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sábado, 15 de octubre de 2011

Chávez -vs - el General Italo del Valle Alliegro: la barbarie contra la dignidad

Chávez, 2011, consumido por el rencor






Presidente CAP y su Ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, 1989.


En febrero de este año publicamos en nuestro blog un artículo llamado “El caso de Italo del Valle Alliegro: la justicia como instrumento de venganza” (http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/02/el-caso-de-italo-del-valle-alliegro-la.html  ). Allí decíamos que, mientras el régimen condecoraba a los autores del golpe gorilesco que lideró Hugo Chávez en Febrero de 1992, golpe colapsado por la mediocridad y cobardía exhibidas por su líder, se adelantaba un juicio contra el general Italo del Valle Alliegro por los sucesos del “caracazo”, ya legalmente prescritos. En efecto, según lo dice el ex-ministro de Chávez , Luis Alfonso Dávila en artículo escrito el 14-10-2011, (“El Hombre de Atrás”, http://www.analitica.com/va/politica/opinion/5060774.asp  ), “La actuación del general Alliegro, durante el “Caracazo”, se ajusta a la ley. Prescribió, de 1989 a 2011, han transcurrido 22 años. Tribunales del país así lo reconocieron. Tenemos los ojos puestos en ese juicio. Deben tenerlo todos los venezolanos, militares o no. Juicio que será espejo del pasado y del presente”.
Igual opinión absolutoria y elogiosa de la conducta del General Alliegro durante esos eventos la expresó en su momento quien fuera la mano derecha de Chávez por largos años, José Vicente Rangel, quien dijo el 20 de marzo de 2000 que “la actuación de las Fuerzas Armadas durante el “caracazo” había sido muy positiva….. La conducta de Alliegro fue decisiva….rescató la credibilidad de las fuerzas armadas” .
Al dictaminar la responsabilidad del estado venezolano en los hechos del “caracazo” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, CIDH, dejó en claro que los eventos de esa fecha no fueron el producto deliberado de ilícitos sino atribuibles a la falta de preparación del estado venezolano para enfrentar estas situaciones de emergencia de manera apropiada.
Más aún, en información publicada en “El Nacional” el 11 de Noviembre de 2000, por Edgar López, la Señora Liliana Ortega, Directora Ejecutiva del Comité de Víctimas de los Sucesos del 27-02-1989, declaró que el Representante de Venezuela ante la OEA, Raúl Arrieta, había solicitado que se consideraran los hechos ocurridos durante el “caracazo” como producto de un estado de emergencia; que alegaba que la mayoría de los fallecidos eran delincuentes, saqueadores y francotiradores; que el estado venezolano había actuado a derecho y que las denuncias de desapariciones, asesinatos y lesiones eran especulaciones de los peticionarios. Agregaba Arrieta en su argumentación que no existían pruebas de que las muertes fueran ocasionadas por la acción punitiva de los agentes del estado.
En declaraciones de esa misma época Raúl Arrieta dijo que el Vicepresidente Rangel, el mismo que elogió al General Alliegro inmediatamente después del “caracazo”, lo había instruído para que resolviera este asunto sin mayores problemas.

Pero el régimen de Chávez dió un vuelco de 180 grados en 2009 y 2010.
Sin embargo, en Julio de 2010 el TSJ, controlado politicamente por Hugo Chávez, en un inexplicable vuelco de 180 grados, anuló la sentencia de prescripción de la causa que había sido decidida previamente por la Sala 9 de la Corte de Apelaciones, para permitir el enjuiciamiento del General Alliegro. Esta decisión complementó el pedido de prisión para el ex-presidente Carlos Andrés Pérez hecho por el régimen de Chávez en 2009. Es evidente que ambas decisiones tenían una motivación política. Carlos Andrés Pérez era odiado por Chávez. En Febrero de 1992 Chávez había tratado de asesinar a CAP y a miembros de su familia. CAP lo derrotó y lo metió en prisión. Al pedir su extradición e imponer un juicio contra el Ministro de la Defensa de su gobierno, Chávez trataba de vengarse de su odiado enemigo.
Un vuelco tan significativo en la posición del estado venezolano sobre el “caracazo” no puede tener otra explicación que el deseo de venganza de Chávez contra CAP, quien aún después de fallecido lo sigue derrotando en el sentimiento popular, como se pudo comprobar en ocasión de la repatriación de sus restos.

Chávez descarga su rencor contra el general Alliegro.
Muerto CAP Chávez piensa ensañarse con el general Alliegro. Por ello ha ordenado su enjuiciamiento. El general Alliegro ha podido irse del país y nadie que conozca la farsa que es el sistema judicial venezolano se lo hubiera reprochado. Un sistema judicial donde Luisa Estella Morales preside el Tribunal Supremo de Justicia, donde Luisa Ortega Diaz es Fiscal General de la República y Carlos Escarrá es Procurador General de la República tiene que ser de la peor calaña, no puede merecer credibilidad alguna. La decisión de Alliegro de permanecer en su país y enfrentar a sus acusadores es digna de admiración.

La tesis del estado es insostenible.
La tesis que pretenderá imponer Hugo Chávez es que hubo una intención premeditada de actuar de manera desproporcionada y agresiva contra el pueblo. Olvida el régimen que el presidente electo, CAP, tenía unos tres escasos meses en el poder y que el General Alliegro no fué un Ministro seleccionado por CAP sino el Ministro de la anterior presidencia, ratificado por CAP y con apenas ocho meses en el ministerio. Allí no podía haber existido una intención premeditada. El instrumento utilizado fue un Plan que existía desde la década de 1960, el Plan Avila, por cierto, intentado por Chávez en Abril 2002, después que sus francotiradores asesinaran a venezolanos inocentes.
En los días del “caracazo” el Plan Avila fue aprobado en Consejo de Ministros y se le dió la orden al Ministro de la Defensa para que procediera a su implantación. Esta orden se cumplió y la ejecución del Plan, como bien lo saben los militares de verdad, fue llevada a cabo de manera descentralizada, con cada comandante de fuerza seleccionando a su personal. De allí que no sea posible responsabilizar al General Alliegro de manera genérica, sino llevar a cabo la investigación recomendada por la CIDH, la cual no se hizo.

Este será , realmente, un juicio contra Chávez.
Este no es un juicio de Venezuela contra el general Alliegro. Este es un juicio personal de Chávez basado en el rencor contra quienes lo derrotaron en su aventura golpista. Así lo ve el país. Por ello, el juicio a Alliegro se convertirá en un juicio a Chávez. Allí sabremos de las conexiones del extremismo venezolano con los Cubanos, de la conspiración traidora de Chávez con Castro.

Alliegro saldrá fortalecido de esta prueba.
La figura de Alliegro saldrá tan fortalecida de esta prueba como lo fue después del “caracazo”, cuando el país lo consideró un ministro digno y respetuoso de las leyes. El General Alliegro recibe actualmente numerosos mensajes de adhesión. Con Alliegro, en contra del odio y la barbarie, estamos los millones de venezolanos quenes amamos la justicia y la libertad.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Tenemos que estar pendientes y no dejar solo a Italo del Valle Alliegro. Hay que convertirlo en un juicio al traidor chávez...

Demosthenes dijo...

El llamado "Caracazo" fue mayoritariamente vandalismo y saqueo.Si no se le hubiera puesto un "parao", resistido por CAP, pero correctamente insistido por IVA, se habria consumido a Caracas. Algo similar paso con el Deslave de Vargas, cuando las fuerzas de seguridad simplemente arrojaron los cuerpos al mar.

Anónimo dijo...

Si los cubanos que nos gobiernan, vía la "Sala Situacional", son perspicaces, aoonsejarán al desalmado de Sabaneta hacerse el sueco con el juicio porque, estoy de acuerdo, se va a convertir en un juicio contra su promotor