo aplicar el privilegio presidencial.  

Existía, pues, el legado histórico de un sistema judicial progresivamente independiente a través de los siglos y de un parlamento cada vez más autónomo. Ambos poderes funcionaron en el caso WATERGATE y la sociedad estadounidense pudo expulsar  a los criminales del poder. En WATERGATE no se disparó un solo tiro. Ni el secretario de Defensa o al alto mando militar tuvieron algo que decir. Nadie se presentó en la televisión en ropa de campaña militar y actitudes gorilescas. Hubo justicia. En ese proceso hubo grandes héroes en el poder judicial y en el Congreso de los Estados Unidos, así como hubo grandes villanos en el poder ejecutivo, en manos de gente poco escrupulosa y decidida a mantenerse en el poder a toda costa.  

MADUROGATE ha sido un proceso dominado por la cultura prevaleciente en nuestros países de raíces ibéricas. Comienza con la arbitraria imposición hecha por Hugo Chávez de un favorito como su sucesor. Este favorito, un reposero chofer de autobús, inculto y adoctrinado por la Cuba Castrista, ni siquiera es Venezolano o, al menos, nunca ha presentado pruebas válidas de serlo. En una muestra de lo que ha sido una persistente cobardía cívica de quienes controlan  las instituciones venezolanas, el Tribunal Supremo de Justica ha decidido que un extranjero si puede ser Presidente, contrariando así lo dispuesto en la Constitución. Por su parte, la oposición organizada en la MUD nunca le ha pedido a Maduro constancia de su nacionalidad ni siquiera ha querido hacer de ello una razón para declararlo ilegítimo. Este chofer inculto y extranjero ganó la presidencia en elecciones fraudulentas rechazadas en principio por el gobierno de los Estados Unidos, excepto que la oposición decidió callar por temor al derramamiento de sangre. El silencio de la oposición llevó a los países de la región a guardar igual silencio. Progresivamente Maduro violó la Constitución, abusó de la población venezolana, mientras la oposición mantenía una gran pasividad. Las instituciones del país fueron y han sido totalmente controladas por el poder ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia está al mando de un asesino e integrado por ladrones e incompetentes. El Consejo Nacional Electoral está integrado por un grupo de harpías y jineteras morales. La Fuerza Armada, eterna institución parasitaria de Venezuela, apoya con las armas al régimen y ha sido recompensada con el monopolio del narcotráfico, del contrabando de gasolina, de la distribución de alimentos con la cual hacen grandes ganancias y con participación en el saqueo de PDVSA. No se molestado nunca el sector militar en decir que este régimen es ilegítimo. La Asamblea Nacional, el último bastión de democracia que quedaba en el país, ha sido remplazado por la vía de la fuerza bruta por una Asamblea Constituyente abusiva, ilegal, integrada por 535 malandros y semi-analfabetos, adulantes, ladrones y lavadores de dinero. Hace cuatro meses estalló una rebelión ciudadana abierta y hace semanas se llevó a cabo una consulta popular en la cual más de siete millones de venezolanos apoyaron las tres preguntas de la consulta: 1. Rechazo de la Constituyente; 2. Pedir a la Fuerza Armada que mostrase su apego a la Constitución y 3. Apoyar la constitución de instituciones paralelas.

¿Qué ha hecho la oposición con este mandato? Se prepara para participar en unas elecciones regionales bajo las reglas e instituciones del régimen que han denunciado como corrupto, abusivo y dictatorial.

Como podrá apreciarse, en nuestro país no ha funcionado la justicia, no ha prevalecido la autonomía de las instituciones, no se ha llamado al botón al “presidente” y la oposición, es decir, el país democrático ha decidido, una vez más, transarse por las buenas con el régimen e ir a un proceso electoral bajo sus reglas, validando así a un régimen que ha sido condenado por los venezolanos y que cuenta con un 90% de rechazo entre la población. El proceso de MADUROGATE no está llevando a la salida del narco-régimen sino a un acomodo con él.  Y esto es atribuible a lo que yo debo llamar cobardía cívica por parte de nuestro liderazgo.

Pero, esperemos un momento. En paralelo con estos acomodos existe en Venezuela una posición valiente. Hay líderes como Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado quienes han decidido actuar en base a sus principios y no en base a sus intereses personales. Hay una fiscal general quien, de ser cómplice del régimen por años, ha pasado a ser el único ejemplo de dignidad entre los funcionarios del régimen. Tanto es así que lo primero que ha hecho la prostituida Asamblea Constituyente es despedirla, como Nixon despidió a Cox. Cuando Cox fue despedido, su jefe Richardson renunció. En Venezuela nadie ha renunciado en solidaridad con Ortega Díaz. El Congreso de USA inició el proceso de “Impeachment” de Nixon. En Venezuela la oposición ha salido corriendo a inscribir candidatos para las elecciones regionales. El proceso venezolano ha estado signado por la cobardía cívica de una porción de la oposición. Como resultado, el pueblo venezolano está confundido. Paradójicamente, el mundo externo está actuando con mayor decisión que la oposición interna. 40 países desconocen a la Constituyente, Maduro y sus malandraje han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Viajar al exterior para estos malandros se hace cada día más difícil. Sus fortunas mal habidas depositadas en el exterior son objeto de acciones confiscatorias o de investigación. En Australia, en Francia, en USA, en Argentina los abuchean y los estigmatizan. Nadie los quiere.

WATERGATE y MADUROGATE han sido dos diferentes procesos culturales. Estas diferencias culturales durarán mientras los venezolanos pensemos que solo se necesita una nueva constitución, una nueva ley, para resolver nuestros problemas. Por ello tenemos ya 28 constituciones, todas violadas e irrespetadas mientras que no solo los chavistas sino grupos de la oposición están pidiendo una más.

La solución venezolana solo puede venir con un cambio significativo de actitudes ciudadanas, de coraje cívico. Nuestro problema no es genético, no es de cromosomas, es de actitudes.