martes, 29 de julio de 2014

AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE LA LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ


EL JUICIO DEL LÍDER DE LA OPOSICIÓN LEOPOLDO LÓPEZ SUSCITA PREOCUPACIÓN POR LA INDEPENDENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL EN VENEZUELA

Leopoldo López, líder del partido de la oposición venezolano Voluntad Popular, está en prisión desde el 18 de febrero de 2014. Ese día, López se entregó a la Guardia Nacional durante una manifestación contra el gobierno convocada por su partido en una plaza del este de Caracas. El 19 de febrero, compareció ante un tribunal que concluyó que no había pruebas para acusarlo de los graves delitos enumerados en la orden de detención, que incluían terrorismo, homicidio y lesiones graves, pero que había indicios de otros delitos, como incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Estos delitos conllevan una pena máxima de diez años de prisión. La juez ordenó la prisión preventiva de López hasta que se conocieran los resultados de la investigación de la fiscalía.
Cuatro meses después, el 4 de junio de 2014, la juez resolvió admitir los resultados de la investigación del Ministerio Público y que había indicios suficientes para llevarlo a juicio. Además, decidió negar la libertad bajo fianza mientras esperaba la celebración del juicio. Leopoldo López lleva ya más de cinco meses en prisión preventiva en el Centro Nacional de Procesados Militares "CENAPROMIL", una prisión militar en Los Teques, en las afueras de la capital, Caracas.
A Amnistía Internacional le preocupa que el encarcelamiento de Leopoldo López parezca estar basado en razones políticas. La orden de detención fue emitida al día siguiente de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, acusaran públicamente a López de ser responsable de la violencia desencadenada durante las protestas contra el gobierno; por su parte, el presidente Nicolás Maduro pidió su encarcelamiento al día siguiente de su detención. Estas acusaciones públicas del poder ejecutivo, sin contar con el respaldo de pruebas verosímiles, no transmiten un mensaje claro de que las autoridades respetan la imparcialidad y la independencia del sistema judicial, y hacen dudar de que se esté respetando el derecho a la presunción de inocencia de Leopoldo López, lo que es crucial para un juicio justo. Se han puesto en duda la independencia y la imparcialidad del sistema judicial —una piedra angular del Estado de derecho— y, por tanto, la imparcialidad de su juicio es cuestionable desde el principio.
En febrero y marzo de 2014, Venezuela se ha visto sacudida por protestas multitudinarias tanto a favor como en contra del gobierno en diversos puntos del país. Los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se saldaron con 43 muertos y cientos de heridos, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y viandantes. Según la Fiscalía General, a mediados de marzo se había detenido a más de 2.100 personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad pocos días después, pendientes de más investigaciones.

RECOMENDACIONES
 Amnistía Internacional insta al Ministerio Público venezolano a que demuestre más allá de toda duda razonable que la detención y el juicio de Leopoldo López no tienen motivación política y a que lo ponga en libertad sin demora salvo que se justifiquen de forma verosímil los cargos penales formulados en su contra.
 A Amnistía Internacional le preocupa seriamente el riesgo de que Venezuela entre en una espiral de
violencia si todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, no condenan las protestas violentas, usan su influencia para ponerlas fin y se comprometen a respetar los derechos humanos y el Estado de derecho.  Para]que los trágicos sucesos de febrero y marzo no se olviden ni se repitan, y para garantizar que existen condiciones para entablar un diálogo constructivo de buena fe, es esencial que el gobierno dé a los derechos humanos máxima prioridad en su programa político reforzando las instituciones y el Estado de derecho.

 Garantizar que todas las personas pueden ejercer sin discriminación su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor a ser víctimas de homicidio, agresión, malos tratos o detención arbitraria transmitirá una clara señal de que las autoridades se toman en serio el respeto a los derechos humanos de todos, con independencia de su posición y de sus opiniones políticas. 

En Venezuela los narcotraficantes son tratados como héroes y los líderes decentes están en prisión.