Del Nuevo Herald de hoy
CASTO OCANDO-
Los dueños de una firma de Miami denunciaron que el gobierno venezolano les canceló un contrato multimillonario, después de que se negaron a pagar un alegado soborno de $2 millones, según documentos de una demanda radicada en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami.
La demanda presentada por Tomás González y Pablo Cárdenas, propietarios de la firma exportadora de alimentos Dexton Validsa, Inc., alega que las empresas estatales venezolanas Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc. (PSI), cancelaron cinco contratos para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada por un valor de unos $195 millones.
Los envíos estaban destinados al programa alimenticio del gobierno venezolano.
González y Cárdenas, ambos venezolanos radicados en el sur de la Florida, mencionan en la demanda iniciada en junio del 2008 que Juan Carlos Chourio, un presunto enviado de Bariven, les pidió $2 millones como garantía de que los contratos no serían cancelados. La demanda pudiera costar más de $100 millones a Caracas.
El alegado soborno fue reiterado, indican los documentos de la demanda, en varios encuentros en Miami. El último encuentro fue celebrado el 27 de marzo del 2008 en el restaurante Houston, de Coral Gables. Ese mismo día, Dexton Validsa recibió un correo electrónico desde la sede de Bariven, indicándoles que "no había cumplido completamente con los envíos bajo el contrato firmado en el 2007''.
Bariven, con sede en Caracas, controla las compras internacionales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); PSI es el brazo de adquisiciones de Bariven en Estados Unidos, y radica en Houston, Texas.
Según los demandantes, Chourio dijo que era un enviado de George Kabboul, presidente de Bariven, S.A. y de PSI. También afirman que se presentó a sí mismo como un "cercano confidente'' de Luis Hernández, jefe de las operaciones de Bariven en Brasil.
De acuerdo con los demandantes, Chourio aseguró que tanto Hernández como Kabboul "lo habían enviado para que exigiera el pago de la comisión''.
La última mención que se hizo sobre el tema del soborno se produjo a principios de abril del 2008 en el hotel Gran Meliá de Sao Paulo, indica la demanda. González y Cárdenas habían ido a Brasil a reunirse con los directivos de la firma Quatro Marcos, su mayor proveedor de alimentos.
Allí Chourio insistió en el tema diciendo que los contratos de suministro de alimentos "iban a ser cancelados'' por la negativa a pagar el soborno, agregaron los demandantes. La suspensión de los contratos llegó finalmente el 8 de abril del 2008.
El Nuevo Herald no pudo obtener reacciones a la demanda por parte de Bariven, S.A., ni de PSI, luego de varias llamadas telefónicas. Brian Mark Silverio, de la firma Silverio & Hall, en Miami, que representa a las empresas demandadas, declinó comentar a El Nuevo Herald. Neal Austin y Anthony Mirenda, abogados del bufete Foley Hoag, de Boston, Massachusetts, que representan a Bariven y a PSI, no respondieron llamadas.
Tampoco se pudo contactar a Chourio.
Adolfo Jiménez, de la firma Holland & Knight, de Miami, que representa a Dexton Validsa, indicó que los contratos fueron cancelados injustificadamente.
"Dexton Validsa se negó a pagar el soborno ilegal, y esa es la única razón por la que estamos en este pleito legal'', declaró Jiménez.
Añadió que la cancelación injustificada de los contratos se debió a "la responsabilidad absoluta del mal oficio de George Kabboul'', a quien acusó de haber manejado a Bariven y PSI "de acuerdo a su afán y capricho, y contra los propios intereses de estas empresas estatales en servir al pueblo venezolano''.
http://www.elnuevoherald.com/167/story/464824.html?storylink=omni_popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario