TRAIDORES A LA CONSTITUCIÓN
El terror
y oprobio que han experimentado los venezolanos durante este siglo nunca
hubieran existido si la Fuerza Armada hubiese actuado dignamente, desempeñando su
papel de guardián de nuestra constitución, democracia y libertad. La institución
eligió apoyar la tiranía, algo que sucedió desde el inicio de la llegada de
Hugo Chávez al poder. La denuncia fue hecha con claridad y firmeza por Jorge
Olavarría en el Congreso de Venezuela, ante embajadores y gobierno venezolano
en pleno, el 5 de agosto de 1999:
https://www.youtube.com/watch?v=UsJR8fmauKU.
En ese
discurso Olavarría mencionó el bochorno
que ya imperaba en Venezuela por culpa
de Hugo Chávez, quien pretendía estar por
encima de la ley, como lo demostró en su grotesca y pomposa carta en la cual
decía reservarse con exclusividad el
manejo del estado: “Inmerso
en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta
(Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de
Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del
Estado”.
Olavarría advirtió en ese momento que
Venezuela necesitaba actuar en contra de lo que llamó la pretensión
autocrática, la insensatez demencial de Hugo Chávez. Al decir esto, los
militares allí presentes se ausentaron del recinto en solidaridad con el
aspirante a dictador, mientras el presidente del congreso, un hombrecillo de apellido Dávila, llamaba a Olavarría “al
orden” en defensa del autócrata.
Desde el
mismo momento en el cual Hugo Chávez violó su juramento de defensa de la
constitución, durante su inauguración presidencial, la Fuerza Armada ha sido el
apoyo principal de lo que fue una autocracia, primero y una vulgar dictadura
después. Y ese apoyo ha sido notorio, en cínica y descarada demostración
pública, en voz de los diferentes ministros de la defensa, miembros de un coro incremental de apoyo a la
dictadura.
Hugo Chávez y sus ideólogos a lo Ceresole, a lo Izarra, a
lo Pérez Arcay, se dedicaron a prostituir la fuerza armada venezolana, mientras
sus adiposos generales guardaban un estruendoso silencio. El pago a ese
silencio no se hizo esperar: los servicios de inteligencia fueron puestos en
manos de militares quienes “procedieron a
irrespetar las actuaciones de tribunales judiciales, del Ministerio Público y los
más mínimos protocolos de actuación en la defensa de los derechos humanos”. Desde ese momento
hasta hoy existen en Venezuela centenares de presos políticos civiles,
procesados de manera inconstitucional por vías de la jurisdicción penal
militar, muchos de ellos sujetos a torturas y algunos asesinados en prisión.
Durante
el mando de Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro se le fue entregando a
la Fuerza Armada el control de sectores políticos y económicos fundamentales, cesión cuya dimensión los coloca en la categoría de íntimos
cómplices del régimen.
Como
lo detalla el estudio, ver: https://nuso.org/articulo/los-militares-en-la-politica-y-la-economia-de-venezuela/, se les otorgó a militares, activos en su
mayoría, el control del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de
aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las
aduanas. A partir de 2013, se estructuraron cuatro empresas militares: el Banco
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un canal de televisión, una
empresa de carga por aire, mar y tierra y una empresa agrícola. En 2016, ante
la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se
expandió a áreas estratégicas, como la distribución, con fines de proselitismo
político, de la alimentación. El 10 de febrero de 2016 se estableció la
Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas, Camimpeg,
cuya actuación ha sido de vulgar intermediaria para recibir una tajada de los
contratos firmados con empresas de servicios petroleros.
En 2017 los oficiales militares ya estaban
al frente de al menos 60 empresas estatales, incluida PDVSA, cuyo presidente
era el General Manuel Quevedo de la Guardia Nacional, un ignorante en materia
petrolera, especializado en promesas incumplibles, quien acentuó la destrucción
que habían comenzado desde 2002-2003 Ali Rodríguez, Rafael Ramírez Carreño y Eulogio del Pino.
En el estudio El enigma militar de Venezuela | Crisis Group se
documenta como “el gobierno (chavista) ha
asignado el control exclusivo de ciertos sectores sensibles de la economía a
comandantes militares. Los oficiales militares manejan “zonas económicas
especiales militares” que no están sujetas al escrutinio público. Desde 2016,
el Ministerio de Defensa ha supervisado la Gran Misión Abastecimiento Soberano,
un programa gubernamental para la producción y distribución de alimentos,
medicamentos y otros productos básicos por todo el país. Los militares también
participan activamente en la industria minera desde 2016. En ese año, el
gobierno de Maduro estableció el Arco Minero del Orinoco en el sur de
Venezuela, lo que generó una fiebre del oro y un auge en la extracción de otros
minerales (por ejemplo diamantes y coltán) que han traído olas de violencia y
daños ambientales a la región. El Arco ha sido declarado una “zona económica
militar”. Hoy la zona es un caos en
el cual los garimpeiros brasileños, los guerrilleros colombianos y la misma
fuerza armada venezolana contribuyen al crimen contra la población y al
desastre ambiental
Un General del ejército venezolana ha
llegado a ganar, bajo Maduro, el equivalente de unos $10 mensuales. Esta
absurda remuneración ha representado un incentivo poderoso para que muchos de esos
oficiales buscasen fuentes adicionales y poco ortodoxas de ingresos. Hace unos
días dos oficiales de alto rango del ejército venezolano (Coroneles) fueron
detenidos en Brasil, con un contrabando de mercurio. Otros oficiales se han
convertido en contrabandistas de gasolina y de minerales extraídos ilegalmente,
o, peor aún, en narcotraficantes. Los militares de rango inferior se convierten
con frecuencia en cobradores de peajes y asaltantes de camino de los indefensos
comerciantes quienes transitan por las carreteras del país.
Frente a esta situación de colapso ético
de la institución es preciso establecer responsabilidades ejemplares, las cuales
no deben ser minimizadas ni negociadas. Responsables de primera línea como
Vladimir Padrino López, los ministros anteriores de defensa, jefes de fuerzas,
ideólogos militares del régimen, miembros de los carteles de la droga y del
contrabando, presidentes de empresas quebradas, como ha sido el caso de los
sectores de la energía y de la alimentación, deberán ser enjuiciados y objeto
de una correcta aplicación de la justicia.
Como yunta de bueyes, el
socialismo del siglo XXI y la Fuerza Armada venezolana están unidos de manera
imposible de separar. Lo uno nunca hubiera sucedido sin lo otro. Ambos grupos
de venezolanos pasarán a la historia del país como los mayores agentes de
destrucción física y moral de nuestra historia.
Si yo tuviera una varita
mágica para curar los males de Venezuela lo primero que haría sería desaparecer
la Fuerza Armada. En la Venezuela real ello no parece ser políticamente posible,
al menos en el mediano plazo. Sin embargo, mientras tengamos una Fuerza Armada
de naturaleza pretoriana, integrada por un grupo sustancial de cómplices con
las dictaduras, Venezuela permanecerá en las escalas inferiores del desarrollo.
Es una decisión que deberá
ser tomada más pronto que tarde si deseamos salir del pantano moral en el cual
tenemos 22 años chapoteando.
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