En
la OEA se estudia actualmente el Informe del Secretario general de la OEA, Sr.
Luis Almagro, sobre Venezuela. Para beneficio de los lectores resumimos aquí:
(1), el Informe Almagro, presentado ante el Consejo Permanente en sesión
especial y (2), la respuesta del régimen venezolano, en carta del embajador de Nicolás
Maduro ante la OEA, Sr. Bernardo Álvarez Herrera.
En primer lugar anexamos un resumen del
resumen que el Secretario General de la OEA presentara ante el Consejo
Permanente de la organización sobre la situación de Venezuela. Al leerlo, si
presumimos que los datos presentados por Almagro son ciertos, es imposible no darse
cuenta de que Venezuela está inmersa en una profunda crisis social, política y
económica, bajo el mando de un régimen militarizado, corrupto e ineficiente,
violador de derechos humanos y del estado de derecho.
Resumen del Informe Almagro
Conforme al
artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de
Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice "una
apreciación colectiva de la situación" en Venezuela y adopte "las
decisiones que estime conveniente". Los temas que
vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.
Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden
democrático en Venezuela. En el artículo 3 de la Carta se enumeran los
elementos esenciales de la democracia: El "respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con
sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos". En el artículo 4 se delinean los componentes
esenciales para el ejercicio de la democracia: "la transparencia
de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los
Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la
libertad de expresión y de prensa".
El Consejo
Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis
humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela. El
Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los
informes persistentes de tortura. El Consejo debería apoyar la
voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio. Lo
que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de
la política. El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha
ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad,
lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias
del país.
La inflación
ha llegado a 720%. El PIB disminuirá un 8% más en 2016. La
deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el
equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo. Venezuela
ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo. El 73% de
los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. Después
de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el
salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes. Eso es
menos de 50 centavos de dólar por día. La falla sistemática del tipo
de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su
valor desde 2013. Las empresas internacionales han cerrado sus puertas
porque nadie puede pagar. La población enfrenta una escasez de
alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.
Estos
problemas no los causan fuerzas externas. La situación que
enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y
siguen emprendiendo quienes están en el poder. Venezuela podría y
debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región. Pero
más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia.
Es mucho más
redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que
reabastecer los anaqueles de las tiendas. La escasez de
alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año. Desde 2003,
más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos
que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo. En principio,
los aumentos en los precios iban a la par de la inflación. Sin
embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha
crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus
puertas. A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha
intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de
la expropiación o nacionalización: De productores de café, De
ingenios azucareros, De productores de arroz y pasta, De Agro
Isleña, la principal compañía distribuidora de semillas, De Lácteos
Los Andes, el principal productor de lácteos, De más de 10,000 hectáreas de ranchos
ganaderos y lecheros De por lo menos 5 productores de harina de maíz,
De dos fabricantes de aceites y De la empresa Polar, la principal
cadena de supermercados de Venezuela. Esta escasez provocada por el
Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o
"negro" de productos regulados. Las comunidades más pobres
fuera de la capital son las más afectadas. El 87% de los venezolanos
declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que
necesitan. Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar
debidamente a una familia. Un cuarto de la población vive con menos de
dos comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y
las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de
crecimiento entre los niños. La falta de agua y electricidad se ha
tornado común. Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e
instituciones públicas solo abren tres días a la semana. La falta de
insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua,
ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua. El
sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni
doctores, ni medicinas. Los servicios médicos se encuentran
debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y
actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la
escasez de medicinas e insumos. Los pacientes que requieren tratamiento
deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta
frazadas. Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su
tratamiento. La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de
profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo
personal era de origen cubano. En enero de 2016, la Cámara de la
Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con
proveedores internacionales. Las farmacias solo pueden surtir 7 de
cada 100 medicamentos solicitados. El 27 de enero de 2016, la Asamblea
Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.
El 5 de abril
de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para "atender la
crisis humanitaria en salud". Con esta legislación se
permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para
responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró
inconstitucional.
La violencia
ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.
Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país. Los
transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de
saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en
centros comerciales y almacenes. Los embarques de alimentos ahora van
acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las
limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.
Los índices
de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos. Las
estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad,
indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas. La
sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas. En
2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el
registrado en Afganistán. Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en
una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. La
policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario
están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada,
incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico. La fuerza
paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia
organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias. Venezuela está en
un estado perpetuo de lucha civil.
El colapso de
una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la
corrupción endémica que plaga al Gobierno. Un estudio reciente
de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó
preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de
dólares por presunta corrupción. Dos ex integrantes del gabinete del
difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de
ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.
Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168
países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más
baja en el continente americano. Los países que están por debajo, es
decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes
ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.
El gobierno
venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes
expresan opiniones contrarias. En Venezuela, los medios de comunicación
son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición
de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar
noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno. Disposiciones
poco precisas relacionadas con la "incitación al odio", la
"intolerancia" o la "incitación a la violencia" crean un
ambiente de autocensura. Las licencias de difusión están controladas
por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende
o no se las renueva. La empresa estatal Corporación Maneiro controla
el acceso al papel periódico.
A las
personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos
sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama
"traidores de la patria". Cuando el hombre que te acusa de
ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de
inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto
abierto de intimidación… se está usando a los tribunales y a los juicios
penales en medida creciente como arma de persecución política. En
Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.
En enero de 2015, [se] autoriza
explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y
protestas pacíficas. Esto contradice directamente la propia
Constitución de Venezuela.
En 2013,
cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal
Venezolano había 11 presos políticos. Entre enero de
2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos
o encarcelamientos. Todos ellos vinculados a diversas protestas y
críticas contra el Gobierno de Venezuela. Actualmente hay 1986
personas a quienes se les aplican medidas restrictivas. Otras 94 están
en la cárcel.
Después de
los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de
sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del
Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas. Como
resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha
adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la
Asamblea Nacional. Estas resoluciones han incluido una serie de
decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la
mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple. Invalidando
la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que
declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que
concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la
autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos
funcionarios y el presupuesto. El Tribunal Supremo ha determinado,
además: Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo
cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno. Eliminar
la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del
Tribunal Supremo. Impedir que cualquier enmienda constitucional sea
aplicable al actual Presidente. Declarar inconstitucionales y por ende
inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo,
enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad. Bloquear la liberación de presos
políticos detenidos por el Gobierno . Prohibir las protestas no autorizadas en
los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia
Nacional y la Policía Nacional repriman "las protestas violentas".
Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio
para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está
extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo. Entre el
5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las
decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo. Estos
ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.
Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser
destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal
Supremo así lo decide. La provisionalidad y la temporalidad de jueces
y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de
imparcialidad.
En 1999, el
entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en
la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la "democracia
participativa y protagonista". Este proceso está previsto en la
Constitución. En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de
elección popular son revocables. El artículo 72 señala que se puede
convocar a un referendo revocatorio "transcurrida la mitad del período
para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria". Si el
referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros
cuatro años, entonces "se procederá a una nueva elección universal y
directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes".
Seguir un
procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado; Por el
contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un
abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático. El
Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la
celebración del referendo revocatorio. Se han expresado numerosas
quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre
ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir
el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de
firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización,
verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir
públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo. Tras
varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.
Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están
vinculados con el partido en el poder, el PSUV.
Así pues, hoy
les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las
recomendaciones que les he planteado:
Que se lleve a cabo
antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución. Que se
libere de inmediato a todos los presos políticos. Que los poderes
ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias
y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis
humanitaria. Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para
recuperar la estabilidad y la seguridad en el país. Que el poder
ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional
elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que
han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Que se nombre a un nuevo
Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado
conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno. Que
se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por
expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera
en Venezuela.
Carta del Sr. Bernardo Álvarez Herrera al
Sr. Luis Almagro
De una lectura comparada de ambos documentos se puede notar que el Informe
Almagro contiene datos estadísticos sobre el país y sobre los diferentes
aspectos de su crisis, mientras que la carta de Álvarez Herrera es de
naturaleza genérica. El embajador rechaza las opiniones, acusa al Secretario
general de “tratar de engañar a la opinión pública”, de actuar “de manera ilegítima y fraudulenta”,
y de “ actuar al margen del Estado de Derecho regional”. Es una carta muy dura
pero sin documentación alguna que le permita rebatir el Informe de Almagro. Al
no poder hacerlo, con documentación de igual peso a la presentada por Almagro, Álvarez
Herrera se limita a insultar y hasta a admitir que lo presentado por Almagro es
un buen retrato de la situación venezolana.
3 comentarios:
lamentablemente no puede leer la carta de el representante del chavismo. Pero imagino que debe ser de la cala~a que usted describe.
Gracias
Haga click sobre la carta, se abre una ventana donde aparece esta. Puede salvarla como imagen o copiarla en otro software como word o power point, y la podrá ampliar y leer con todo detalle, aunque no merece la pena, es mas de lo mismo: insultos y ningún argumento de base, ni documentado! Concuerdo totalmente con lo expresado por el Sr. Coronel.
Al gordo imbecil ese de Bernardo lo conoci cuando era copeyano.
Jamas crei posible tanto arrastramiento, que miserable.
Solo es superado por el tanque viviente de apellido Escarra.
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