El juicio entablado por un grupo de ciudadanos Ecuatorianos contra la empresa petrolera ChevronTexaco en Lago Agrio, Ecuador, asistidos y financiados por grupos de abogados estadounidenses, lleva ya años en desarrollo. Lo he estado siguiendo con atención por dos años, ya que desde que comencé a informarme de sus detalles tuve sospechas serias sobre la imparcialidad y credenciales del “experto” nombrado por la Corte, así como sobre la actuación de empresas consultoras estaodunidenses a favor de la parte acusadora, así como también sobre la clara intervención del gobierno de Rafaél Correa a favor de la misma parte acusadora. He ido reseñando las etapas por las cuales el juicio ha ido atravesando en estos últimos dos años y he podido constatar como cada una de mis sospechas se iba concretando con cada nueva revelación traída a la luz por la parte defensora, la empresa ChevronTexaco.
Lo último que ha salido a la luz es demoledor en contra de los acusadores. Es un correo eectrónico dirigido el 30 de marzo de 2010 por uno de los abogados Ecuatorianos de la parte acusadora, el Dr. Julio Prieto, al abogado jefe del grupo acusador, el estadounidense Steven Donziger, con copia a otros miembros del equipo acusador Juan Paz Saenz, Luis Yanza y Pablo Fajardo Mendoza. En ese documento el abogado Prieto muestra preocupación por la orden de la Corte Federal de Denver, Colorado, en la cual se obliga a los representantes de la firma consultora STRATUS, basada en Denver, que haga públicos documentos y correspondencia que mostrarían el farude y la conspiración en la cual estaban involucrados los miembros del equipo acusador. Recuerdo haber leído un informe de STRATUS en el cual se hacían afirmaciones que parecían muy similares a las que aparecieron en el informe del “experto” de la Corte. Me llamó la atención el tono general de aquel informe de STRATUS, más hostil contra ChevronTexaco que técnico y ello me hizo desconfiar de su objetividad.
En todo caso el abogado Prieto considera que la revelación de esos documentos sería muy grave para ellos y que posiblemente significaría no solo la destrución del juicio sino la cárcel para todos ellos.
Este es el documento al cual hago referencia:
“From: Julio Prieto
To: Steven Donziger;
Subject: accion de proteccion
Date: Tuesday, March 30, 2010 2:02:53 PM
Steve,
Hoy día Pablo y Luis tuvieron la gentileza de contarnos lo que estaba pasando en Denver, y el hecho de que seguramente TODO se haga publico, incluyendo la correspondencia. Según dices debemos prepararnos para minimizar los efectos...
Aparentemente esto es normal en EEUU y no hay riesgo allá, pero el problema compañero es que los efectos son potencialmente devastadores en Ecuador (aparte de destruir el juicio, podemos ir todos tus abogados a la carcel), y no estamos dispuestos a minimizar nuestra preocupación y sentarnos a esperar lo que suceda.
Para nosotros NO es aceptable que la correspondencia, los mails, entre Stratus y Juanpa y yo, sean divulgados.
Para evitar esto hemos decidido presentar una acción de protección ante un juez de ecuador, que pediremos que escriba al juez de denver para que no revele la correspondencia porque esto afectaría nuestros derechos fundamentales. Esta es una idea que puede no funcionar, pero con el apoyo adecuado tal vez lo consigamos.
Te lo digo para que lo sepas. Te enviaremos el documento.
Saludos”
Hotmail
Hasta aqui el texto del mensaje. Aún para quienes no tenemos todos los demás elementos del asunto a la mano, este mensaje representa una grave admisión de responsabilidad y complicidad en lo que ha sucedido en el juicio. Esencialmente lo que ha sucedido es que la empresa consultora de Denver escribió parte o la totalidad del informe del “experto” que debía haber actuado de manera independiente. Cuando a esto se le suman las tácticas poco profesionales del abogado Donziger, sus violaciones ya demostradas al proceso, las reuniones con los miembros del gobierno de Correa, las actuaciones irregulares de un juez y otras irregularidades que se han venido revelando, parece indudable que este juicio no debe prosperar. Más aún, debería desencadenar acciones legales en contra de los miembros del equipo acusador, en contra del “experto”, del juez venal y de los miembros del gobierno ecuatoriano involucrados en lo que ha probado ser una inmensa conspiración.
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