Nadie en su sano juicio pudiera pensar
que un proyecto gigantesco, de $50.000 millones, pudiera llevarse a cabo sin un
estudio previo de impacto ambiental, ejecutado por una empresa semi-fantasma
que nunca ha hecho nada remotamente similar, envuelto en un manto de opacidad,
con retiro de empresas que habían manejado las primeras etapas del proyectos
sin que se den razones para esos retiros y sin financiamiento visible y formal.
El vocero de la empresa china que maneja el proyecto, Ronald MacLean Abaroa,
tuvo mucho prestigio como antiguo Alcalde de La Paz, Bolivia, donde llevó a cabo
un exitoso programa anti-corrupción, en el cual la transparencia fue su mejor
aliado. Pero ahora sus comentarios sobre el proyecto carecen de esa
transparencia que tanto promovió en La Paz.
Cuando se dice que la Comisión del Canal tendrá poderes extraordinarios
que van más allá de las leyes nicaraguenses, MacLean Abaroa asume una actitud
complaciente y dice: “Los ténicos de la compañía no tendrán una
actitud “beligerante” contra la gente a ser expropiada”, a pesar de que
andarán armados. “No habrá abusos… al menos por nuestra parte”, agregó. Ver: http://nicaraguadispatch.com/2014/09/hknd-nicaragua-is-not-a-very-tranquil-country/ . En el mismo informe MacLean Abaroa
agrega: “ el proyecto se estima en unos $50.000 millones, todavía no tenemos
una cifra final. Pero eso no es importante porque no necesitamos el dinero de
inmediato”. Ahora MacLean Abaroa dice que el proyecto tendrá financiamiento del
gobierno chino, cuando hace un año había dicho exactamente lo contrario, que el
proyecto sería totalmente financiado por el sector privado.
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Lo cierto es que el proyecto incluye una telaraña
compleja de 15 o más empresas, lo cual se presta para la dilución de
responsabilidades. En ellas figuran prominentemente el multimillonario chino
Wang Jin y la familia Ortega. Según el Dr. Evan Ellis, prestigioso experto en
la relación entre China y América Latina, ver: http://www.confidencial.com.ni/articulo/20434/los-negocios-detras-del-canal, estos
personajes pueden beneficiarse de millones de dólares en comisiones, y trabajos
parciales en el “proyecto”, aunque al final todo el castillo de naipes se venga
abajo. Mucha de la tierra donde se llevará a cabo el proyecto es propiedad de
la familita Ortega.
En su detallado escrito el Dr. Ellis alega que el principal socio constructor del
proyecto, la empresa China Railway Road, carece de la experiencia hidrológica
requerida para excavar un canal de esta magnitud. Menciona, además, la falta de transparencia en el proceso.
La firma basada en Washington, McLarty Associates, se ha retirado del
proyecto sin decir las razones y la firma española Environmental Resources Management,
ERM, está comprometida en un estudio ambiental que no ha sido completado, como
debia haberse hecho, antes del inicio de
los trabajos, lo cuales se anuncian para el 22 de este mes. En su
escrito, el Dr. Ellis agrega que McKinsey, firma consultora muy prestigiosa,
estaría negociando su entrada al proyecto en calidad de supervisora de la
gerencia.
El Dr. Ellis apunta que un proyecto de esta magnitud, manejado con tan poca
transparencia, puede terminar en un gran conflicto legal.
En Nicaragua, la gente deconfía cada vez más de este negocio de la familia
Ortega y se han llevado a cabo marchas en su contra.
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