El siguiente extracto de la Exhortación Pastoral de la XCV Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana es un notable llamado a la sociedad venezolana para que se apreste a la defensa de sus derechos a vivir en democracia, en libertad y en paz. Más claro no canta un gallo. Como venezolano de buena voluntad suscribo este documento integramente. De nuevo la Iglesia Católica Venezolana da la cara, en horas trágicas para nuestro país.
Así hablan nuestros líderes religiosos:
LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
7. Los Obispos de Venezuela consideramos un ineludible imperativo ético y legal el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución vigente. Ella es el fundamento jurídico del estado de derecho y la garante principal de los derechos del pueblo y de cada persona en particular, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
8. Ahora bien, en diciembre pasado, en medio de la calamidad pública provocada por las persistentes lluvias, y durante el acostumbrado receso de actividades, el Gobierno y la Asamblea Nacional priorizaron una agenda ideológica destinada a la implantación de un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno contrario a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por votación popular el 15 de diciembre 1999.
Recordemos que la propuesta de reforma para adecuarla al actual proyecto ideológico del Ejecutivo Nacional, que excluye y discrimina a quienes no compartan la ideología socialista, fue rechazada por la voluntad del pueblo expresada en el referendum del 2 de diciembre de 2007.
9. En ese marco se ha dictado una ley habilitante que confiere poderes especiales al Presidente de la República para legislar por un lapso de 18 meses con la justificación de la gravísima emergencia de infraestructura en vialidad y viviendas provocada por las lluvias. Esta ley confiere al Presidente poderes especiales para legislar en aspectos que nada tienen que ver con dicha emergencia, y delega en el Ejecutivo una facultad extraordinaria, más allá del período para el cual fueron electos los anteriores diputados, limitando así a la nueva Asamblea Nacional en una de sus facultades esenciales. Esto es un inaceptable desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre.
10. La Asamblea, en menos de un mes, aprobó veinticinco leyes, muchas de las cuales contienen disposiciones que restringen derechos y garantías de los venezolanos, e incorporan propuestas de la reforma a la Constitución que fueron rechazadas por el pueblo en el referendum del 2 de diciembre de 2007 (7).
Nos preocupan, entre otras, las así llamadas “leyes del Poder Popular”, que confieren atribuciones a las “comunas, directamente vinculadas al Ejecutivo Nacional, con menoscabo de la forma federal descentralizada del Estado (8), pues no se corresponden con la organización político- territorial de la República establecida en la Constitución, crean unas estructuras nuevas, con un contenido ideológico excluyente, centralizador y presidencialista, e invaden el ámbito de competencias de las Gobernaciones, Alcaldías y Parroquias.
11. Leyes relacionadas, entre otras cosas, con las telecomunicaciones y la responsabilidad social de radio y televisión, con Partidos Políticos, con las Universidades – ley aprobada por la Asamblea y devuelta por el Presidente -, conllevan limitaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos, condicionan la libertad de conciencia y pretenden afianzar el pensamiento único y la hegemonía comunicacional del Gobierno. Por otra parte el Ejecutivo prosigue las expropiaciones, sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución, atentando así contra la propiedad, derecho inalienable y constitucional de cualquier persona.
12. Las nuevas leyes poco tienen que ver con los problemas reales del país. En efecto: la situación de Venezuela es ya muy grave por el auge incesante de la inseguridad y de la violencia que impera especialmente en las grandes ciudades y en las zonas fronterizas; por la contracción económica, y el progresivo endeudamiento del país; por el inmenso déficit de viviendas y los problemas en la vialidad; por el encarecimiento continuo del costo de la vida que afecta especialmente a los más pobres, y los problemas de suministro de alimentos; por la inhumana situación de las cárceles y la deficiente administración de justicia, caracterizada por el retardo procesal en la mayoría de los juicios.
En vez de resolver estos problemas, las recientes leyes crean una gravísima situación política, pues con ellas se pretende imponer a los venezolanos un sistema socialista estatizante y totalitario, que amplía el círculo de la pobreza, y agudiza la dependencia del pueblo respecto de un poder centralista. Desde el punto de vista ético, consideramos que esta manera de proceder no resuelve los problemas de la gente, cercena algunos de sus derechos, e irrespeta y desconoce la voluntad popular mayoritaria expresada reiteradamente por medio del voto.
13. La Asamblea realizó además una nueva modificación al Reglamento Interior y de Debates que minimiza al Poder Legislativo como institución democrática de representación, control y legislación, pues no sólo reduce las posibilidades de intervención de los diputados, sino que obstaculiza el funcionamiento del Parlamento, institución esencial del sistema democrático.
14. Como ciudadanos, como cristianos y pastores de la Iglesia, los Obispos no podemos callar. Jesús nos enseña que el poder no debe ser ejercido como un dominio sobre los demás, como si los gobernantes fueran dueños de las naciones, sino más bien como un servicio a todos (8). Por lo tanto, para nosotros los cristianos el poder no es un fin en sí mismo. Es un servicio de los gobernantes al bien común de todos los ciudadanos. Las autoridades del Estado no pueden asumir el control total de la vida de las personas, y tampoco establecer las condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder. Es contrario a los valores cristianos, a los derechos humanos y al sentido común destruir al que piensa diferente, o condenarlo al silencio (9).
15. Nos preocupa hondamente la nueva radicalización política, pues sin duda provoca una gravísima situación de conflicto. En 1998, La Conferencia Episcopal Venezolana manifestó su rechazo a cualquier tentación totalitaria (10). Ahora nos encontramos ante la pretensión de imponer un sistema político socialista-marxista y totalitario, contrario al sistema democrático consagrado en la Constitución de 1999, y reafirmado con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional. Los Obispos consideramos que esta imposición es moralmente inaceptable, pues ofende la dignidad de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, desconoce la soberanía popular y vulnera gravemente el bien común, la institucionalidad democrática y los derechos de los venezolanos.
TRABAJAR POR LA PAZ : EXIGENCIA IRRENUNCIABLE
16. Por ese motivo hacemos un respetuoso pero apremiante llamado al Gobierno Nacional y a los dirigentes del partido de gobierno a que tomen conciencia de la peligrosa situación que están generando, y de la gravísima responsabilidad que tienen ante Dios y ante el país. Les pedimos respetar las exigencias democráticas del pueblo venezolano plasmadas en la Constitución de 1999, y rectificar su propósito de establecer la hegemonía absoluta del Estado sobre todos los espacios y aspectos de la vida de Venezuela. Esta pretensión compromete la libertad, la justicia y los derechos constitucionales del pueblo. Sería un gesto positivo para la estabilidad democrática si, en acatamiento a la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre de 2010, se devolviera a la Asamblea Nacional todas sus facultades legislativas.
17. A los otros actores políticos los convocamos a trabajar firme y democráticamente en defensa de los derechos de los ciudadanos descartando cualquier tentación de fuerza. A los líderes del Gobierno y de la oposición los llamamos a la sensatez y a la reflexión, al diálogo verdadero, y a promover el encuentro y la unidad entre todos los venezolanos. Todos debemos resolver los conflictos de manera pacífica y estamos obligados a trabajar por la paz. Por supuesto, los líderes políticos deben trabajar desinteresada y democráticamente en la promoción y defensa del bien común, y de los derechos y aspiraciones del pueblo venezolano. Igualmente, los otros actores sociales, empresariales, laborales, culturales, y comunicadores sociales, tienen una responsabilidad que han de ejercer cabalmente. Todo actor social debe escuchar a la gente, estar con ella, defender sus derechos y trabajar por el bien común.
18. A quienes se sienten agredidos y angustiados por la actual situación política les corresponde constitucionalmente participar en forma responsable y activa, de manera pacífica y democrática, pero firme y decidida, en la promoción y defensa de sus irrenunciables derechos, de la libertad, de la justicia y de la paz. Todos los ciudadanos y, de manera particular los cristianos, estamos llamados a dar nuestra contribución al bien común, exigiendo con firmeza el respeto del orden constitucional y legal, y colaborando a la resolución pacífica de los conflictos. Esta es la actitud que esperamos marque el ejercicio legislativo y contralor de la recién instalada Asamblea Nacional. Nadie debe delegar en otros su propia responsabilidad de ser constructor de la paz.
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